“Sentí mucho temor y vergüenza, pensé que algo estaba mal dentro de mí y me puse a llorar”, son las palabras de Estela M., casi las mismas que Gabriela J. me dijo hace poco en una charla informal. Ambas son mujeres, viven en la misma ciudad, solo que una nació en 1945 y la otra en 2009. Vivieron la experiencia de su primera menstruación con una diferencia de más de 60 años, no obstante, sintieron casi lo mismo, porque desconocían previamente lo que pasaría en sus cuerpos al entrar a la adolescencia. No recibieron la información que les hubiera permitido experimentar este proceso de una manera más natural y menos traumática.

Cerca de la mitad de la humanidad menstrúa una vez al mes. Es más, en este momento, mientras lees esta nota, millones de mujeres están con su “regla”. No obstante, el tema de la menstruación, durante siglos, ha sido considerado un tabú, creándose mitos en torno a ella que provocaban vergüenza y aislamiento.

La poca información sobre los derechos sexuales y reproductivos y esa forma machista de mirar el mundo y medirlo acorde a los parámetros de los hombres no sólo estuvieron presentes en la vida de las mujeres que hoy tienen 70 o más años, sino que aún persisten como huellas que se niegan a ser borradas. Uno de los motivos es que la forma de vida patriarcal del día a día fue y aún es naturalizada y esta es la razón por la que Guardiana decidió entrevistar a un grupo de mujeres que hoy bordean los 70 años para que nos cuenten cómo fue su vida a la hora de menstruar, de casarse y tener hijos e hijas como una forma de visibilizar ante tus ojos, lector o lectora, aquellas huellas del patriarcado.

Menstruar sin haber tenido previamente acceso a información completa, precisa y bien explicada; casarse con alguien que desea hacerlo para tener a una persona que le lave la ropa, le cocine y atienda la casa; tener que ver pacientemente cómo el esposo hace poco o nada en el hogar mientras mantiene relaciones con otras mujeres; seguir los consejos de madres o abuelas sobre el matrimonio como fin último de una mujer o contentarse con recibir menor porción de alimentos porque una luce con mayor peso son solo algunas de esas huellas que podrán divisarse en las distintas historias.

Sin derecho a estar bien informadas

“Hay que hablar de la menstruación para sacarla del estigma”, sostiene la psicóloga y especialista en sexología Denisse Suárez, quien aclara que se ha avanzado en este tema, pero que aún falta naturalizarlo entre niñas, niños y adolescentes, para que entiendan en qué consiste el ciclo menstrual.

Es cierto que ahora existe mayor información, pero todavía se mantiene el fenómeno de la “pobreza menstrual” en muchos países del mundo, entre ellos Bolivia.  Este término utilizado por Unicef y las Naciones Unidas para visibilizar esta problemática, contempla tres aspectos: la deficiente educación en derechos sexuales y reproductivos, la falta de acceso a los productos de higiene menstrual y a instalaciones adecuadas para el aseo personal.

Asumir esta realidad y trabajar para subsanar estar deficiencias nos permitirá reconocer que la menstruación no es solo un tema que incumbe a las mujeres, sino que es un tema de derechos humanos.

Estela M. llegó a su noche de bodas sin haber sentido los labios del que luego fuera su esposo durante su noviazgo, mientras que Teresa B. lo único que quería era apagar la luz de la habitación. Ambas no tenían la información suficiente sobre sexualidad que les hubiera permitido, quizá, vivir de una manera diferente esa nueva experiencia en sus vidas. Y, sobre todo, dejar de avergonzarse y sentirse culpables, y tener control total sobre su cuerpo.

La sexualidad vista desde épocas distintas

Rosalba Guzmán, psicóloga especializada en educación sexual en niños, niñas y adolescentes, sostiene que la sexualidad no tiene que ver solo con los órganos sexuales, sino más bien que es la fuerza vital que atraviesa la corporalidad del ser humano; y que, la manera de cómo se la percibe en la sociedad depende de las épocas históricas que estamos pasando.

Por ejemplo, en la época victoriana (1837-1907), el mandato era que una mujer no podía tener ninguna expresión de deseo en un acto sexual. En cambio, en el siglo XX, los preceptos paternos estaban más vinculados con el bien y el mal, con lo que se podía o no hacer con tu cuerpo, como cuando la madre de Teresa B. le dijo el día que le vino por primera vez su menstruación: “Ya vas a comenzar a tener amigos, no te puedes hacer tocar”.

A medida que el tiempo pasa y surgen nuevos procesos interculturales, las concepciones sobre la sexualidad también van cambiando y como señala Guzmán, con el avance tecnológico y el surgimiento del Internet en el siglo XXI, hay un cambio en este mandato. Ahora es: “Goza, no está bien que tengas límites, rómpelos”.

“Ante estos nuevos códigos en la vivencia de la sexualidad, hay que pensar qué hacer frente a eso, cómo orientar a los niños, las niñas y los adolescentes para ayudarlos a ser responsables consigo mismos (…). En este contexto es fundamental saber escucharlos.

¿Cuáles son las diferencias del antes y del ahora, en cuanto a la comprensión de la sexualidad?, se le preguntó a la psicóloga Rosalba Guzmán Soriano, con 20 años de experiencia en talleres para adolescentes sobre educación sexual.

Las concepciones de la sexualidad responden a su tiempo, a los ideales de cada época, a los predicados paternos que postulan y definen lo que está bien y lo que está mal.

Antes, éstas se basaron mucho en la religión, en los principios morales regidos por la represión del deseo, especialmente para las mujeres; y, por el establecimiento de una ley que atravesaba la vida de la sociedad y la regulaba de esa manera, no sin consecuencias.

Actualmente los parámetros relacionados a la vivencia de la sexualidad son el producto de la caída de los ideales. Si bien antes estos principios y esta ley eran muy rígidos, poco a poco se fueron suavizando, al punto de que cayeron de tal modo, que quedó como mandato el impulso a la satisfacción, sin restricciones, el derecho a todo, sin regulación.

¿La sexualidad sigue siendo un tabú? ¿Continúa generando tensión hablar de este tema?

Creo que hay un conflicto en el lazo social intergeneracional. Mientras unos se rigen todavía por los antiguos modos de concebir y vivir la sexualidad, otros han construido sus propios modos de satisfacción.

Esto ha sucedido siempre, sin embargo, la brecha generacional se ha maximizado, al caer los imagos paternos de antes.

¿Por qué a los padres les cuesta tanto hablar de sexualidad con sus hijos?

Porque la sexualidad no es un tema como cualquier otro. Es un tema sensible que atraviesa la subjetividad. No está por fuera de las personas.

Hablar de la sexualidad supone hablar con el propio cuerpo, no como organismo, sino como receptáculo de los sentimientos, las experiencias de vida, los temores, los deseos….

¿Qué componentes debería tener la educación sobre sexualidad?

Es difícil hablar de unos componentes, pero, sí debería partirse de ciertos principios. Por ejemplo, debería ser un tema transversal en las escuelas la exigencia del respeto de los profesores a sus estudiantes, de los estudiantes entre pares; el respeto a su palabra, a los límites que cada cual ponga a su cuerpo. Tendrían que haber actitudes que se desarrollen consensuadamente, más que clases que hablen de lo que es lo biológico.

También es importante que se genere un espacio de formación seria para los profesores, en el que puedan reflexionar y reconocer aspectos relacionados con su propia concepción y vivencia de su sexualidad.

¿Es posible educar para disfrutar la sexualidad?

No creo que haya una receta, más bien una transmisión de actitudes: gozar de la sexualidad es crecer en un ambiente donde las madres y padres sepan que hay un límite con el espacio, con el cuerpo del otro, entre padres, entre padres y los hijos e hijas.

La transmisión se da por actitudes y es lo que creo que hace falta. La sexualidad atraviesa la vida de un ser humano. Disfrutar de ella es sentirse seguros de vivir sin acoso, sin miedo, sintiendo el valor de su propio cuerpo y el del otro.

La creencia de que los hombres tenían más derecho que las mujeres estaba –silenciosamente– naturalizada. Así es cómo el hermano mayor de Marcia se atribuyó la potestad de interferir en su futuro profesional, negándole la oportunidad de cumplir un sueño anhelado. Mientras que durante su niñez y adolescencia, Claudia M. vivió al interior de su familia, una doble discriminación con la comida: por ser mujer y por ser la hermana más “rellena” (gorda).

Muchas veces se habla de los hombres machistas, pero “¿quiénes son los que sostienen esta estructura machista? Son pues las familias, las madres, los padres, y esto se va pasando de generación en generación a partir de predicados paternos: ‘Tu hermano tiene más derecho’, ‘él debería viajar’, ‘él tiene que comer bien porque es hombre’, ‘si tiene otras mujeres es porque necesita’”, nos recuerda la psicóloga Rosalba Guzmán.

Esta forma de vida diaria no podía seguir así y ha ido cambiando poco a poco; aunque no lo suficiente ni necesario para lograr la igualdad entre hombres y mujeres. “La sociedad -dice Guzmán- está cuestionando a nivel histórico las conductas y actitudes que promueven la negación de la mujer como sujeto”. Todavía queda un largo camino por recorrer.

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La entrada MUJERES MIRAN LAS HUELLAS QUE LES DEJÓ EL MACHISMO se publicó primero en Guardiana.

Lunes 29 de marzo de 2021.- Uno de los problemas de los esfuerzos de organizaciones no gubernamentales, instituciones públicas y organismos internacionales en Bolivia es que no están logrando disminuir los niveles de violencia de forma más rápida. En los casos de violencia hacia la mujer, más bien hay quienes creen que esta podría estar en ascenso porque desde marzo de 2013 en que se aprobó la Ley 348 con la que se pretendía proteger a las mujeres, los feminicidios subieron en más del 450 por ciento hasta hoy en Bolivia. Sin embargo, no todas y todos están de acuerdo porque podría, más bien, tratarse de la visibilidad mayor de estos casos, además de una especie de guerra de baja intensidad en la que las mujeres han comenzado a reclamar por sus derechos y, por ello, los hombres que buscan aleccionarlas porque las creen suyas, las están matando.

Esta lentitud en los resultados y efectos también se la ve reflejada hoy en la forma machista de mirar y actuar en el mundo por parte de la juventud y cuán poco esto ha cambiado desde 2016, año en que Oxfam Bolivia realizó una investigación al respecto para luego compararla con una de 2020.

La situación no ha variado mucho. La mitad de las y los jóvenes tiene valores patriarcales según el estudio “Valores que guían a los jóvenes en sus relaciones de pareja y respecto a la violencia machista“. Uno de los resultados de la última investigación de Oxfam indica que la mitad de las y los jóvenes de zonas urbanas de siete municipios que pertenecen a departamentos del eje central del país tienen una forma de mirar, valorar y ser en el mundo patriarcal y machista.

Se trata de jóvenes de 15 a 28 años en las zonas urbanas de los municipios de La Paz, El Alto, Viacha, Cochabamba, Colcapirhua, Pailón y Santa Cruz de la Sierra que en julio de 2020 respondieron tanto a una encuesta como a grupos focales por parte de Diagnosis, empresa encargada de medir los “valores patriarcales” de las y los jóvenes.

“La conclusión más importante es que se ha producido una leve mejoría cultural, con más jóvenes algo más distantes de las creencias y actitudes que justifican la violencia machista. Sin embargo, la mentalidad de la mayoría de los bolivianos, incluyendo a los jóvenes, es profundamente conservadora y, por tanto, favorable a la violencia en las relaciones de pareja y familiares”.

Hay preocupación por los lentos cambios. Tanto en el estudio como en la presentación del mismo el último jueves, se atribuye en gran parte este avance escaso al hecho de que “el entorno cultural y ético en el que viven los bolivianos y las bolivianas que es altamente favorable al machismo y, por consiguiente, a la violencia contra las mujeres”.

Y la leve mejoría se puede percibir por ejemplo en la violencia física que es hoy menos tolerada entre las y los jóvenes en relación a cuatro años antes. “El desplazamiento se ha dado sobre todo en la justificación de la violencia física contra las mujeres, que ha disminuido significativamente. Nuestra hipótesis es que ahora la violencia física en las relaciones románticas resulta menos tolerable para los jóvenes”. Es una buena noticia.

De todos modos, cinco de cada 10 jóvenes mantienen ideas conservadoras y promueven actitudes machistas, y cuatro de cada diez expresan valores machistas que legitiman la violencia emocional y sexual contra las mujeres, además del control de la pareja en relaciones románticas.

