Martes 21 de septiembre de 2021.- Este lunes, la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos lanzó la invitación para participar en el Diálogo de las Américas sobre Libertad de Expresión en Internet. Este diálogo tendrá como base tres ejes temáticos:

• Deterioro del debate público
• Moderación de contenidos en internet
• Alfabetización digital orientada al desarrollo de habilidades cívicas

Durante las próximas 8 semanas, desde este lunes 20 septiembre de 2021, la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH desarrollará diversas actividades y consultas de carácter abierto y en línea. Lea más sobre las fases del diálogo aquí.

Durante las distintas fases del Diálogo, la RELE abordará cada uno de los ejes temáticos a partir de dos enfoques del ejercicio del derecho de libertad de expresión por usuarios de internet: el primero, a la luz de aquellos usuarios que acceden a información y el segundo, desde aquellos que producen contenido; ambos enfoques requieren un abordaje particular en cada uno de los ejes temáticos de acuerdo a sus necesidades.

Esta nota más los videos resumen lo que se entiende por el deterioro del debate público, moderación de contenidos en internet y alfabetización digital.

Deterioro del debate público

Cuando la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos habla de deterioro del debate público se refiere al surgimiento de todo tipo de injerencia intencional que dificulta o impide a las y los ciudadanos ejercer su derecho a recibir información de diversas fuentes y, por tanto, obstaculiza la participación en las decisiones democráticas, como procesos electorales, o formulación de políticas públicas y leyes. (“Guía para garantizar la Libertad de Expresión frente a la desinformación deliberada en contextos electorales”, Relatoría Especial para la Libertad de Expresión, 2019.)

“Es importante -dice la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos- considerar que la libertad de expresión no prohíbe, sino que ofrece cierto margen de amparo frente al discurso que pueda calificarse como erróneo y equivocado, independientemente de las responsabilidades ulteriores que puedan aplicarse. Es una obligación del Estado mantenerse neutral y promover iniciativas que hagan de internet un espacio saludable para el ejercicio democrático, sin que ello se entienda como un permiso para modular el debate público”.

Categorías y subcategorías

Para analizar los principales elementos que influyen en las condiciones del debate público, la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos propone hacer un desglose partiendo desde los dos enfoques principales de usuarios de internet: quienes acceden y son destinatarios de información (“destinatarios”) y quienes crean contenido (“creadores”). Esta distinción se hace a sabiendas y atentos a que por la naturaleza misma de internet las personas alternan entre roles de creadores y destinatarios en sus múltiples y distintos usos de la tecnología.

Dentro de cada enfoque se encuentran categorías que facilitan la comprensión de los elementos que influyen en el debate público y que pueden comprender:

• Acceder: cuáles son las condiciones para (a) acceder a la información necesaria para formar opiniones propias o (b) contar con los insumos necesarios para participar del debate público. Esta categoría incluye la facilidad de acceso a nivel técnico, las intervenciones indebidas que pretenden manipular el tipo de información a la que se accede, y la calidad y confiabilidad de la información.
• Proteger: discursos particularmente protegidos por el derecho a la libertad de expresión, así como elementos complementarios que fomentan el debate público, incluyendo la protección a la integridad física y digital de quienes participan.

Desafíos

La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos explica que cada uno de los tres ejes temáticos del Diálogo de las Américas presenta desafíos en particular para su abordaje. Esto no significa que son las únicas problemáticas vinculadas con el uso de internet y otras tecnologías, sino que son temas que deben analizarse para la construcción de propuestas de acción integrales y sostenibles en el tiempo. 

Esta división es artificial y podrá cambiar durante el Diálogo de las Américas, pero su intento es cubrir los desafíos ya documentados por la CIDH/RELE.

Con relación al deterioro del debate público, estos desafíos se dividen en tres grandes categorías: políticos/legales, técnicos y sociales.

• Desafíos de naturaleza política/legal comprende aquellos relacionados a una acción del Estado y organizaciones en posición de poder para influir sobre reformas legislativas para el favorecimiento del debate público, acceso a la información pública y protección de datos personales; incluye también voluntad política para el respeto y no criminalización de la libertad de expresión y el establecimiento de alianzas para la ejecución de decisiones políticas. 
• Desafíos de naturaleza técnica incluye aquellas necesidades de refuerzo a las medidas de seguridad y a la protección de la información y el ejercicio de la libertad de expresión en entornos digitales. Sobre estos retos tienen influencia tanto los Estados, las instituciones públicas o privadas que toman decisiones sobre políticas y herramientas internas para la difusión, procesamiento, el análisis de discursos y los algoritmos para fomentar la diversidad de voces en el espacio cívico. 
• Desafíos de naturaleza social comprende los vectores que pueden acelerar el deterioro del debate público. Líderes políticos, partidos políticos, influenciadores de opiniones o conductas en redes sociales, medios de comunicación y ética pública de las voces de referencia. Sobre otros ejemplos de este tipo de desafíos se profundizará durante el diálogo.

