Por Guardiana (Bolivia)
Miércoles 27 de noviembre de 2019.- El viernes 8 de noviembre explotó el malestar en las filas policiales de Cochabamba. Los uniformados se amotinaron y entre sus varias razones hablaron más de una vez del cansancio que les dejó todo el manoseo del que fueron objeto.
Una vez que los policías de Cochabamba se amotinaron con apoyo de la población, sobre todo de los jóvenes, una a una las unidades de los diferentes departamentos de país se fueron sumando. En Santa Cruz, la gente se puso de rodillas frente al Comando hasta que este le dijo sí.
Luego los jóvenes los protegieron desde ese día. Ellos y sus padres prepararon ollas comunes, abrigo y refrescos para que nada les faltara. Aún más, hicieron vigilia fuera de las unidades durante días para que nadie los molestara, a pesar, incluso, del vandalismo que empezó después de que Evo Morales renunciara verbalmente a la Presidencia el domingo 10 de noviembre.
Mucho se habló sobre la actitud y decisión de los policías de amotinarse, la que fue llamada "valiente" por la población que estuvo desde el 23 de octubre bloqueando pacíficamente las calles de las ciudades. Y es que esa decisión tiene una historia de la que ahora Guardiana intenta rescatar algunos hitos últimos.
Las dos últimas chispas del manoseo
Desde aquel 20 de octubre de este año en que se realizaron las elecciones generales y Evo Morales fue acusado de haber montado un fraude, Cochabamba vivió dos días de extrema violencia: uno fue el 29 de octubre y el otro el 5 de noviembre. En ambos, la actuación de la Policía y la Fiscalía no solo ha sido criticada, sino que ha presentado una vulneración de las leyes por falta de cumplimiento de sus deberes.
Primera actuación cuestionable de la Policía
El martes 29 de octubre, el ingreso de cientos de personas afines al MAS desde la carretera que une Cochabamba con Sacaba dio lugar a fuertes enfrentamientos. Guardiana y otros medios como Red uno denunciaron, en su momento, que la Policía no los había evitado a tiempo. Actuó tarde. Luego se publicó que esto se debió a que su comandante departamental, coronel Raúl Grandy había dado la orden de no intervenir ni siquiera con gases para dispersar.
Leer la nota: https://dev.guardiana.com.bo/especiales/la-policia-deja-pasar-a-desbloqueadores-en-cochabamba-y-arrazan-con-todo-a-su-paso/
Instrucciones del entonces Comandante
El martes 29 de octubre, primer día negro para Cochabamba por los enfrentamientos, las órdenes que los policías escucharon de su Comandante en Cochabamba fueron:
"Atención 314 de R-30: Negativo uso de clave Q, negativo uso de Clave Q y 308. Deben persuadir y dialogar con el RP 25".
Este código policial significa lo siguiente:
'Atención a instrucción (314) del Comandante (R-30). Negativo uso de agentes químicos o gases lacrimógenos (Clave Q) y manténganse atentos. Deben persuadir y dialogar en manifestación o disturbio (RP 25)'.
Para la gente común, esta orden no tiene nada de extraño. Pero, para los policías, sí. Se sabía que violentos grupos saldrían a desbloquear y que se enfrentarían con los bloqueadores de la ciudad.
Los policías saben que la única forma de evitar que un enfrentamiento deje heridos y muertos es disparando gases lacrimógenos para dispersar a ambos bandos.
Pero, el comandante de la Policía de Cochabamba, coronel Raúl Grandy, hizo todo lo contrario. Ordenó que no se dispare ni un solo gas. Y que se dialogue en el disturbio.
Los policías terminaron arrojando gases después de unos 40 minutos de iniciados los enfrentamientos. Implicaba desobedecer las órdenes y la reprimenda y humillación llegaron después contra algunos policías.
Segundo día negro volvió a ocurrir
El miércoles 6 de noviembre volvió a ocurrir. Más de un medio de información hizo notar durante los enfrentamientos suscitados durante casi todo el día en diferentes puntos de Cochabamba la ausencia o reacción tardía de los policías. En ese momento, supuestamente estos estaban bajo las órdenes del subcomandante Juan Carlos Espinoza.