El estudio indica que “el porcentaje de los encuestados que mantiene un nivel alto y muy alto de valores patriarcales sigue siendo en 2020 cercano al 50%, esto es, igual que en 2016. Esto significa que cinco de cada diez jóvenes ha adoptado una identidad patriarcal. Hablando en términos generales, que la juventud boliviana es muy conservadora (o, si se quiere, muy patriarcal). Por otros estudios sabemos que los jóvenes no llegan a ser tan conservadores o patriarcales como los adultos, pero que la diferencia con estos no es muy importante. Por tanto, es posible afirmar que el entorno cultural y ético en el que viven los bolivianos y las bolivianas es altamente favorable al machismo y, por consiguiente, a la violencia contra las mujeres”.

“Este conjunto de ideas y creencias asigna a los varones el rol de protección y control de las mujeres y prescribe que estas se subordinen a ellos. Estimula a los hombres a ser celosos, de ideas inmutables y homofóbicos. Asumir este orden social legitima la violencia ‘disciplinadora’ contra las mujeres que buscan romper el molde de las expectativas sociales conservadoras sobre su género”.

Lourdes Montero, coordinadora del Programa Justicia de Género de Oxfam

Violencia de ida y vuelta

En el estudio se confirma hallazgos de otras investigaciones recientes como la titulada “Violencia en el noviazgo en estudiantes universitarios: un problema de todos” de la Universidad Católica Boliviana San Pablo como, por ejemplo, que la violencia en las parejas es de ida y vuelta como se puede ver en el siguiente cuadro en el que, además, llama la atención resultados como, por ejemplo, que cinco de cada diez hombres presionan para que durante las relaciones sexuales no sean utilizados preservativos.

En el estudio mencionado de la Católica que fue difundido en 2019, se puede leer: “Entre los resultados más relevantes, se encontró que hay cifras elevadas de violencia en el noviazgo y que también hay varones como víctimas. Asimismo, se vio que la violencia se presenta de manera bidireccional y con presencia de heteroagresión”.

Y tanto en el estudio de Oxfam Bolivia como en el de la Católica, el factor de la familia resulta ser clave. En el caso del primero, la relación con la madre es importante, sobre todo para aquellas y aquellos jóvenes que suelen buscar consejo en sus progenitoras, porque existen otros que dicho apoyo lo buscan en amigos u otros familiares. Y es gracias a esta orientación que también les es más fácil cortar con relaciones tóxicas. Sin embargo, en este punto es importante tomar en cuenta que existen los denominados pactos patriarcales que consisten en tener cierta permisividad con un joven violento solo porque se trata de un hijo, sobrino o compañero de trabajo.

Valores no inclusivos y homofóbicos

En el estudio de 2020 de Oxfam Bolivia resulta preocupante la adhesión de las y los jóvenes a frases homofóbicas como: “Enseñar en la escuela que la homosexualidad es normal puede inducir a los niños a ser homosexuales”. Y como se puede advertir en la siguiente infografía, 45 de cada 100 jóvenes consultados rechaza las diversidades sexuales y expresa una postura homofóbica. A fin de que las y los lectores puedan visualizar la dimensión de estas cifras, copia algunas de las frases con las que las y los jóvenes dijeron sentirse identificados.

• “Creo que los homosexuales tienen los mismos derechos que los demás, pero me incomoda mucho ver a dos hombres besarse”.
• “Si dos homosexuales quieren vivir juntos que lo hagan, es su decisión. Pero no estoy de acuerdo con legalizar el matrimonio homosexual porque va contra la familia”.
• “En varios casos, los homosexuales son así porque fueron abusados sexualmente de niños y tienen traumas psicológicos”.
• “Enseñar en la escuela que la homosexualidad es normal puede inducir a los niños a ser homosexuales”.
• “Un niño adoptado por una pareja de homosexuales tiene más probabilidades de convertirse en homosexual”.
• “Si se permite a un profesor homosexual dar clases a los niños, los puede influenciar negativamente”.
• “A varios homosexuales y lesbianas les cuesta tener una sola pareja, tienden a ser promiscuos”.
• “De manera inconsciente a veces evito tener amigos y amigas homosexuales”.

Influencia de la religión

Y el 56% de las y los jóvenes manifiesta un índice alto de ideas fundamentalistas. Veamos algunas ideas con las que ellas y ellos se identificaron en el estudio realizado:

• “Los hombres y las mujeres tienen los mismos derechos, pero han sido creados por Dios para cumplir roles diferentes”.
• “La mujer debe llegar virgen al matrimonio, porque esto muestra su virtud y su pureza”.
• “La homosexualidad es pecado”.
• “La moral cristiana es la única que garantiza la unidad de la familia y evita el libertinaje sexual”.
• “Es deber de la esposa someterse a su marido, porque este es cabeza de hogar”.

Ciclo de violencia y 5 alertas para salir de él

Quienes mejor podrían entender este estudio son los mismos jóvenes, sobre todo quienes están inmersos/as en relaciones tóxicas que empiezan en una primera fase con actitudes de “protección” de la pareja, las que luego se convierten en control de celulares, formas de vestir y comportamientos hacia amigas y amigos para luego terminar en actos de violencia que se repiten hasta que una de las dos personas logra terminar y salir del círculo tóxico de manera definitiva.

El estudio identifica cinco alertas y/o etapas para detener la violencia machista en las relaciones de noviazgo entre jóvenes de 15 a 28 años, que no son más que etapas y características del conocido ciclo de violencia.

El estudio “Valores que guían a los jóvenes en sus relaciones de pareja y respecto a la violencia machista” ha concluido que la primera etapa sucede con la identificación del “novio protector”, que devela el inicio asimétrico de la relación de pareja. En la segunda etapa se vive la violencia inicial cuando el novio se convierte en controlador. En la tercera etapa sucede un hecho de violencia (psicológica, emocional, física, etc.) en la que él pide perdón, ella lo perdona, pero se revive el círculo de violencia (violencia explícita-perdón-luna de miel- violencia explícita).

Cuando este ciclo de violencia llega a un punto insostenible para la víctima, independientemente del tiempo que le lleve asumir una decisión, se llega a la cuarta etapa. En esta fase la víctima busca ayuda en el entorno inmediato; la quinta etapa sucede cuando se genera el apoyo a la víctima de violencia machista y la ruptura de la relación tóxica.

El estudio tuvo como uno de los enfoques más importantes el amor romántico y sus consecuencias, y concluyó que en todas las experiencias de ruptura de relaciones tóxicas en el noviazgo, el capital social de la mujer es esencial porque además del apoyo y contención le ayuda a identificar y rechazar la violencia, a decidir terminar la relación con su agresor, y a reconstruir su vida social y afectiva.

Evidencias en historias de vida

Las cifras del estudio también pueden verse respaldadas y reflejadas por otros estudios e incluso historias de relaciones de parejas que a través de materiales periodísticos se conocen. En diciembre de 2020, Guardiana publicó historias de relaciones tóxicas entre jóvenes universitarios de Cochabamba. Conversó con seis universitarios, hombres y mujeres, para conocer cómo fueron sus relaciones de pareja. Contaron que normalmente empezaron con muchos sueños en la cabeza al estilo del amor romántico de las películas y otro tipo de relatos. Sin embargo, pronto empezaron los problemas. El control, los celos, las revanchas y la violencia incluso sexual se fueron apoderando de sus relaciones. Eso sucedió hasta que empezaron a buscar ayuda, primero entre amigas y amigos y luego de que siguió la violencia continuaron buscando ayuda hasta que finalmente un día después de idas y venidas en la relación, terminaron con la relación tóxica. Lamentablemente, algunas mujeres volvieron luego a verse involucradas en este tipo de vinculaciones tóxicas con una nueva pareja.

Al respecto, el psicólogo José Heresi Soto hizo notar que para hablar de relaciones saludables, se debe pensar en aquellas en las que las dos personas se complementan. Y alertó: “La extrema dependencia o apego no es bueno y no es amor. Solo pueden sostener una relación sana quienes pueden decir: ‘Sin ti, soy capaz de vivir'”.

La idealización del amor es un “síntoma de carencia profundo”, porque la verdad es que no existe “el ideal”. “Hay seres humanos con luces y sombras”, dice Heresi. Aunque a veces en nuestras relaciones buscamos complementarnos.

“La extrema dependencia o apego no es bueno y no es amor. Solo pueden sostener una relación sana quienes pueden decir: ‘Sin ti, soy capaz de vivir'”.

Psicólogo José Heresi Soto

Según la psicóloga y perito forense Guiomar Hylea Bejarano Gerke, “la expresión de violencia conyugal comienza desde el noviazgo y, como resulta lógico, aumenta más aún luego del matrimonio diversificándose en distintas y más elaboradas formas de violencia. Estas expresiones de violencia pueden tener una escalada a partir de situaciones disfrazadas de un amor mal canalizado, a través del ejercicio del control, celos, etc. En ellas se van incubando las distintas prácticas de violencia –psicológica, física, sexual y económica, dentro de las más comunes– a través de variados comportamientos dañinos tales como golpes, insultos, humillaciones, acosos sexuales, actitudes denigrantes, etc., que van dirigidos, por distintos motivos, a ejercer el control, tomar el poder o encaminar ciertos sentimientos poco adaptativos o inmaduros, provocando serios problemas en la víctima”.

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Martes 16 de marzo de 2021.- Daniela sufrió a sus 10 años toques en sus piernas por parte de su padre biológico. La mimaba con regalos, le hizo ver películas pornográficas, hubo sexo oral y finalmente la violó. Ocurrió cuando sus padres se estaban divorciando. La madre inició el proceso penal que terminó con una sentencia de 13 años de cárcel contra el agresor y violador sexual.

Este caso es uno de los tantos en que la violencia sexual comienza con una caricia en el cuello, lo cual ya es una agresión sexual, y termina con una violación.

Es importante que la población diferencie qué es violencia sexual, agresión sexual, violación sexual y estupro, porque muchas veces ocurre que ante la agresión sufrida, los familiares que deben presentar la denuncia dudan sobre cuán grave pudo ser lo ocurrido a su hija o hijo.  Incluso no faltan los que llegan a ver con buenos ojos que un hombre mayor pretenda a su hija adolescente, sin darse cuenta de que están frente al estupro.

La jefa de la Unidad de la Niñez y Adolescencia de la Defensoría del Pueblo, Kattya Peredo, explica que la violencia sexual es cualquier forma, acto o mecanismo utilizado que afecte a la integridad sexual de la niña, niño o adolescente. Así está tipificada en la Ley 548, también conocida como Código Niña, Niño y Adolescente.

Violencia sexual es toda conducta tipificada en el Código Penal que afecte la libertad e integridad sexual de una niña, niño o adolescente.

Ley 548, Código Niña, Niño y Adolescente

En esta línea, el psicólogo Marcelo Ríos, quien trabajó en la Defensoría del Pueblo, explica que la violencia sexual también se produce cuando el agresor hipersexualiza a las niñas, niños y adolescentes al decir: “Eres muy bonita”, “podrías ser modelo”, “qué inteligente eres”, mensajes sutiles de seducción.

Sexualización precoz o hipersexualización es la sexualización de las expresiones, posturas o códigos de la vestimenta precoces, permitiendo o instruyendo que niñas, niños o adolescentes adopten roles y comportamientos con actitudes eróticas, que no corresponden a su edad, incurriendo en violencia psicológica.

Ley 548, Código Niña, Niño y Adolescente

TRES DELITOS SEXUALES CONTRA MENORES DE EDAD

Enmarcado en normas vigentes, el director interino de la Defensoría Municipal de La Paz, Rodrigo Arce, recuerda que hay tres delitos que atentan contra la integridad sexual de una niña, niño o adolescente: el abuso sexual, violencia sexual y estupro.

ABUSO SEXUAL

Antes de la promulgación de la Ley 348 (Ley Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia de marzo de 2013), el abuso sexual era conocido como abuso deshonesto. Este consiste en toqueteos que hace un mayor de edad en diferentes partes del cuerpo de una niña, niño o adolescente y lo hace para excitarse. No llega a penetrar.

“Me agarró de la cintura, me tocó la mano, me acarició el muslo, me agarró del cuello haciéndome cariños, eso es lo más frecuente que escuché (de las menores)”, recordó Ríos, quien aseguró que estas formas de agresión sexual tienen el mensaje sutil de: “Eres mía para un acto sexual”.

Existen otros casos de agresión sexual. Por ejemplo cuando un hombre lleva la mano de una niña hacia su miembro para que lo rose o frote, o cuando una menor se sienta en las piernas de un sujeto. “Hay -explicó el psicólogo- una naturalización de esos mensajes no verbales. El tema de la cintura y el cuello, a veces el cariño en una mejilla (apretón o caricia), pueden estar dando una señal. Hay que estar pendientes del proceso de esos cariños y de la reacción de la niña o niño”.

También se constituye en una agresión sexual cuando los padres tienen sexo o ven material pornográfico delante de los menores, porque si un niño, niña o adolescente observa estas acciones, posiblemente naturalice la agresión sexual, porque dirá: “Si mis papás hacen eso y este señor me propone, pese a que no quiera (…). Esto les genera una confusión, y sí es una agresión sexual”.