Moderación de contenidos en internet

«Es imposible tener una experiencia de internet sin que existan ciertos parámetros que ayuden a organizar la información y los contenidos que allí se depositan; sin embargo, la forma en la que está programada esa organización, los incentivos que existen y la aceleración de algunos contenidos pueden dar lugar a propósitos que vayan en contra de los derechos humanos. Ciertamente hay un desafío enorme en cómo compatibilizar las normas, las prácticas de moderación de contenidos con estándares internacionales de derechos humanos y de institucionalidad democrática».

Pedro Vaca, Relator Especial para la Libertad de Expresión

Alfabetización digital

«Una de las grandes paradojas de nuestro tiempo es cómo hemos avanzado sustancialmente en el número de usuarios que comparten y consumen contenidos en internet, sin que necesariamente hayamos reflexionado, como sociedades democráticas, en cuáles son las habilidades y destrezas que debiéramos forjar en toda nuestra ciudadanía para que la participación plural sea un valor que exhibimos en línea».

Pedro Vaca, Relator Especial para la Libertad de Expresión

Información que también te puede interesar

Relatoría Especial para la Libertad de Expresión, Comisión Interamericana de Derechos Humanos. 2013. “Libertad de Expresión e Internet.” https://www.oas.org/es/cidh/expresion/docs/informes/2014_04_08_Internet_WEB.pdf

Relatoría Especial para la Libertad de Expresión, Comisión Interamericana de Derechos Humanos. 2017. “Declaración Conjunta Sobre Libertad De Expresión Y «Noticias Falsas» («Fake News»), Desinformación Y Propaganda.” https://www.oas.org/es/cidh/expresion/showarticle.asp?artID=1056&lID=2.

Relatoría Especial para la Libertad de Expresión, Comisión Interamericana de Derechos Humanos. 2017. “Estándares para una internet libre, abierta e incluyente.” https://www.oas.org/es/cidh/expresion/docs/publicaciones/INTERNET_2016_ESP.pdf

Relatoría Especial para la Libertad de Expresión, Comisión Interamericana de Derechos Humanos. 2019. “Guía para garantizar la Libertad de Expresión frente a la desinformación deliberada en contextos electorales.” https://www.oas.org/es/cidh/expresion/publicaciones/Guia_Desinformacion_VF.pdf.Descargar Nota Conceptual

Datos de contacto:
Relatoría Especial para la Libertad de Expresión
Tel. (+1) 202 370 0816
cidhexpresion@oas.org

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Martes 31 de agosto de 021.– Ginebra / Washington, D.C.- En el marco del Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el Comité de Naciones Unidas contra las Desapariciones Forzadas (CED) y el Grupo de Trabajo sobre las desapariciones forzadas o involuntarias (GTDFI) llaman a los Estados de la región a adoptar las medidas necesarias para la construcción e implementación de una política integral en materia de desaparición forzada que incluya la búsqueda de las personas desaparecidas y la investigación de su desaparición dentro de sus prioridades. Asimismo, urgen a los Estados a asegurar la coordinación y cooperación de todas las instituciones y entidades estatales cuya participación sea necesaria para garantizar una búsqueda e investigación efectivas, prontas y exhaustivas. 

En los últimos meses, la CIDH, el CED y el GTDFI han notado avances y buenas prácticas por parte de diferentes Estados de la región en el diseño de estrategias integrales de búsqueda e investigación. En específico, reconocen la adopción de los Planes Nacionales de Búsqueda de Personas Desaparecidas en Perú, en 2021; y en Colombia, en 2020 y 2021, como herramientas programáticas de la política pública de búsqueda y cuyo contenido fue producto de un proceso participativo en el que intervinieron diferentes actores tales como víctimas, organizaciones de la sociedad civil, autoridades estatales y organizaciones internacionales. Asimismo, destacan la adopción en México del Protocolo Homologado de Búsqueda, en 2020; y el Protocolo Adicional para la Búsqueda de Niñas, Niños y Adolescentes, en 2021; como instrumentos normativos que establecen mecanismos, procedimientos y métodos diferenciados para la búsqueda y localización de personas desaparecidas y de la infancia desaparecida, respectivamente; así como la construcción participativa del Mecanismo Extraordinario de Identificación Forense como parte de la política en materia de identificación humana y la creación de centros descentralizados para la identificación forense como el Centro Regional de Identificación Humana de Coahuila. 