Incluso Rubén Prudencio del comité de organización del bloqueo en Huayculi contó a Red Uno que llamó por teléfono al Comandante de Quillacollo para decirle que se habían enterado de que cientos de personas afines al MAS se acercaban al punto de bloqueo en ese lugar, a 12 kilómetros de la ciudad de Cochabamba, en la avenida Blanco Galindo. Pero no llegaron efectivos rápido.
Y fue en ese lugar donde fue apaleado quien luego por la noche perdiera la vida en el Hospital Viedma, Limbert Guzmán Vásquez, un joven de 20 años que se encontraba desde una semana atrás ayudando en el bloqueo en el puente Huayculi.
Un día después de los primeros enfrentamientos en Cochabamba, la asambleísta departamental Lizeth Beramendi envió una carta al coronel Grandy en la que le exigía, como representante de la sociedad civil, presentar su renuncia al cargo y le anunciaba que presentaría una demanda penal en su contra por incumplimiento de deberes. Él respondió, consultado por los periodistas, que no renunciaría porque eso debían determinar sus superiores.
El artículo 251 de la Constitución Política de Bolivia indica que "la Policía, como fuerza pública, tiene la misión específica de la defensa de la sociedad y la conservación del orden público, y el cumplimiento de las leyes en todo el territorio boliviano. Ejercerá la función policial de manera integral, indivisible y bajo mando único, en conformidad con la Ley Orgánica de la Policía Boliviana y las demás leyes del Estado".
A pesar de los reiterados pedidos de renuncia del Comandante Departamental de Cochabamba de la Policía por parte incluso de los cabildos, el entonces ministro de Gobierno, Carlos Romero, lo mantuvo en su lugar; aunque con un perfil un poco más bajo porque quien ya daba la cara era el subcomandante Espinoza.
La gente estaba tan molesta que ese miércoles 5 de noviembre echó y escribió pintura roja en las paredes y puertas de la Policía pidiéndole su renuncia (ver foto). Pero seguía en el cargo.
¿Fiscalía parcializada con sectores afines al MAS?
Sin embargo, la Policía no es la única institución en la que ha habido manoseo del trabajo de la gente por parte del partido de Gobierno. En el caso de la Fiscalía, medios de La Paz ya han mostrado que la máxima cabeza de esta, Juan Lanchipa, estuvo trabajando parcializado a la hora de tratar los casos, por cuanto los que involucraban a gente afín al MAS sufrían demoras o se liberaba a la gente como denunciaron en Cochabamba.
El argumento central de Lanchipa era que había que esperar que la Policía haga su trabajo y haya denuncias. Sin embargo, en casos como el de la detención de 15 personas el 30 de octubre por traslado de dinamita en Cochabamba, ese mismo día una fiscal tomó el caso, pero por presiones tuvo que transferir el mismo al día siguiente a otro fiscal de quien se decía era afín al MAS.
A pesar de que el artículo 7 de la Ley del Ministerio Público obliga a los fiscales a actuar de oficio y, para ello, no tienen nada que esperar y menos una semana después de ocurridos los hechos, Lanchipa reconoció que casos como los que involucraban a personas que portaban dinamita en ciudades como Cochabamba no estaban recibiendo el mismo tratamiento que otros.
Página Siete publicó: Lanchipa afirmó que los casos de uso de dinamita deben ser atendidos por la Policía, “dejemos que cada institución cumpla su rol, el Ministerio Público lo va hacer (investigar) una vez que se haga la denuncia pertinente”.
¿Qué dicen las leyes bolivianas?
El artículo 225 de la Constitución Política boliviana indica que el "Ministerio Público defenderá le legalidad y los intereses generales de la sociedad, y ejercerá la acción penal pública. El Ministerio Público tiene autonomía funcional, administrativa y financiera".
Pero además de ser independientes, los fiscales tienen la obligación de actuar de oficio frente a señales de algún delito. Eso está en la Ley del Ministerio Público. En el artículo siete de la misma se puede leer: " Las y los Fiscales, bajo su responsabilidad, promoverán de oficio la acción penal pública, toda vez que tengan conocimiento de un hecho punible y donde se encuentre flagrancia".
Susceptibilidad de la gente
Por la actuación de policías y fiscales que fue puesta en tela de juicio, una vez que cuatro personas detenidas durante los enfrentamientos en Huayculi fueron trasladadas hasta el EPI Norte el miércoles 5 de noviembre, un grupo numeroso de personas se quedó en las puertas para hacer vigilia porque temían que como ocurrió en el caso de los acusados de quemar el cerro San Pedro, fueran luego liberadas.