Para Julia Velasco, coordinadora de la Agencia Nacional de Noticias por los Derechos de la Infancia (ANNI), que los padres tengan de forma explícita sexo delante de los niños o cuando en compañía de los menores ven material pornográfico (besos y toques) se está frente a actos de violencia sexual, porque les generan traumas, no entienden qué es lo que pasa.

La abogada Peredo reiteró que todo acto e interacción sexual que vaya a estimular al agresor, como toques impúdicos en las partes íntimas o en cualquier parte del cuerpo de las niñas, niños o adolescentes mediante manoseos, roses, besos en la boca o viendo pornografía que tenga  el fin de buscar el efecto de la estimulación sexual  es abuso sexual y está penado por ley, y tiene que ser denunciado.

El que cometa abuso sexual contra niñas, niños o adolescentes tiene una pena de privación de libertad de 10 a 15 años. “Los jueces no pueden fallar ni más ni menos, porque se estaría cometiendo prevaricato (dicta una resolución arbitraria), ya el Código Penal establece cuál es el mínimo y cuál el máximo, no puede dar nueve años”, aseguró el Director interino de la Defensoría Municipal de La Paz

Artículo 312 (Abuso sexual). Cuando en las mismas circunstancias y por los medios señalados en los artículos 308 y 308 bis se realizaran actos sexuales no constitutivos de penetración o acceso carnal, la pena será de seis a 10 años de privación de libertad. Se aplicarán las, agravantes previstas en el artículo 310, si la víctima es niña, niño o adolescente la pena privativa de libertad será de 10 a 15 años.

Ley 348 del 9 de marzo de 2013

VIOLENCIA SEXUAL

El director interino de la Defensoría Municipal, Rodrigo Arce, explica que la violación sexual es cuando existe penetración ya sea vaginal, anal u oral no consentida. Al respecto, el artículo 308 de la Ley 348 dice lo siguiente:

Artículo 308. (Violación). Se sancionará con privación de libertad de 15 a 20 años a quien mediante intimidación, violencia física o psicológica realice con persona de uno u otro sexo, actos sexuales no consentidos que importen acceso carnal, mediante la penetración del miembro viril, o de cualquier otra parte del cuerpo, o de un objeto cualquiera, por vía vaginal, anal u oral, con fines libidinosos (…)

Artículo 308 bis. (Violación de infante, niña, niño o adolescente). Si el delito de violación fuere cometido contra persona de uno u otro sexo menor de 14 años, será sancionado con privación de libertad de 20 a 25 años, así no haya uso de la fuerza o intimidación y se alegue consentimiento. Si hay una agravante la pena alcanzará 30 años sin derecho a indulto.

Ley 348 del 9 de marzo de 2013

ESTUPRO

Arce indicó que el estupro consiste en que una persona mayor de edad tenga relaciones con una menor de 17 años, incluso cuando pareciera existir consentimiento por parte de esta. Lo que se castiga es el abuso sexual por parte del adulto, lo que normalmente se da mediante promesas, regalos, seducción y engaño para lograr tener relaciones sexuales con la niña, niño o adolescente. Existe una pena que va de dos a seis años.

Estupro: El que mediante seducción o engaño tuviere acceso carnal con mujer que hubiere llegado a la pubertad y fuere menor de diez y siete años, incurrirá en la pena de privación de libertad de dos a seis años.

Artículo 309 del Código Penal

¿Dónde debes denunciar?

Si alguien es testigo de una agresión sexual o conoce de un hecho de violación o estupro contra una niña, niño o adolescente debe realizar la denuncia ante la Defensoría de la Niñez municipal, en el caso de La Paz. La acusación puede hacerla de forma presencial, con una llamada a las líneas gratuitas 156 y  la 800-104100 o escrita (WhatsApp). Se cuida la identidad del denunciante.  

El municipio de La Paz habilitó las siguientes líneas de WhatsApp:

• Cotahuma: https://wa.me/+59169868184
• Max Paredes: https://wa.me/+59169950421
• Periférica: https://wa.me/+59169878205
• San Antonio, Zongo y Hampaturi: https://wa.me/+59169973989
• Sur y Mallasa: https://wa.me/+59169979868
•  Centro: https://wa.me/+59176739563
• 156: https://wa.me/+59169982664
• Especializada penales: https://wa.me/+59169983123

Una vez que se recibe la denuncia, se obtiene la información de la niña, niño o adolescente, y de la familia, paralelamente, se realiza la evaluación psicológica en la que se determina indicadores de algún tipo de agresión sexual, si es que se realizó algún tipo de toques con algún contenido sexual.

Después, una vez establecido el tipo de violencia sexual, el área legal de la Defensoría Municipal se constituye en parte y presenta la denuncia correspondiente ante el Ministerio Público y a través de la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (FELCV) se llevan adelante las primeras acciones.

Debe primar el testimonio de la víctima

El inciso “c” (Presunción de verdad) del artículo 193 de la Ley 548, Código Niña, Niño y Adolescente, señala que “para asegurar el descubrimiento de la verdad, todas las autoridades del sistema judicial deberán considerar el testimonio de una niña, niño o adolescente como cierto, en tanto no se desvirtúe objetivamente el mismo”.

Esta afirmación en la Ley 548 quiere decir que todo funcionario público está en la obligación de creer a los niños. “Eso establece la ley, en un marco general y amplio. Obviamente, toda la sociedad debemos creer a los niños en cuanto a nos refieren algún hecho de agresión sexual”, apuntó el Director interino de la Defensoría Municipal de La Paz.

Si bien la Defensoría aporta con todos los elementos de convicción para lograr un sentencia, corresponde a la autoridad judicial determinar cuánto será la pena que recibirá el acusado. En 2020, solo en el municipio de La Paz se logró 52 sentencias, de 15, 20 y 30 años de reclusión, por violación, agresión y estupro; ese mismo año se recibió 319 casos nuevos bajo estos tres delitos.

Al 26 de octubre de 2020, el Ministerio Público había registrado 1.160 casos de violencia sexual contra infantes, niñas, niños y adolescentes en Bolivia, de los cuales el 90% de las víctimas son niñas y adolescentes mujeres y un 10% correspondía a niños y adolescentes varones.

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Si la sentencia no condice con lo que se esperaba o si no satisface la cantidad de años de pena dados, la Defensoría Municipal puede apelar al tribunal para considerar la ampliación de los años.

Ante la pregunta sobre cuántos años de cárcel merece un agresor que toqueteó las piernas de una niña, niño y adolescente, Arce respondió que no existe una fórmula. “Se hace un análisis y se establece. El artículo 310 establece todas las agravantes como, por ejemplo, si la víctima es una persona con discapacidad, de la tercera edad, si el hecho fue realizado por dos o más personas y se amplió a violencia. Si le contagia alguna enfermedad sexual también es una agravante. Y estas agravantes son las que valora el juez”.

El tiempo del proceso para lograr una sentencia varía, puede durar una semana como también quedar inconclusa, porque el agresor salió del país. “Hay acciones complejas de agresión sexual. Desaparecen los agresores porque se van del país, pero también porque hay amenazas. Ayer (21 de febrero) conocimos (a través de una maestra) un caso de abuso sexual que ocurrió hace cinco años. La niña estaba atemorizada porque seguía siendo amenazada por su agresor”.

Atención psicológica tras la agresión

De acuerdo con el psicólogo Marcelo Ríos, una agresión sexual como un toqueteo marca de igual forma a la niña, niño y adolescente en su desarrollo, porque le genera un conflicto. “No es suficiente una o dos sesiones para recuperar al menor de edad que sufrió agresión sexual, acoso verbal, toqueteos, sexo oral o violación”.

En 2020, durante la cuarentena por la epidemia de la Covid-19, cerca de 76 niños sufrieron violencia sexual según los datos que maneja Ríos y está seguro de que ni el dos por ciento tuvo una atención psicológica. ¿Dónde están? ¿Cómo están creciendo?, cuestionó.

Pero además, es probable que un varón que sufrió violencia sexual repita el patrón como una forma de desahogo emocional o de resentimiento. En el caso de la niña o la adolescente, se corre el riesgo de que naturalice la agresión sexual.

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Martes 9 de marzo de 2021.– Mónica Olmos Herrada tenía 25 años y un sinfín de proyectos por cumplir cuando conoció a dos hombres que se obsesionaron con ella y escogieron la violencia para castigarla por su rechazo. Las tres mujeres de su entorno familiar lloran por su ausencia, a menos de tres meses de su trágico final.

Su madre, Magda, su hermana Lidia (nombre cambiado) y otro pariente narraron su historia. Viven en una modesta casa, en la zona de 40 Arroyos, Villa Tunari, a unos ocho minutos de viaje de la zona turística de Tres Arroyos, donde fueron descubiertos los cadáveres de Mónica y otras tres mujeres asesinadas. El esposo de Magda y padre de sus hijas falleció cuando ellas aún eran unas niñas. El dinero no alcanzaba y la madre tuvo que irse a España a trabajar, dejando a sus hijas con su abuelita. Tras seis años de sacrificio, Magda retornó al Trópico y pudo comprar la casita de 40 Arroyos. Mónica tenía 12 años entonces y le ayudaba a su madre en los quehaceres, al mismo tiempo que estudiaba.

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Al salir bachiller, la joven Mónica logró ingresar a la carrera de Ingeniería Industrial en la Universidad Mayor de San Simón, pero la abandonó después de un año y medio de estudios, tras darse cuenta de que no era lo que deseaba hacer por el resto de su vida. Ella anhelaba abrir un salón de estilismo, maquillaje y peluquería en Villa Tunari, pero no tenía capital.

En la universidad conoció a Jordi, su primer amor y juntos se fueron a trabajar en un supermercado de Chile por casi dos años, para ahorrar. Volvieron a Cochabamba y vivieron juntos dos años más, pero él retomó sus estudios en la universidad y allí conoció a otra mujer. La pareja se separó y Mónica quedó devastada. Volvió a la casa de su madre y trabajó junto a Lidia en una estación de servicio de combustible en Villa Tunari.

“Esa época fue terrible. Mi hermana sufrió mucho por esa relación rota. No comía, enflaqueció mucho, se desvanecía y se enfermó. Salía de vez en cuando con unas amigas y así conoció a Juan Denny G.M., el hombre que después contrató a Omar para que la matara”.

La relación de Mónica y Juan duró unos seis meses. Al principio, él era muy galante y detallista. La joven quería olvidarse de Jordi y aceptó darse una oportunidad con él. “Mi hermana estaba sorprendida porque Juan, para conquistarla, le mandaba de todo a la casa y a la estación de servicio. Desde chocolates en forma de corazón, ramos de flores y un montón de cosas que hacía traer de Cochabamba, hasta almuerzos y cenas espléndidas”.

En Villa Tunari, todos saben que Juan G.M, de 35 años, es un hombre que tiene dinero. Posee una casa muy cómoda en la zona de Padre Sama, cercana al sector de Tres Arroyos y a la carretera. “No sabemos en qué trabaja. Visitaba a Mónica en al menos tres o cuatro vehículos diferentes, tenía unos Caldinas modernos, una vagoneta Noah y una vagoneta Toyota RAV 4. La gente dice que Juan estaba metido en cosas ilícitas, pero no nos consta”, contó un pariente de la víctima que pidió la reserva de su identidad.

Mónica quería tener una relación seria con Juan, pero él mismo la ahuyentó con sus celos y su excesivo control. Comenzó a revisarle el celular, le prohibía “todo”, le preguntaba detalles de lo que hacía mientras no se veían y los contrastaba con otras personas, para verificar si ella mentía. Llegó al punto de enviar a un empleado para vigilarla.

“Mi hermana se decepcionó de él. Me dijo que Juan enviaba a Claudio Loza a perseguirla. En una ocasión, cuando Juan, Mónica, mi esposo y yo salimos juntos a una discoteca, él bebió. Al salir, revisó el celular de mi hermana y se molestó hasta de los amigos que le hablaban. Le amenazó: ‘No me haces caso, si no vas a ser para mí, no serás para nadie’. Intentó chocar la vagoneta RAV 4, en la que íbamos, metiéndose delante de un Nissan. Fue horrible. Paramos y Mónica le dijo que si él quería morir, que muriera solo, pero que no nos ponga en riesgo porque nosotros tenemos hijos”.

Lo ocurrido le impactó tanto a Mónica que solo quería romper su relación con Juan. Él le reclamó que siempre la había tratado como a una reina, pero ella le respondió que no le importaba su dinero. Le dio una oportunidad más, pero, unos días después, Juan llegó a la casa de Mónica y encontró allí a un amigo de ella, a Elvis. Aunque Lidia también estaba con ellos, el hombre estalló. La acusó de engañarlo. Le dijo: “Tú nunca me vas a valorar, pero me vas a conocer, de mí nadie se hace la burla”.