A pesar de lo anterior, persisten retos en materia de coordinación interinstitucional que podrían comprometer la búsqueda y localización efectiva de las personas desaparecidas, así como la investigación de su desaparición. Por ello, llaman a los Estados de la región a eliminar todos los obstáculos jurídicos y fácticos que impidan dicha coordinación interinstitucional, así como asegurar una estrategia clara y coordinada de búsqueda e investigación en la que todos los órganos estatales presten la asistencia necesaria en el marco de sus atribuciones. En particular, reiteran la obligación de asegurar que la búsqueda e investigación penal se interrelacionen y refuercen mutuamente, y recuerdan la importancia de establecer mecanismos y procedimientos de articulación, coordinación e intercambio sistemático de información entre las instituciones o unidades encargadas de la búsqueda e investigación penal, especialmente en los casos aquellos en los que exista una separación orgánica de las atribuciones.

La CIDH, el CED y el GTDFI coinciden en que las obligaciones de búsqueda e investigación deben materializarse a través de un conjunto articulado de medidas legislativas, administrativas, judiciales y de cualquier otra índole que tengan por objeto prevenir y poner fin a la desaparición forzada. Por tales motivos, subrayan la importancia de adoptar una política pública integral en materia de desaparición forzada que permita el esclarecimiento de los casos ocurridos en el pasado y recientemente, asegurando la búsqueda de las personas desaparecidas, la identificación y sanción de los perpetradores, la prevención de estos actos, así como la adopción de medidas de protección para las víctimas, sus allegados, quienes les acompañan y quienes participan en la búsqueda e investigación y otras medidas de no repetición. En particular, destacan que la política en materia de búsqueda de personas debe construirse sobre la base de las obligaciones estatales de buscar, localizar, liberar, identificar, respetar y restituir el cuerpo o los restos, según corresponda, de toda persona sometida a desaparición, con enfoque diferencial. 

Aunado a lo anterior, la CIDH, el CED y el GTDFI llaman a los Estados a asegurar que la construcción e implementación de las políticas públicas en materia de búsqueda e investigación sean resultado de un proceso abierto, deliberativo y ampliamente participativo en el que intervengan víctimas, organizaciones de la sociedad civil y cualquier otra persona con experiencia y voluntad de cooperar. Sobre este tema, recuerdan que los estándares internacionales e interamericanos han señalado la importancia de los principios de participación social y de acceso a la información como garantía de transparencia y rendición de cuentas en la construcción de políticas públicas con enfoque de derechos humanos. 

Finalmente, la CIDH, el CED y el GTDFI instan a los Estados de la región americana que aún no lo hicieron a ratificar la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, así como la Convención Internacional para la Protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, como expresión oficial de su compromiso para prevenir y erradicar esta aberrante práctica. También hacen un llamado a la aplicación de los Principios Rectores para la Búsqueda de Personas Desaparecidas del Comité de Naciones Unidas contra la Desaparición Forzada y de las recomendaciones del Grupo de Trabajo sobre las normas y políticas públicas para la investigación eficaz de las desapariciones forzadas.

La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Comisión Interamericana tiene el mandato de promover la observancia y la defensa de los derechos humanos en la región y actúa como órgano consultivo de la OEA en la materia. La CIDH está integrada por siete miembros independientes que son elegidos por la Asamblea General de la OEA a título personal, y no representan sus países de origen o residencia.

El CED es el órgano de expertos independientes que supervisa la aplicación de la Convención Internacional para la Protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas por sus Estados partes. La Convención se concibió para proteger a todas las personas de desaparición forzada, prevenir la reiteración de este delito y proporcionar apoyo a las víctimas y orientación a los Estados en lo concerniente a las medidas que deben adoptar para promover los derechos garantizados en la Convención y fomentar la colaboración y la asistencia entre los Estados.

El mandato del GTDFI es ayudar a las y los familiares de las personas desaparecidas a averiguar la suerte y el paradero de dichas personas. El Grupo de Trabajo actúa esencialmente como canal de comunicación entre las familias de las personas desaparecidas y los gobiernos, con miras a resolver casos de desaparición. Con la adopción en 1992 de la Declaración sobre la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas por la Asamblea General, el Grupo de Trabajo ha sido encomendado para monitorear el progreso de los Estados para cumplir con sus obligaciones derivadas de la Declaración, y proporcionar asistencia para promover su implementación.

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