Apenas se abrieron las puertas para sacar a uno de los aprehendidos para llevarlo al hospital, la gente reaccionó pensando que lo estaban liberando. Tuvo que ser gasificada.
"Vergonzoso servilismo del Ministerio Público"
Quien fuera fiscal hasta hace poco, Ricardo Arellano, hizo graves acusaciones contra fiscales que considera son afines al Gobierno y lo hizo en su muro de Facebook. Luego recibió un memorando mediante el que se convertía en exfiscal. Se trata del abogado que llevaba adelante casos como el denominado Mochilas, en el que está involucrado el que fuera alcalde de Cochabamba José María Leyes, entre otros casos importantes.
Con el título "Vergonzoso servilismo del Ministerio Público", el fiscal Ricardo Arellano denunció: "Debemos lamentar, con profunda desesperanza y desazón, que en la actual crisis que vive el país, nuestra sociedad se encuentra inerme y desamparada, porque las instituciones que constitucionalmente están llamadas para protegerla –como el Ministerio Público- penosamente han prostituido y degradado hasta niveles intolerables los fines y objetivos inherentes a su función. La podredumbre y descomposición ya es escandalosa; ni qué decir del servilismo procaz de la Fiscalía a los intereses de un poder corrompido y abusivo".
Primera fiscal apartada por la quema de San Pedro
El martes 29 de octubre, un grupo de personas que se había enfrentado con jóvenes en la zona de la Muyurina en Cochabamba a vista y paciencia de la Policía que no hizo nada para evitarlo, habría iniciado un incendio en el cerro de San Pedro, cercano al lugar de los choques. A raíz de ello, la fiscal Cynthia Prado inició su trabajo; sin embargo, luego este habría sido impedido por un grupo de fiscales afines al Gobierno. Al final, terminaron dejando libres a los arrestados.
Al respecto, el fiscal Ricardo Arellano denunció: "Hace unos días, medios de prensa difundieron la noticia de que los vándalos (gente del partido oficialista) que quemaron el cerro de San Pedro fueron finalmente liberados por presiones de los altos mandos policiales, pese a que la fiscal que estaba de turno (Cynthia Prado) valientemente expresó su desacuerdo con la ilegal medida, siendo rebasada por un grupo de fiscales serviles al autoritarismo del régimen, que optaron por consumar esta cuestionada decisión. Al día siguiente, en represalia, la fiscal Prado fue desplazada de la Unidad (Flagrancia), siendo relevada por el Fiscal Raúl Lazcano, precisamente uno de los que intercedieron para la liberación de esos sujetos".
Segunda fiscal obligada a transferir caso
El miércoles 30 de octubre, los medios informaron que 15 mineros habían sido detenidos en la zona 1 de Mayo con unos 145 cachorros de dinamita dentro de un minibús. Provenían de Sicaya y supuestamente se dirigían a la ciudad de Cochabamba para intentar desbloquear algunos puntos. Fueron trasladados hasta las instalaciones de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen. Luego debía entrar en acción algún fiscal de materia.
Incluso el director departamental de la Felcc, Yuri Tapia, explicó que se los había detenido porque portar dinamitas es un delito tipifado en la Ley 400. Y explicó que el asunto estaba en investigación.
Ese mismo día, la fiscal Teresa Ferrufino se encontraba de turno. Ella había solicitado el apoyo de otros fiscales para dicho turno, ellos eran Ricardo Arellano y Faridy Arnez. Ambos atendieron su llamado.
Durante el turno del 30 de octubre, Arellano contó que se aproximó a la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen para "cooperar en lo que fuere a la Dra. Ferrufino. Ella le había dicho que funcionarios policiales querían remitir como simples arrestados a 15 personas encontradas "en flagrancia en posesión de dinamita". Y querían liberarlas después de su arresto de ocho horas".
El exfiscal hizo notar que lo que correspondía hacer era cautelarlas ante un juez por haber sido encontradas en posesión de material explosivo porque se trata de un hecho de delito flagrante tipificado en el artículo 141, quinto del Código Penal que versa sobre Tenencia y Porte o Portación Ilícita.
Arellano indica que se pretendía beneficiar a las personas liberándolas después de su arresto de ocho horas, " cuando lo que correspondía era cautelarlos ante un Juez por haber sido encontrados en posesión de material explosivo, siendo este un hecho de delito flagrante, tipificado por el art. 141 quintodel Código Penal (Tenencia y Porte o Portación Ilícita)".