Mónica decidió separarse definitivamente de Juan y tuvo que cambiar hasta de número de celular para evitar su obsesiva persecución. Después de un tiempo, Mónica conoció a un militar de la Novena División y se enamoró de él. “Tenían una relación seria, él le pidió permiso a mi mamá para convivir con Mónica, pero mi mamá les dijo que se conozcan mejor. Ellos se llevaban muy bien y se veían cuando él salía de la Novena”.

Justo en ese periodo, Omar Johnny Fernández Herrada, de 27 años, apareció en la vida de Mónica presentándose como su primo materno. Magda le confirmó a su hija que sí era hijo de una prima hermana con la que no habían tenido contacto hace años. Omar comenzó a conversar con Mónica, a mandarle regalos, a invitarla a comer.

“Me hizo recuerdo a Juan y yo le pregunté a mi hermana qué pasaba con él, pero ella me respondía que nada, que era nuestro primo y así le respondía en los chats cuando él le hacía comentarios de conquistador. Este Omar venía a la casa a las 20:30 y esperaba a mi hermana afuera. Pero era extraño porque siempre estaba con gorra y, cuando nos cruzábamos al salir, él bajaba la cabeza, miraba su celular, ni siquiera nos hablaba a nosotras”, cuenta Lidia.

El sábado 19 de diciembre de 2020, Lidia le propuso a Mónica viajar juntas el martes 22 a Cochabamba, para comprar los regalos de Navidad para la familia, como hacían cada año. “Ella me dijo que sí al principio, pero el mismo sábado me avisó que había decidido adelantarse y viajar el lunes 21, aprovechando que el primo Omar se ofreció a llevarla. Yo no podía viajar antes, por mi hija, y me molesté por su decisión, pero ni modo. Ese fue el último día que vi a mi hermana, porque el domingo yo me quedé en mi casa con mi familia y Mónica desapareció de casa de mi mamá”.

La madre de Mónica no olvida ese domingo 20 de diciembre. “Compartimos juntas, comimos y a eso de las 3 o 4 de la tarde vino el novio militar de Mónica a verla. Luego él se fue en su auto a lavar su ropa a la Novena División y quedaron en llamarse más tarde. A las 8 de la noche me avisaron que un tío me estaba mandando a llamar para explicarme algo de un terreno y fui con mi hija menor. Mónica se quedó en la casa. Estaba en pijama, con un short, una polera y chinelas. No pensaba salir. Le dije que volvería en unos 20 minutos. Su cuarto, al fondo, estaba con luz, pero no entré pensando que estaba descansando”.

Cuando el militar tocó a la puerta a las 21:30 del mismo domingo y le dijo que Mónica no le contestaba desde las 20:30, Magda fue a buscarla y se dio cuenta de que su hija no estaba. Entonces, la pesadilla comenzó. 

“Pido justicia para mi hija. Este hombre, Juan, ha contratado a su propio familiar para que me la mate. Ahora dicen que le dio un dinero a mi hija para hacer negocio y eso es mentira. Me duele mucho que la calumnien. Yo vivía con ella y no tenía dinero. Por eso estaba pensando volver a Chile para trabajar, ahorrar y poner su peluquería. No entiendo por qué los hombres no pueden aceptar cuando las mujeres les dicen que no. ¿Por qué no hacemos nada y permitimos que estos psicópatas hagan tanto daño y nos quiten a nuestras hijas, a nuestras hermanas?”.

Magda clamó a las autoridades que este caso sea esclarecido en su totalidad, porque ella cree que hay más personas implicadas. ”Yo estoy muy dolida, pero también molesta porque quieren distorsionar lo que pasó con mi hija. Están diciendo que pudo ser un ajuste de cuentas por deudas o por narcotráfico y eso es falso. Mi familia no está metida en eso. Me da rabia, cuando a una mujer le matan, quieren denigrarla como sea”, protestó.

“Mi hija era hermosa, alegre, una joven con muchas ganas de vivir, de salir adelante. Estos hombres se han obsesionado con ella. Ni con 100 años de cárcel me van a devolver a mi Mónica”.

Magda, madre de Mónica Olmos

• Mónica Olmos Herrada: Tenía 25 años cuando desapareció el 20 de diciembre de 2020. El 10 de febrero de 2021 fue encontrado su cuerpo. En el panel de fotos es la primera de la izquierda.
• Margarita Maldonado Rodríguez: Tenía 25 años cuando la mataron. Estaba desaparecida desde el 27 de septiembre de 2019. El mismo día que encontraron el cuerpo de Beatriz, el primero de marzo de este año, hallaron sus restos. En las fotos, la segunda de la izquierda.
• Nayeli Lisarazu Acuña: Tenía 19 años cuando desapareció el 15 de febrero de 2020. Encontraron sus restos el 24 de febrero de 2021. En las tomas, la tercera de la izquierda.
• Beatriz García Ustariz: Tenía 29 años cuando perdió la vida. Estaba desaparecida desde el 15 de agosto de 2017. Hallaron su cuerpo el primero de marzo de 2021. En las fotografías, la primera de la derecha.

Mamá de Nayeli: “Mi corazón se rompió en mil pedazos y solo pude gritar y gritar”

Isabel Acuña llevaba 374 días con el alma pendiendo de un delgado hilo de esperanza. Todos los días imaginaba que entraba una llamada a su celular y que escucharía la optimista voz de su hija Nayeli anunciándole su regreso. Sin embargo, la llamada no llegaba y el miércoles 24 de febrero, estaba allí en la zona de Tres Arroyos junto a su esposo, viendo cómo desenterraban una fosa de la que sacaron una bolsa de yute celeste.

Parecía imposible que una persona pudiera caber dentro de ese bulto. Pero cuando la abrieron, comenzaron a sacar los huesos rotos de un cráneo, los brazos, el tórax y otros más. “Yo me decía, no es mi hija. Sabía que había otras mujeres desaparecidas y pensé que era cualquiera de ellas, pero, cuando vi la punta de sus tenis de color fucsia, los que yo le compré, mi corazón se rompió en mil pedazos y solo pude gritar y gritar. Mi esposo también lloraba y gritaba. Era mi Nayeli”, contó Isabel con la voz apagada por las lágrimas.

El hilo de su esperanza se rompió y ahora lidia con la depresión, el dolor y un enorme vacío en su alma. Nayeli Lizarazu Acuña era la mayor de sus cuatro hijos y todos la amaban por quién era: una jovencita de 19 años llena de sueños, de alegría y optimismo. Siempre sonreía, aunque tuviese mil razones para estar triste.

“Ella decía que la vida era hermosa, que había que disfrutarla y sonreír a pesar de cualquier problema. Aunque su papá y yo la reñíamos, por algún motivo, nunca se enojaba. Siempre estaba alegre, jugaba con sus hermanos de 16, 10 y 8 años. Ellos están muy tristes, igual que su papá y yo, no entendemos tanta maldad con mi hija que era tan dócil, tan buena y tenía tantos sueños”, dice Isabel.

Nayeli estudió en el colegio Paracti “A”, del centro poblado Paractito, en Villa Tunari. La familia Lizarazu Acuña vive en el Sindicato San Rafael, a cuatro kilómetros de la unidad educativa a la que sus hijos asisten regularmente. “Tenemos una casa humilde y un chaco en el que cultivamos un cato de coca, papaya y plátano. El chaco está más adentro y mi esposo trabaja ahí. Yo ayudo en la cosecha y me gano también unos pesos en otras cosechas. De esa manera mantenemos a nuestros hijos, sin lujos, pero con lo necesario”, describe Acuña.

Nayeli salió bachiller el año 2019 y anhelaba convertirse en parvularia o maestra de grado inicial, pues le encantaban los niños. Su madre la acompañó a la Normal de Quillacollo para dar un examen de ingreso, pero no aprobó.

“Eso no la desanimó. Dijo que iba a prepararse y estudiar más para presentarse a un nuevo examen y nos volvimos al Trópico, a la casa. Ella tenía un novio llamado Ángel del que estaba muy enamorada y que trabaja como disc jockey en discotecas y fiestas. En febrero de 2020, Nayeli me dijo que la habían invitado a un cumpleaños en la casa de su novio, en Cochabamba, y que ya tenía el pasaje pagado, pero no me dijo exactamente cuándo iba a viajar”, rememora la madre.

La madrugada del 15 de febrero, Nayeli desapareció de su casa con su mochila fucsia en la que siempre tenía una colcha, algunos cosméticos de Yanbal y algo de ropa. “Ella simplemente salió. No sé si vinieron a recogerle o se la llevaron, pero desapareció de mi casa y sin decirme nada. Nunca había hecho eso”.

Isabel pensó que Nayeli estaba en esta ciudad, con Ángel, y lo llamó para reclamarle por qué se había llevado a su hija de esa manera. El joven se sorprendió y le dijo que Nayeli no había llegado. “Llamé a mi cuñada Ximena, llamamos al celular de mi hija y estaba apagado. Sus amigas no sabían nada. Teníamos un mal presentimiento. Mi Nayeli nunca se desaparecía así”.

Al día siguiente, del celular de Nayeli le enviaron un mensaje a su papá, haciéndole creer que era ella la que escribía. Decía: “Papi, discúlpame por haber salido así, pero encontré trabajo y estoy en casa de mi enamorado”.  Su prima, que era muy unida a ella, leyó el mensaje y les dijo que esa no era la forma de escribir de Nayeli, que ella no había mandado ese texto.   

Las primeras sospechas recayeron sobre Ángel, el enamorado de la joven. Desesperada, Isabel lo fue a buscar y, bajo amenazas, le exigió que le devolviera a su hija. Lo llevó a la Policía, pero el disc jockey estaba tan preocupado como los familiares de Nayeli. Esa fue la primera vez que el nombre de Omar salió a la luz.  “El novio de mi hija nos contó que un Omar le enviaba mensajes a Nayeli y era muy insistente, que quizás él sabía algo, pero yo nunca la oí a mi hija hablar de Omar, así que ahí quedó y solamente formalizamos la denuncia”.

Recién el 20 de febrero, cinco días después de que la muchacha desapareció, la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen de Villa Tunari le entregó a su familia un afiche impreso de Persona Desaparecida. Con él, Isabel Acuña recorrió varios medios de comunicación en el Chapare y en Cochabamba para pedir cualquier dato que la ayude a encontrar a su primogénita. Alguien la llamó para decirle que habían visto a su hija con otras jóvenes a bordo de un taxi, camino a Quillacollo, pero no le dieron más información. Otras personas del Trópico le decían que creyeron verla embarazada y con un hombre mayor.

El investigador asignado al caso fue el suboficial Eleuterio Quispe, quien les aseguró que pediría extractos telefónicos del teléfono móvil de Nayeli y la triangulación para saber dónde estaba, pero los resultados nunca llegaban.

“En marzo de 2020 comenzó la cuarentena por la pandemia y la investigación se paró. Todo el resto del año he estado mal, pensando cómo estaría mi hija. Siempre pensé que estaba viva, tenía tantas ganas de verla, mi hijo de 16 años publicaba todos los días en sus redes sociales, le escribía a su hermana: ‘Volvé Nayeli, te extrañamos’”.

Isabel Acuña, madre de Nayeli

La investigación de la FELCC de Villa Tunari no avanzaba. La Fiscalía no aprobaba los requerimientos. “Me decían: ‘Está mal hecho tu pedido, tienen que volver a hacer’. Yo no sé de esas cosas, todo era así, pero yo no veía que hicieran algo, no había ningún avance”. Por ello, la familia decidió recorrer pueblo tras pueblo en busca de la joven, pero no hubo rastros de ella.

Sucedió hasta el 10 de febrero de 2021, cuando la familia de Mónica Olmos, otra joven desaparecida en el Trópico, aprehendió con ayuda de unos policías a Omar Johnny Fernández Herrada, de 27 años.  “Me llamaron por teléfono y me dijeron que él podía saber algo de mi hija porque ya había confesado que mató a Mónica y la enterró en Tres Arroyos. Fui hasta el lugar donde lo tenían. He implorado, he rogado, le he pedido que me diga dónde está mi hija. Llorando le dije, por favor, aunque le hayas matado, aunque la hayas vendido a lo de las prostitutas, pero dime dónde está, necesito verla”.

Omar la miró y le dijo: “Tu hija era una niña, no sé nada”. Delante de los comunarios, el detenido admitió que mató a Mónica, pero juró que no sabía nada de las demás mujeres desaparecidas. Pasaron unos días y “la mamá de la Olmos nos dijo que su hija no era la única asesinada y enterrada en Tres Arroyos, pues Omar había dicho que había una mujer más, en la misma zona”.

Por eso, Isabel Acuña y su esposo fueron hasta esa zona para participar de la búsqueda. Las dos primeras veces, cavaron mucho y no hallaron nada. La tercera vez, había llovido y la tierra se había convertido en un barrial. Luego de muchos palazos aparecieron las puntas de la bolsa de yute. “A pesar del barro, reconocí sus tenis y su pantalón celeste, yo se los compré. La habían metido como una pelota, bien doblada, dentro de esa bolsa. Luego le pusieron cal o yeso. Los huesos de su cara y de su cabeza estaban rotos. Le faltaba una mano. La habían amarrado con lianas…. Gritábamos, llorábamos y no sabíamos qué hacer al verla”.

Isabel se dio cuenta de que conocía a Omar, el mismo día que lo vio aprehendido. “Su tía es mi amiga, pero yo nunca pensé que él fuese así, un psicópata, un hombre cruel que no tuvo piedad de una joven que apenas estaba empezando a vivir”.  

Él ya está sentenciado y no saldrá de la cárcel por los próximos 30 años, pero a Isabel le preocupan los otros dos cómplices. A ellos les fijaron una detención preventiva de seis meses. “Si salen libres, ya estamos fichados. El colegio de mis hijos es lejos. Encima están diciendo tantas mentiras. Mi hija era una chica de casa, no era novia de ese Omar. Y nunca nos hemos involucrado con el narcotráfico. Mantenemos a nuestros hijos con humildad, pero no les falta lo necesario”, aclaró. Una de las hipótesis es que quizás Nayeli le comentó a Omar que iba a viajar a Cochabamba a un cumpleaños en la casa de su novio y él se ofreció a llevarla.

Han pasado 13 meses desde el último día que su familia vio a Nayeli con vida. El llanto de Isabel no ha cesado. Le ha dado mil vueltas pensando en el porqué de tanto dolor.

“Hasta ahora no puedo entender por qué le han hecho eso. Si la violaron, era que me la dejen viva. Como sea yo la hubiese sanado, con psicólogos. Pero, ¿muerta? ¿Cómo hago yo para entender y superar? No puedo”.

Isabel Acuña, madre de Nayeli

Beatriz desapareció cuando fue a comprar coca a la casa de Omar

Beatriz García Ustariz, de 30 años, y Margarita Maldonado Rodríguez, de 25, llevaban más tiempo desaparecidas, pero fueron las últimas dos víctimas de feminicidio desenterradas en la zona de Tres Arroyos, el 1 de marzo. Guardiana contactó a sus familiares, para conocer la historia de ambas, pero sus hermanas prefirieron no hacer declaraciones.

Lo único que se sabe es que, Beatriz García Ustariz era una mujer casada y tenía un hijo que aún es pequeño. Era oriunda de Santa Cruz y tenía dos cuentas de Facebook.  En una de ellas figura que trabajaba en el colegio Paracti “A”, el mismo en el que estudió Nayeli Lizarazu, otra de las víctimas de feminicidio.

De acuerdo a los antecedentes, un viernes 11 de agosto de 2017 salió de su casa, a las 15:30 horas, y se dirigió a la zona de Tres Arroyos, a comprar coca de la tienda que está en la casa de Omar Fernández Herrada. Desde entonces, nunca más se supo de ella. Su madre, Peregrina Ustariz, sentó la denuncia en la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen de Villa Tunari y el sargento Wilson Callizaya se hizo cargo de la investigación.

Sin embargo, la pesquisa no avanzó en más de tres años, hasta este 2021, cuando un equipo conformado por peritos del Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF), un fiscal, policías y un can detector de restos humanos efectuó un rastrillaje en Tres Arroyos y encontró sus restos dentro de una bolsa de yute celeste que había sido enterrada en una zona boscosa y a 30 metros de donde se halló el cadáver de Nayeli. La necropsia confirmó que Beatriz fue asesinada con un golpe contundente que le destrozó la cabeza.

De Margarita Maldonado Rodríguez tampoco se sabe mucho.  Tenía 25 años cuando desapareció el 27 de septiembre de 2019. Su última publicación en su cuenta de Facebook data del 16 de septiembre, 11 días antes de su muerte. Por las imágenes publicadas, ella vivía en la zona de Paracti, Villa Tunari.

A principios del año 2019 viajó a Chile, donde se tomó unas fotos junto al mar. En este caso se desconoce cuál era el nexo que tenía con Omar; pero los investigadores señalaron que todas las víctimas lo conocieron de alguna forma.

Su cadáver fue encontrado en otra bolsa de yute a 500 metros de la fosa donde fue hallada Beatriz, pero también en el sector de Tres Arroyos. La necropsia confirmó que Margarita fue estrangulada con un lazo, igual que Mónica Olmos.

Sospechan que Omar las violaba en su casa y después las mataba en el monte

Omar Jhonny Fernández Herrada tiene una casa de dos habitaciones en la zona de Tres Arroyos. Los investigadores no descartan que hubiera llevado a sus víctimas a esta propiedad para violarlas. Luego, las obligaba a caminar por una senda de un kilómetro, monte adentro, para atarlas de pies y manos, y luego matarlas destrozándoles las cabezas o estrangulándolas con lazos. Después, metía los cadáveres en bolsas de yute celeste y las enterraba.

En el caso de Mónica Olmos lo hizo, aparentemente, en complicidad con Juan Denny G.M. y Víctor Z.R. En la vivienda del condenado hallaron prendas íntimas que podrían de sus víctimas, además de adornos, peluches, chocolates que les regalaba en el proceso de acercamiento.

La fiscal departamental de Cochabamba, Nuria Gonzales, informó que las cuatro mujeres conocían a Omar y nunca desconfiaron de él porque primero las abordó como amigo y se ganó su confianza ayudándolas en todo lo que podía.

Sus vecinos lo describen como una persona introvertida y silenciosa que contestaba con amabilidad cuando le preguntaban algo, pero que, en general, proyectaba cierta fragilidad. Aseguran que nunca se imaginaron que esa apariencia de humildad podía albergar a un hombre tan violento y capaz de asesinar a mujeres indefensas.

Los pobladores de Tres Arroyos recordaron que veían a Omar, Juan y Víctor en las reuniones sindicales de la comunidad y que, cuando hablaban de las mujeres desaparecidas, ellos se ofrecían a cooperar en la búsqueda.

Omar Fernández de 27 años saldrá de la cárcel de San Antonio al cumplir los 57, luego de purgar su pena por haber asesinado a su prima Mónica Olmos Herrada. Todavía no ha sido condenado por los feminicidios de Nayeli Lizarazu, Beatriz García y Margarita Maldonado, pero en Bolivia las penas no son acumulativas.

El feminicida buscaba mujeres con el mismo tipo físico

La experta en Psicología Clínica, Legal y Forense, Lorena Cox, explicó que las cuatro víctimas de feminicidio en Tres Arroyos eran muy parecidas entre sí: en los rasgos de sus rostros, en la estatura, en el peso y otras medidas antropométricas similares.

“Hay una fisionomía parecida y eso nos llevaría a preguntarnos: ¿Cuál fue la víctima original o si la víctima original aún está con vida? Es necesario hacer una investigación, en ese sentido. Me llama la atención el hecho de que la última víctima haya sido la primera en ser descubierta y no sería raro que ella sea la víctima original. Es decir, que sea la primera persona hacia la que el feminicida serial desarrolló sentimientos de frustración. Es posible que Omar haya fantaseado con su prima, años antes de presentarse ante ella. Pero, al enfrentar el rechazo, buscó mujeres con características físicas similares a las de su prima, para cumplir sus deseos internos y perfeccionar un modus operandi hasta lograr captar a la víctima original”.

El hecho de que Mónica Olmos Herrada haya sido prima de Omar Fernández Herrada devela la existencia de pensamientos sexuales incestuosos que pueden ser una de varias características de personalidades antisociales, psicopáticas y perversas, tendientes a las parafilias o desviaciones sexuales.

En Criminología se aconseja: “Si quieres conocer al autor de una obra, tienes que observar la obra”. Y lo sucedido muestras tres escenarios: el primero, donde se ha captado a la víctima, el segundo donde se ha concretado el ataque sexual y el tercero donde ella ha sido enterrada, con la finalidad de confundir la identidad del autor.

El hallazgo del cuerpo de Mónica Olmos ha permitido establecer el modus operandi del feminicida o los feminicidas, pues esta manera de operar, para consolidar un ataque sexual, no se hubiera podido advertir en los otros cadáveres por el tiempo transcurrido que, en el ámbito forense, dificulta los exámenes químicos y biológicos para probar los vejámenes.

Estamos hablando de un agresor sexual que ha ido mejorando su técnica, su metodología y su firma es la manera en la que las mata. Dos han sido estranguladas con un lazo y las otras dos con un golpe contundente en la cabeza. Lo que es indudable, aunque en los otros cuerpos de data más antigua no se pueda establecer, es que las cuatro sufrieron agresiones sexuales. El móvil esencial o el objetivo principal de la captación, coacción, de la planificación previa y, finalmente, de estos feminicidios, es el ataque sexual.

Si bien es necesario efectuar una perfilación criminal (técnica de investigación criminológica derivada del análisis que se realiza a los diferentes patrones conductuales en los agresores conocidos) de las tres personas aprehendidas, para establecer los diferentes grados de participación que tuvieron, por toda la información difundida hasta el momento, el autor de los cuatro feminicidios es Omar Fernández.

“Si fuese Omar el que cometió los delitos, estamos hablando de un feminicida serial. El móvil esencial que lo llevó a matar es el concretar el ataque sexual y, con seguridad, ninguna de las víctimas imaginaba siquiera que él podía ser capaz de dañarlas y cometer semejantes crímenes porque él se presentaba ante ellas como un hombre tranquilo, introvertido, aislado, inseguro, amable”.

Lorena Cox, experta en Psicología Clínica, Legal y Forense

Lo más probable es que ninguna de las víctimas haya tenido una relación sentimental con él, pero en su mente ese vínculo existe. “Fantasea con escenas sexuales y emocionales con la víctima, y la muerte de ella se produce en rechazo al ataque sexual inicial y para evitar que lo denuncie”.

Lorena Cox opinó que Omar tuvo que desarrollar una sujeción mecánica con sus víctimas. Es probable que el ex novio de Mónica Olmos haya contratado los servicios de Omar porque ya conocía sus tendencias o sus actividades. También es factible que el celoso ex enamorado (Juan Denny G.M.) haya participado del crimen, con la intención de vengarse de ella por haberlo dejado e iniciado otra relación amorosa. Sin embargo, el hombre que mató a las cuatro víctimas no muestra en sus crímenes que haya sentido celos de pareja por ellas.

Por los detalles que ya se conocen, Omar planificó previamente estos hechos y, cuando lo entrevisten los peritos, “seguramente mostrará un aplanamiento afectivo y narrará los hechos sin ninguna afectación o dará cuenta de detalles muy llamativos, tristes o alegres, con el mismo tono emocional, pues no siente culpa ni remordimiento”.

Cox cree que, durante una entrevista con Omar, también se detectará algún problema familiar, especialmente con la madre o con alguna figura que la haya reemplazado. Este tipo de personalidad suele desarrollar una insuficiencia sexual que solo puede ser desembocada cuando ejerce violencia extrema. Cuando somete a su víctima siente que tiene un poder que generalmente no demuestra o que no lo caracteriza. De esta manera, logra reafirmar su masculinidad y tener un alto grado de satisfacción sexual.

“Este tipo de feminicidas seriales alegan algún tipo de invalidez o de insuficiencia al abordar a sus víctimas para que ellas lo vean como un ser inofensivo y de confianza. Por ello aceptaban sus ofrecimientos de llevarlas del trópico hasta Cochabamba en dos de los casos”.

Lorena Cox, experta en Psicología Clínica, Legal y Forense

Este tipo de personalidad se torna peligrosa, especialmente para mujeres de similares características fisiológicas. “Independientemente de si tienen enamorado, marido, si son buenas, malas, o como sean, lo que determina que estos agresores las escojan es su condición fisionómica. Así sucedió en los cuatro casos de Tres Arroyos, aunque en el caso de Mónica Olmos se hayan sumados otros intereses económicos, como el pago por el crimen.  

“Para ellos, no hay nada más morboso que la muerte y la sexualidad unidas”.  La forma en la que metía a las víctimas en las bolsas de yute, atadas de pies y manos y con los cuerpos doblados, es también una muestra del sometimiento o el poder que tiene sobre sus cuerpos, aún después de muertas.      

Omar, un riesgo para la sociedad   

Desde la perspectiva de la psicóloga Lorena Cox, Omar Fernández constituye un riesgo para la sociedad y especialmente para las mujeres de características físicas similares a las de sus cuatro víctimas. Y si bien ya ha sido sentenciado a 30 años de cárcel que debe cumplir en el penal de San Antonio en Cochabamba, sostuvo que es necesario garantizar que no salga en libertad aprovechando los beneficios que las actuales leyes otorgan a los detenidos preventivos e incluso a los condenados en primera instancia.