ARTÍCULO 141 quinter. (TENENCIA Y PORTE O PORTACIÓN ILÍCITA).
| I. | La tenencia y porte o portación de armas de fuego, municiones, explosivos, materiales relacionados, sin contar con la autorización legal serán sancionados con pena privativa de libertad: a)Tenencia ilícita, de seis meses a dos años. b)Porte o portación ilícita, de uno a cinco años. |
| II. | Las sanciones serán agravadas en un tercio del máximo, cuando se trate de armamento y explosivos de uso militar o policial. |
Una vez en la FECC, el ahora exfiscal Arellano pudo constatar, según su versión, de que allá estaba el fiscal Gonzalo Maldonado, quien había sido enviado desde Sucre por el Fiscal General, "quien fiscalizaba y monitoreaba la labor de la Dra. Ferrufino, presionando para flexibilizar la situación de los sujetos hallados en posesión de dinamita, indicando incluso que no había un nexo causal para establecer su responsabilidad penal".
" A este Fiscal Superior, yo lo encaré indicándole que no podía generar tamaña impunidad en razón de la eventual filiación política de los sindicados. Asimismo, se hallaban en la FELCC “enviados o comisionados” por el Fiscal Departamental, los fiscales Raúl Lazcano y Richard Villaca, quienes también siguiendo la línea de Aparicio, y del personal del Ministerio de Gobierno (presente en la FELCC) pretendían beneficiar a los “mineros” hallados en posesión de explosivos".
Según el periódico Los Tiempos, Lazcano sería hermano de Gonzalo Lazcano, quien fue diputado del MAS, Viceministro y agregado consular.
Según la versión de Arellano, la fiscal Teresa Ferrufino se habría puesto firme y no liberó a los hombres acusados de portar dinamita y, por ello, se los tuvo en calidad de aprehendidos y se les recibió sus declaraciones informativas.
Sin embargo, el 31 de octubre, un día después de todos esos sucesos, la fiscal Teresa Ferrufino se vio obligada a remitir el caso a la unidad de flagrancia a cargo de Raúl Lazcano y este fiscal, según Arellano, junto con el fiscal Richard Villca, "en lugar de formular una resolución de imputación formal en contra de los sujetos aprehendidos y pedir que les apliquen medidas cautelares para garantizar su sometimiento al proceso, decidieron pedir ante el juez la libertad irrestricta, pura y simple, con el argumento de que no existían suficientes elementos para establecer su probable responsabilidad penal". Esto a pesar de las evidencias existentes.
Denuncia contra el fiscal Raúl Lazcano
Sin embargo, el abogado Ludwing Ledezma ya anunció que presentará una denuncia contra el fiscal Raúl Lazcano por la liberación de los mineros, puesto que a pesar de estar en posesión de dinamita, dicho fiscal dijo que no había indicios contra esas personas para lograr su liberación. Estas acciones implican un atentado contra las leyes bolivianas.
Lo que dice el Fiscal General
Los sucesos explicados por el exfiscal Ricardo Arellano y que son de conocimiento público pasaron en Cochabamba. Sin embargo, Página Siete denunció desde La Paz la parcialización de la Fiscalía General. Esto es de forma resumida lo que publicó dicho periódico el martes 5 de noviembre:
- El fiscal General, Juan Lanchipa, no investiga las agresiones contra la población por parte de grupos afines al MAS.
- Pero sí investigará la denuncia verbal que hizo el Ministro de Gobierno contra el presidente del Comité Cívico de Montero, Regys Medina. “Naturalmente, porque esto constituye un delito de apología del delito”, dijo Lanchipa.
- Lanchipa afirmó que los casos de uso de dinamita deben ser atendidos por la Policía: “Dejemos que cada institución cumpla su rol, el Ministerio Público lo va hacer (investigar) una vez que se haga la denuncia pertinente”.
- Al ser consultado sobre si investigarán las denuncias de fraude electoral que se conocieron por los medios de comunicación o redes sociales, Lanchipa lo negó. “En este momento o no tenemos nada al respecto”.
- Abrirá procesos penales contra los ciudadanos de Sucre que en los últimos días no permitieron que el personal de la Fiscalía General y Departamental trabajen con normalidad.
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