“Si las personas con este tipo de perfil acceden a la libertad, con seguridad van a reincidir en los mismos delitos, pero planificando y mejorando sus técnicas para evitar el ser descubierto otra vez y habrá nuevas víctimas”, advirtió Cox.

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Lunes 8 de marzo de 2021.- El amor y la desesperación por encontrar a Mónica Olmos Herrada hicieron que su familia no se rindiera ante la lentitud y las “dudosas” pesquisas iniciadas por un policía de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) de Villa Tunari que, aparentemente, solo obstaculizaba el avance de las investigaciones. A pesar de las amenazas y con la ayuda de otro efectivo del Trópico y dos investigadores policiales que llegaron de Cochabamba, acabó descubriendo a un feminicida en serie y a sus cómplices.  

La familia Olmos Herrada es muy unida. Sus integrantes acostumbran a compartir y contarse todo lo que hacen. Esta actitud fue la que permitió que identificaran a los probables autores de la desaparición de Mónica Olmos.

Mónica Olmos no tenía planeado salir de su casa la noche que desapareció. Ya estaba con pijama. Algo la hizo salir sin avisar.

Parte de la familia vive en una casa de la localidad de 40 Arroyos, Villa Tunari, a 156 kilómetros de la ciudad de Cochabamba. Tras la muerte de su esposo, Magda Herrada compartía su hogar solamente con su primogénita, Mónica, de 25 años, y la menor de las tres, una niña que ya cumplió los 6.

Lidia (nombre cambiado), la segunda hija de Magda, formó su propia familia en otra vivienda, pero siempre ha estado en constante comunicación con su madre y sus hermanas. Mónica le confiaba a ella y a su mamá todos sus sueños, sus afectos y sus planes. Es por eso que Lidia sabía que su primo, Omar Jhonny Fernández Herrada (ahora con una sentencia de 30 años), le había ofrecido a Mónica llevarla a Cochabamba y acompañarla a hacer sus compras navideñas.

Ella planeaba viajar el lunes 21 de diciembre de 2020, pero desapareció de su casa la noche del domingo 20, mientras su madre salía a las 20:15 horas a visitar a un tío que la hizo llamar. “Mi hija me preguntó: ‘¿Dónde estás yendo mami?’. Le dije que iba a lo de su tío a aclarar algo y volvía rápido. Mónica no pensaba salir, ya estaba en pijama y con chinelas”.

Media hora después, la madre retornó y todo estaba silencioso. Pensó que Mónica se había quedado dormida porque su cuarto estaba con luz y la dejó descansar. Poco después, a las 21:30, el novio militar de la joven llegó a buscarla y solo entonces Magda descubrió que ella no estaba. El uniformado le comentó que estaba preocupado porque la había llamado desde las 20:30 horas, pero no contestaba. Mónica tenía una norma que cumplía a rajatabla con su familia: siempre contestaba su celular, como máximo a la tercera llamada, para no angustiarles.

Quienes la conocían, sabían que Mónica jamás hubiera salido en chinelas. “Mi hermana -contó Lidia- salía muy bien arreglada, le gustaba verse impecable. Incluso pensaba poner un salón de belleza, maquillaje y peluquería. Lo primero que pensamos es que fue a la tienda, pero no. Entonces pensamos que ella no salió por su propia voluntad”.

Acompañadas por el militar, las mujeres la buscaron por todo el poblado, sin dejar de llamarla al celular que permaneció encendido hasta las 23:30 horas y luego se apagó. La desesperación de la familia fue creciendo a medida que pasaban las horas. La madrugada del lunes 21 de diciembre, Lidia recibió un mensaje del teléfono de Mónica que decía: “Anoche me encontré con Jordis (un antiguo novio), él me golpeó. Estoy inconsciente en una casita de madera de San Mateo, ven, mi celular se apagará”.

Al leer el texto, Lidia supo de inmediato que Mónica no lo había escrito. “Nunca, pero nunca nos hablábamos escribiendo. Ella siempre mandaba audios, no le gustaba escribir. Peor esa incoherencia. ¿Cómo podía estar inconsciente y al mismo tiempo escribirme?”.

De todas maneras, fueron a buscarla a las casas abandonadas de San Mateo, con ayuda del dirigente de la zona, pero no la hallaron. Se fueron al Comando de la Policía de Villa Tunari a sentar la denuncia y allí les dijeron que tenían que pasar 24 horas de la desaparición para recién admitir el caso. Magda suplicó y lloró, pero le respondieron que ese era el procedimiento y había que esperar.

“En ese momento -recordó Lidia- me acordé de que ella tenía que viajar con Omar ese lunes y él tendría que saber dónde estaba Mónica. Le escribí a su WhatsApp, pero me respondió que no la veía hace dos semanas, porque su novio militar era muy celoso. Le dije que eso no era verdad porque ella me había contado que iba a ir con él a Cochabamba, para comprar los regalos. Omar dijo que no y que si sabía algo de ella, me avisaría”.

La familia de Mónica no se sentó a esperar que se cumpliera el plazo que la Policía le fijó para procesar una denuncia. Lidia recordó que se puede rastrear los teléfonos por su Icloud.  Recogió la caja del móvil de Mónica y recurrió a un técnico experto en celulares que era su amigo. “Él verificó que el teléfono de mi hermana fue encendido a las 8:12 de ese lunes, en el puente Isinuta, y que lo apagaron a las 8:30″.

Mientras se dirigían junto con el técnico a la localidad de Isinuta, en el kilómetro 211 de la carretera Cochabamba-Santa Cruz, a una hora y media de viaje, Omar Fernández llamó a la madre de Mónica para preguntarle dónde estaba y decirle que no tenían porqué culparlo de la desaparición de la joven. La madre le respondió que conversarían después.

La familia llegó a Isinuta y junto con unos policías del lugar buscó debajo del puente, donde se había perdió la señal del celular. Lidia supone que lanzaron el teléfono al río que estaba con mucho caudal esos días de diciembre, temporada de lluvias.

Al retornar, fueron a hablar con Omar. Magda confirmó que es el hijo de una prima suya. Lidia contó que él estaba en compañía de sus parientes y se mostraron muy agresivos. “En vez de ayudarnos a buscar a mi hermana, nos gritaron y casi nos pegan. Nos decían: ‘Locas, aquí con pruebas van a venir’. Le decían a mi mamá: ‘Tu hija se ha debido ir con otro, les vamos a demandar por calumnias’. Pero nosotras tampoco nos quedamos calladas. Nos hemos defendido”.

En la FELCC solo hay cuatro efectivos, según la familia de Mónica. “Un investigador Encinas, un suboficial de apellido Quispe que no era de confianza, uno de apellido Calizaya, otro del que no me acuerdo su nombre y un capitán. Nos tocó el suboficial Quispe, le exigimos que interrogue a Omar, pero cuando lo entrevistó, ni siquiera le decomisó su celular para revisar si se contactó con Mónica. No lo interrogaba como policía sobre dónde había estado el domingo en la noche. Le hablaba casi rogando: ‘No le hagas llorar a esta pobre gente’, le decía”.

A exigencia de la familia Olmos Herrada, recién el lunes en la noche le decomisaron el teléfono a Omar. “Le dieron tiempo de borrar todo. Siempre le escribía a mi hermana y ahora no tenía ni un solo mensaje”. Como coartada, dijo que el domingo habló toda la noche con su enamorada, pero en sus mensajes, ella le decía: “Diles que has hablado conmigo toda la noche. No te hagas echar la culpa en vano o diles dónde está ella, vos sabes. Pero lo dejaron irse y no nos permitieron llevar los volantes con la foto de Mónica”.

El capitán les prometió que en tres días tendrían los extractos telefónicos, pero no se cumplió. A la semana de la desaparición de Mónica, Lidia recibió un mensaje de un número desconocido en el que le decían que su hermana había sido secuestrada por meterse con un hombre ajeno.

“Mostramos el mensaje a la Policía -dice Lidia- pero pasaron dos semanas y no hacían nada. Un mes antes de que mi hermana desaparezca, me mandaron otro mensaje igual, como el de una mujer despechada que me decía que mi hermana se metió con su novio y que estaba dispuesta a todo. Yo creo que todo estaba planeado desde antes y nos querían preparar para que pensemos que la asesina era una mujer”.

Después llegó un mensaje que las sobrecogió: una foto del tatuaje que Mónica tenía en la espalda, pero se notaba que la piel estaba viva.  “Como si fuesen los colombianos, pedían un rescate de 75.000 dólares y decían: ‘Necesitamos mercancía, si hacen ver esto a la Policía, a tu familiar Mónica la vamos a volver prostituta’. Por la foto pensábamos que mi hermana estaba viva y nos asustamos”.

En su desesperación, Lidia se hizo pasar por Mónica y fue a una telefónica a recuperar el chip de su hermana para poder ver su WhatsApp. “Yo desinstalé el mío para poder ver y fue un gran error porque se borró todo lo que yo tenía antes. El suboficial Quispe y Encinas me secuestraron mi celular, pero todas las llamadas, mensajes y pruebas que yo tenía desaparecieron por el error que cometí.  Los policías querían procesarnos como sospechosos a mí y a mi amigo técnico en celulares, por manipulación. Un absurdo”.

Lidia relató que pagaron el costo del trabajo de los peritos que iban a revisar el celular de Omar, pero grande fue su sorpresa cuando el suboficial les dijo que no hallaron nada. El técnico amigo de Lidia se fijó en que la marca y el modelo del teléfono examinado por los peritos no coincidían con la marca y el modelo del móvil que le secuestraron a Omar Fernández.

“Es decir que, a los peritos, les entregaron otro teléfono que no era el de Omar, para examinar. Gracias a mi amigo técnico nos dimos cuenta y exigimos ver el teléfono verdadero. Quispe se hizo al que buscaba y luego dijo: ‘Aquí había estado, se había caído’. No le creímos. Fue necesario repetir los peritajes y recién aparecieron los mensajes de Omar”, relató Lidia, muy molesta porque sospecha que el feminicida de su hermana intentó corromper a los investigadores para que lo encubrieran.

“Si no era mi amigo técnico que comparaba el acta de secuestro con el teléfono, nunca hubiésemos podido ver el contenido de celular real y estos cuatro feminicidios no se hubieran resuelto”, asegura Lidia. Otro policía del Trópico, Calizaya, se hizo cargo del caso “y recién se movieron las investigaciones”. Les comentaron que se requería de policías expertos en la recuperación de las conversaciones y otros materiales borrados en el celular de Omar. “Vinieron dos de Cochabamba, pagamos sus pasajes, alojamiento e hicieron su trabajo en unos pocos días”.

De esta manera, se verificó que Omar utilizó el chip de su madre para enviar algunos de los mensajes sobre Mónica. También se recuperó charlas del WhatsApp y se detectó que Omar parecía estar obsesionado con Mónica, por la forma en la que le hablaba; aunque ella no le daba esperanzas y le repetía que eran primos.

También se pudo evidenciar que Omar tenía contacto con Víctor Z., cuyo número de celular también fue usado para enviar los mensajes que simulaban ser los de una mujer despechada para advertir que algo podía pasarle a Mónica, un mes antes del feminicidio.  

Con estos descubrimientos, los investigadores policiales aprehendieron a Omar, pero éste se negaba a decir una sola palabra.

Amenazas de linchamiento

En las comunidades del Trópico, alrededor de Villa Tunari, había preocupación porque varias jóvenes mujeres estaban desaparecidas desde el año 2017 y la sola idea de hallar a los responsables movilizó a la gente de sindicatos y de la Federación del trópico y de Yungas para respaldar a la familia Olmos Herrada.

“No quería hablar al principio. Le amenazamos con quemarle a él y a sus tíos si no decía dónde tenía a Mónica. Primero nos dijo que la había vendido en el Tipnis, a los colombianos, pero no decía el lugar exacto. Mi mamá y yo le dijimos que le haríamos el doble de lo que le hizo a mi hermana y la comunidad estaba cada vez más enojada. Había policías, pero son poquitos. Se asustó y entonces declaró que Juan G., el exnovio de mi hermana, lo había contratado por 70.000 bolivianos para que se deshaga de Mónica”.

Para cumplir con ese “trabajo” se acercó a la joven y se presentó como su primo. Se ganó su confianza haciéndole regalos, llevándola a comer, conversando, pero, según la hipótesis principal, ya tenía todo planeado y actuó en complicidad con Víctor Z., conocido en la zona como Bola 8.

Fue él quien, en noviembre de 2020, comenzó a mandar mensajes de texto con amenazas hacia Mónica, como si la atacante fuese una mujer despechada, para que, más adelante, a la familia Olmos Herrada no le sorprendiera su muerte y que las sospechas sean desviadas hacia otras personas. Víctor Z. se abstuvo de declarar. Juan G. también optó por acogerse a su derecho al silencio.

Mónica Olmos Herrada fue encontrada el 10 de febrero de 2021, enterrada en un sector de Tres Arroyos, un atractivo lugar de pozas de aguas y bosques tropicales que está a 500 metros de la carretera a Villa Tunari. La necropsia confirmó que la joven fue estrangulada con un lazo, después de ser violada.   

En primera instancia, Omar Fernández declaró a la Fiscalía que el 19 de diciembre, Juan G. lo citó a él y a su amigo David Z. en el cruce de Paractito.

“Juan, El Colombiano, llegó en una camioneta Toyota Hilux y nos ofreció 70.000 bolivianos para hacer desaparecer a su ex enamorada, Mónica, porque ella estaba saliendo con otro. Quedamos en encontrarnos al día siguiente para ejecutar el trabajo”.

Omar Fernández, hoy preso con 30 años de sentencia

Según esa versión, el 20 de diciembre, Juan Denny G.M. llegó al sitio que habían acordado a las 20:30, llevando a Mónica maniatada y con la boca tapada con un trapo para que no gritara. Fueron hasta Tres Arroyos y caminaron hasta las orillas del río.

“Juan la desnudó, la violó e intentó dispararle a la cabeza, pero nos opusimos porque iban a escuchar el disparo. Nos preguntamos ¿cómo la matamos? y Juan dijo: ‘Como matar a un perro’. Tomó un lazo y la ahorcó. Nosotros no la matamos, solo la enterramos”, declaró. Sin embargo, esta declaración no coincide con otros hechos, como los mensajes de amenazas que empezaron un mes antes y la existencia de testigos que vieron un vehículo estacionado, frente a la casa de la familia Olmos, la noche del 20 de diciembre, con varias personas en el interior.

Delante de los comunarios, Omar juró que no sabía nada de las otras mujeres desaparecidas, pero después confesó que había una víctima más, enterrada muy cerca de la fosa donde se halló a Mónica.  El 24 de febrero, hallaron a Nayeli Lizarazu y el 1 de marzo exhumaron a Beatriz García Ustariz y Margarita Maldonado Rodríguez.

Omar se inculpó de los cuatro feminicidios, pero los indicios apuntan a que, al menos otros dos hombres, Juan Denny G.M. y Víctor Z.R. participaron de estos crímenes. Ambos están detenidos preventivamente en El Abra y en San Sebastián.

• Mónica Olmos Herrada: En la foto se la puede ver de rojo. Tenía 25 años cuando desapareció el 20 de diciembre de 2020. El 10 de febrero de 2021 fue encontrado su cuerpo.
• Nayely Lisarazu Acuña: Tenía 19 años cuando desapareció el 15 de febrero de 2020. Aparece en el panel de fotos abajo a la izquierda. Encontraron sus restos el 24 de febrero de 2021.
• Beatriz García Ustariz: Tenía 29 años cuando perdió la vida. Estaba desaparecida desde el 15 de agosto de 2017. Hallaron su cuerpo el primero de marzo de 2021.
• Margarita Maldonado Rodríguez: Tenía 25 años cuando la mataron. Estaba desaparecida desde el 27 de septiembre de 2019. El mismo día que encontraron el cuerpo de Beatriz, el primero de marzo de este año, hallaron sus restos. En el panel de fotos se la puede ver arriba a la izquierda.

La desaparición de personas se convierte en un caso penal recién al tercer día

El director departamental de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen, coronel Rolando Rojas, explicó que es la División de Trata y Tráfico la que recibe las denuncias de desapariciones de personas, independientemente del sexo, la edad o la naturaleza del hecho. “De acuerdo a un protocolo definido en una convención, se reciben los casos, se hace un reporte y después de 3 días se hace la apertura de un caso ante la Fiscalía, si es que la persona no ha aparecido”.

Este protocolo está basado en la experiencia. En la mayoría de las denuncias, se descubre que las personas tuvieron algún conflicto familiar y se fueron por dos o tres días y luego vuelven. Otros se van a beber durante dos días, viajan o se van por algún interés, pero retornan a sus casas y las denuncias se caen.

“Abrir un caso penal implica la realización de actuados investigativos, notificar a Fiscalía, burocracia y la necesidad de seguir los procedimientos hasta la conclusión de los plazos procesales. Es un desgaste del escaso personal con que se cuenta y el protocolo busca evitar la carga procesal innecesaria”.

Coronel Rolando Rojas, director departamental de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen

Para atender al Trópico, por ejemplo, la FELCC solamente tiene 14 efectivos asignados a las diversas divisiones de esa unidad y están distribuidos en al menos tres municipios. En Villa Tunari, “son tres o cuatro los policías que trabajan en cada servicio”.  En relación a la coordinación con la fuerza antiviolencia, sí ocurre cuando el policía de la División Trata y Tráfico comprueba la desaparición y detecta indicios de que la mujer era víctima de violencia y su agresor es un sospechoso de su ausencia.

Comisión especial de la FELCV completará pesquisa de los feminicidios

Los cuatro casos de feminicidio ya fueron derivados a la Fuerza Especial de Lucha contra la Violencia (FELCV) por la fuerza anticrimen de Villa Tunari y se designará un equipo “en comisión” que se dedicará únicamente a estas investigaciones, después de las elecciones subnacionales. Para ello, se enviará a Villa Tunari a un investigador especializado de la FELCV, para trabajar con los otros efectivos de la zona donde ocurrieron los crímenes, confirmó el director departamental de la FELCV, coronel Rubén Darío Lobatón.

Por el momento, no existe información de la existencia de más cuerpos de mujeres desaparecidas que estén enterrados en Tres Arroyos. “Pero revisaremos con la Fiscalía toda la documentación acumulada y veremos, como un tema aparte, si hubiera indicios”. Respecto al temor expresado por las familias de las víctimas, sobre la posibilidad de que Juan G.M. y David Z.R. salgan en libertad dentro de seis meses, por las nuevas normas de detención preventiva que ya están en vigencia, Lobatón dijo que pedirán, a través del Ministerio Público, que la medida de la detención preventiva de estos dos sospechosos hasta que se esclarezcan los hechos.

Consultado sobre el número de policías asignados a la Unidad de la FELCV de Villa Tunari, Lobatón dijo que hay tres por servicio. “Claro que el número es insuficiente. Se necesitarían al menos seis por servicio y ampliar ambientes, pero es con lo que se cuenta”. La FELCV ocupa “un cuartito” en el Comando Policial de Villa Tunari.

El jefe policial dijo que, de acuerdo al procedimiento establecido, los casos de desapariciones de personas deben ser denunciados y atendidos por la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen. “Pero cada caso es diferente y hay que analizarlo, si se detectan indicios de que la desaparecida era víctima de violencia, la FELCC coordina con la FELCV, pero la instancia que debe determinar esto, en el marco de la investigación preliminar, es la FELCC”, describió.

La entrada La familia de Mónica tuvo un papel clave en el caso de los feminicidios en Tres Arroyos se publicó primero en Guardiana.

Jueves 12 de noviembre de 2020.- Tenía solo 23 años cuando vio por última vez la luz de la vida. Selena Caballero Rodríguez fue la primera víctima de feminicidio de 2020 en Cochabamba. La mataron el 2 de enero. Como ella, otras 13 mujeres, nueve de ellas jóvenes entre 13 y 30 años, han perdido la vida entre enero y el 5 de noviembre de este año en la Llajta y solo dos hombres han recibido sentencia para purgar su pena en la cárcel de El Abra.

La Fundación Voces Libres que cuenta con un observatorio de justicia que acaba de cumplir el 11 de octubre un año de existencia en Cochabamba haciendo seguimiento del estado de los procesos contra agresores, sobre todo en casos de violencia hacia las mujeres, niñas y niños, ha hecho notar que la mitad de las víctimas vivía y perdió la vida en la provincia Quillacollo en municipios como Vinto, Tiquipaya, El Paso y Quillacollo. A otras tres mujeres las mataron en el Trópico de Cochabamba, en municipios como Shinahota y Villa Tunari.

Nueve de los agresores tienen detención preventiva, dos ya fueron sentenciados a 30 años de cárcel (máxima pena reconocida en la Constitución), el mismo número de sentenciados que en 2019 en Cochabamba. Otro de los agresores se suicidó y otros dos están prófugos. A cuatro de las víctimas las mataron estrangulándolas; otras cuatro fueron apuñaladas; a cuatro las asesinaron a golpes; una fue atropellada y a otra le dispararon.

De los 18 huérfanos que, en realidad podrían ser más porque no se cuenta con los datos exactos, unos pocos quedaron al cuidado de tíos, abuelos y otros fueron derivados a centros de acogida u hogares. El Estado no prevé un presupuesto para garantizar los estudios, manutención y sanidad emocional de estos niños y adolescentes.

Círculo de violencia

En una docena de los 14 casos, las víctimas conocían a su agresor de manera íntima. Eran esposos, concubinos, novios o enamorados. Los agresores tienen entre 24 y 75 años. En un caso, el criminal era un conocido de la víctima y en otro se desconoce quién es el autor.

Además, se debe hacer notar que en muchos de los casos existía violencia en la vida de las mujeres que terminaron muertas. A esto se le denomina círculo de violencia porque el agresor suele pedir perdón a la víctima después de haberla agredido, ella le perdona y luego nuevamente vuelve a producirse otra agresión que muchas veces va escalando desde la violencia psicológica o verbal hasta la física.

En el artículo séptimo de la Ley 348, aprobada en marzo de 2013 para disminuir la violencia hacia la mujer en Bolivia, se especifican 16 tipos de violencia que se pueden cometer contra una mujer. Las menos conocidas y reconocidas por la gente suelen ser la psicológica y verbal porque la sociedad tiende a naturalizar los insultos y agresiones hacia las mujeres y también hacia las niñas, niños y adolescentes.

Por ello, es importante que los familiares, amigos y conocidos de las víctimas denuncien al agresor ante la Fuerza Especial de Lucha contra la Violencia para evitar que ellas terminen un día muertas. Así, más de un feminicidio podría ser evitado en Bolivia.

¿A qué números puedes llamar de la Fuerza Especial de Lucha contra la Violencia para denunciar?

• Piloto central: 800140348
• Cochabamba: 60707069
• La Paz: 61000523
• El Alto: 72042202
• Santa Cruz: 72042264
• Oruro: 62805818
• Beni: 72042709
• Chuquisaca: 72042698
• Pando: 72042740
• Tarija: 78241690
• Potosí: 72042202

En enero, tres víctimas

A Selena Caballero Rodríguez de 23 años la mataron en Quillacollo, municipio que se encuentra en la provincia que lleva el mismo nombre a casi 14 kilómetros de distancia de la ciudad de Cochabamba y yace a los costados de la carretera que lleva a Oruro y La Paz. El concubino de Selena de 34 años la habría matado el 2 de enero a golpes con un bate. Ahora, él guarda detención en el penal de El Abra. Ella no tenía hijos con él.

En este caso hubo violencia anterior a la muerte de Selena. No se sabe con exactitud durante cuántos años, pero el hermano de la víctima contó a los medios de información que fueron por lo menos dos años. Ella le tenía miedo a su concubino. Quería escapar ya un mes antes de su muerte. Pidió ayuda para hacerlo. Entonces, su hermano contó que le habían sugerido que denuncie al agresor, pero ella le tenía mucho miedo. De hecho, antes de morir, la habían visto con una herida en el rostro, cerca de la nariz.

La segunda víctima del año en Cochabamba también fue víctima de violencia tiempos antes de su muerte. A Gisela Alvarado de 23 años que tenía una pequeña hija de menos de cinco años también la habría estrangulado el 7 de enero su concubino de 30 años. El hermano de ella llegó a llevarla al hospital Viedma, pero falleció.

El caso de la tercera víctima de enero en Cochabamba fue un tanto distinto. Dayana Quiroz Ramos de 21 años había llegado de Chile unos días antes para pasar las fiestas de fin de año. Trabajaba en el vecino país para ayudar económicamente a su familia en Cochabamba. Uno de cuatro hombres arrestados inicialmente por su muerte confesó haberla estrangulado. Tiene 24 años y está detenido en el penal de San Sebastián de Cochabamba.

Dos mujeres apuñaladas en febrero

El 3 de febrero, Vinto, municipio de la provincia Quillacollo, fue nuevamente el escenario de un feminicidio. Esta vez se trataba de Martha Ramos García de 30 años que perdió la vida con seis puñaladas supuestamente dadas por su pareja de 31 años que luego se quitó la vida. No se sabe si tenían o no descendientes.

Unos días después, el 12 de febrero, otra mujer murió apuñalada en Quillacollo. Era Cinthia Mencía Rocha de 30 años. Ella había egresado de la carrera de Derecho y era la mamá de tres niños de  dos, siete y 12 años. Su esposo está detenido en el penal de El Abra por su muerte; pero aún no tiene sentencia.

Este es uno más de los casos en los que había antecedentes de violencia. Su esposo supuestamente ya la había amenazado de muerte un año antes. Ella dio parte a las autoridades, pero luego no formalizó la denuncia. Por ello, en la Fuerza Especial de Lucha contra la Violencia indicaron que los padres intercedieron para reconciliar a la pareja.

Si bien la Ley 348 permite por una única vez la reconciliación entre el agresor y su víctima, esto puede ocurrir solo si la vida de ella no corre riesgo. Este sería un caso típico en el que tal reconciliación no debió darse y menos propiciada por los propios familiares.

Marzo sin casos y uno en abril con sentencia

En marzo no se reportó caso alguno y al mes siguiente, el 5 de abril, se produjo el feminicidio de Inés Higuera Mosquera de 61 años en Villa Tunari, corazón del Chapare. Su esposo Constantino Loza M. fue sentenciado a 30 años de prisión.

Un feminicidio en mayo y uno en junio

El 26 de mayo perdió la vida Albina Villarroel Gutiérrez de 70 años en Punata, a 38 kilómetros de la ciudad de Cochabamba. No se sabe si tenía hijos con su pareja de 75 años que ahora está acusada de haberla matado a golpes y guarda, por ello, detención. En el mes de la Madre fue el único feminicidio.

El 18 de junio cerró los ojos para siempre Cirila Miranda Gutiérrez de 42 años. Fue estrangulada en Arbieto, población cercana a La Angostura de Cochabamba, a unos 39 kilómetros de la urbe cochabambina. Habría sido victimada por su esposo de 46 años, quien está detenido. Tenía tres hijos que ahora han quedado huérfanos.

Dos víctimas en julio y otras dos en agosto

Soledad Llallagua de 36 años perdió la vida en manos de su agresor a sus 36 años en El Paso (Quillacollo) el 25 de julio. Dejó tres hijos ahora huérfanos. Fue atropellada con un camión supuestamente por su pareja de 36 años que tenía otra familia con cuatro hijos. Ahora él está en El Abra aún sin sentencia.

Dayneth Choque L. de 22 años fue la otra víctima en julio. Murió el 30 de ese mes golpeada y quemada. Inicialmente se pensó que fue un accidente por la explosión de una garrafa en Tiquipaya, que la afectó a ella en el 80 por ciento de su cuerpo y algo a su pareja. Sin embargo, después se supo que se trató de un feminicidio por el que ahora el hombre de 25 años está detenido en El Abra.

El 11 de agosto, Betsabé Alacia Zelada de 24 años murió víctima de un disparo realizado por su novio Boris Mina Alanes de 34 años que fue sentenciado en un juicio abreviado a 30 años de prisión en El Abra. Como en otros casos, existía una historia de violencia previa a la muerte de la víctima.

El segundo caso de agosto fue el de Florinda Sánchez Apaza de 27 años que falleció el 23 de ese mes estrangulada supuestamente por su pareja de 32 años que ahora se encuentra en El Abra.

Una adolescente apuñalada en septiembre

Erika Serrudo Miranda de 13 años fue apuñalada el primero de septiembre de este año en Shinahota (población ubicada en el Chapare entre Villa Tunari y Chimoré), por un hombre que está prófugo.

La primera víctima de noviembre

El 5 de noviembre, Bertha Peña Choque de 39 años fue apuñalada en Villa Tunari supuestamente por su pareja que está prófuga. La víctima tenía dos hijos que ahora han quedado huérfanos.

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Domingo 11 de octubre de 2020. Presupuesto para la implementación global de la Ley 348 de lucha contra la violencia hacia la mujer; fortalecimiento de la justicia y un currículo educativo que aborde la problemática como prevención, además del respeto a la paridad en la participación política, son las principales medidas que los seis candidatos a la presidencia debieran incorporar en sus programas de gobierno mediante políticas estructurales.

Las propuestas surgen de personas inmersas en la lucha contra la violencia de género, como Mónica Novillo, de la Coordinadora de la Mujer; Paola Barriga, abogada penalista que lleva adelante la defensa de víctimas de feminicidio; y Mónica Bayá, secretaria Técnica de la Comunidad de Derechos Humanos.

Luego de una revisión a los programas de gobierno de los partidos en carrera hacia las elecciones de este 18 de octubre, se puede ver que Comunidad Ciudadana (CC), el Movimiento al Socialismo (MAS), Creemos y Libre 21 tienen algunas propuestas, mientras que el resto no menciona siquiera la palabra mujer.

“Toda esta desvalorización —dice Barriga— que se tiene hacia la mujer, hacia la niñez, toda esta falta de atención debe ser reestructurada y hoy los partidos políticos por lo menos debían proponer nuevas políticas de Estado pero estructurales (…) y para ello no he escuchado de ningún partido una estructura que nos motive a entender que sí van a luchar contra este flagelo”.

89 feminicidios a la fecha

A octubre de 2020, en Bolivia se han producido en lo que va del año 89 feminicidios, de los cuales solo 11 tienen sentencia, y son más de mil infantes, niños, niñas y adolescentes que sufrieron violaciones sexuales, de acuerdo con las cifras del Ministerio Público, al 29 de septiembre de este año.

Los datos muestran que la violencia continuó durante el confinamiento rígido por la Covid-19, entre marzo y junio de este año, una evidencia de que para las mujeres, infantes, niños, niñas y adolescentes su hogar es uno de los espacios menos seguro.

En un balance sobre la Ley 348 desde que esta fuera aprobada en marzo de 2013 se puede notar que desde entonces hasta diciembre de 2019 se produjeron 674 feminicidios y únicamente en el 32 por ciento existe una sentencia (218 casos).

Si se toma en cuenta que en 2013 hubo 26 feminicidios y en 2019, 117, se tendría por resultado que este tipo de violencia extrema subió en un 450 por ciento desde que se aprobó la Ley 348, según los datos de la Plataforma Ciudadana por el Acceso a la Justicia y los Derechos Humanos.

Sin presupuesto

Si bien la Ley Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia 348, promulgada en marzo de 2013, tiene una visión completa y establece un conjunto de políticas para la prevención y la protección, sanción y reparación en casos de violencia, desde su nacimiento no cuenta con un presupuesto específico, lo que frena su aplicación total, pese a que tiene siete años de vigencia.

“Una primera demanda —dice al respecto Mónica Novillo— que tiene que ser resuelta es que se deben asegurar recursos para la lucha contra la violencia, para que funcionen las instancias de denuncia, el desarrollo de campañas de prevención, incluido el currículo educativo, y asegurar que las víctimas y sus familiares tengan acceso a la justicia”.

La Secretaria Técnica de la Comunidad de Derechos Humanos agrega que una de las grandes tareas es cerrar la brecha entre lo que dice la normativa y lo que realmente se hace respecto a la erradicación de la violencia hacia las mujeres.

Cuando Guardiana consultó a las tres entrevistadas sobre el monto requerido para la implementación de la Ley 348, respondieron que no se tiene el dato preciso porque cada instancia es diferente.

“La Ley 348 no ha partido de un presupuesto que determine cuánto es lo que se requiere, no vino con una ley (adicional) para acompañarla con un presupuesto para su implementación”, remarcó Bayá.

La abogada Barriga agrega que mientras la aplicación de la Ley 348 no esté acompañada de recursos económicos no será funcional a la sociedad, se quedará solo en retórica.“Está escrita y lamentable no la podemos aplicar”.

Los problemas

Cada una de las instancias que forma parte de la cadena de atención a las víctimas –agrega Bayá— enfrenta grandes limitaciones para cumplir con su labor como la insuficiente cantidad de recursos humanos, falta de personal especializado, ausencia de equipos multidisciplinarios de atención a las víctimas e inestabilidad laboral.

Continúan los constantes cambios de personal en la Policía, Fiscalía, defensorías y Servicios Legales e Integrales para la Mujer (SLIM), con lo cual la inversión que se ejecuta en capacitación de recursos humanos se constituye en una pérdida por esa constante rotación. Y esta observación tiene larga data y a pesar de ello poco o nada se ha hecho.

Urge —acota Bayá— el fortalecimiento de la Fuerza Especial de Lucha contra la Violencia (FELCV), al igual que los servicios municipales o el Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF), así como una mayor capacidad del Órgano Judicial.

La abogada Paola Barriga resalta la necesidad de otorgar recursos a la Policía, en su división de protección a la mujer. “El momento en que llaman las víctimas, la policía no tiene presupuesto ni para gasolina; no tiene ambulancia, no cuenta con los mecanismos necesarios de defensa”

La Ley 348 determina un conjunto de instancias especializadas para la atención de la violencia, por ejemplo en el área judicial se determina la creación de juzgados y tribunales especializados que aún no se cumple.

Bayá informa que el Consejo de la Magistratura presentó una propuesta para la creación de alrededor de 48 juzgados y tribunales especializados en género; sin embargo, a la fecha solo se han creado 27, los que tienen una enorme sobrecarga.

Existen fiscales que tienen hasta mil procesos de violencia familiar, mientras que en las defensorías una sola funcionaria hace el papel de secretaria, psicóloga, trabajadora social. Esta escasez de personal da pie a la corrupción, pues hay gente que busca agilizar sus citas con las diferentes instancias.

Además, añade la abogada penalista, existe solo un tribunal de sentencia en el país, que atiende los casos más graves, eso implica que los demás procesos llegan a las instancias ordinarias, “incumpliendo la Ley 348”.  

Al menos un tercio de los delitos que se produce en el país corresponde a la violencia contra mujeres y niñas; sin embargo, no se ha desarrollado la capacidad de atención.

El funcionamiento de un juzgado demanda alrededor de 300 mil bolivianos por año y si bien no es un monto significativo, no se ha realizado esta inversión.

Solo La Paz y Cochabamba tienen IDIF

Las entrevistadas señalan que es necesario contar con un IDIF en Santa Cruz, con todos los laboratorios forenses, pues este departamento tiene un alto índice de delitos de violencia contra las mujeres.

Actualmente solo La Paz y Cochabamba tienen IDIF a dónde pueden acudir las víctimas del resto de los departamentos con las consiguientes demoras, contaminación de pruebas e incluso riesgo de pérdida de algunos indicios.

Se suma la necesidad de contar con un mayor número de albergues para las mujeres víctimas.

Novillo considera que también es importante trabajar en la rehabilitación de los agresores, una política que no ha sido desarrollada.

Sin embargo, en opinión de Bayá, la crisis generada por la pandemia Covid-19 afectará aún más a los ingresos de las instituciones destinadas a tratar el tema.

Educación para la prevención

El segundo pilar necesario es la prevención, junto a la educación. Hasta el momento se ha difundido la ley, junto a un par de líneas gratuitas, para que las mujeres sepan que pueden denunciar, un importante avance, sin embargo, su alcance se limita a las áreas urbanas, no así a los sectores periurbanos y rurales, advierte Bayá.

La Directora de la Coordinadora de la Mujer informó que existen “fuertes resistencias” en el Ministerio de Educación, cuando es esta instancia la que debe promover la inclusión de temas de igualdad de género, derechos de las mujeres, puntos que no están en el currículo.

“Es también una deuda pendiente —hizo notar Novillo— porque es a partir de la educación y la comunicación que se pueden asegurar cambios en las formas de ver las relaciones de desigualdad entre hombres y mujeres”.

La Secretaria Técnica de la Comunidad de Derechos Humanos planteó la necesidad de un espacio en el que se aborde a profundidad, de manera metodológica, la problemática de la violencia contra la mujer a partir de las causas estructurales que subyacen que tienen que ver con las desigualdades.

Por tanto, es necesario trabajar con los niños y niñas desde temprano sobre normas de conducta, valores, respeto a la igualdad y eliminar las brechas de desigualdad de género entre hombres y mujeres, que permiten el mantener criterios de subordinación de control que consideran a las mujeres como un objeto.

Barriga agrega que además se debe reestructurar el pénsum de educación en el Colegio Militar y en los centros policiales, porque se evidencia “una cantidad impresionante de víctimas de violencia por personas uniformadas”.

Participación política

De acuerdo con la Coordinadora de la Mujer, si bien existen avances en relación a la presencia de las mujeres en los espacios de decisión, al mismo tiempo las féminas confrontan situaciones de violencia y acoso. “El incremento de la participación política va de la mano con el incremento de  violencia y acoso político”, señala Novillo.

La Ley 026 del Régimen Electoral establece que las candidaturas deben cumplir la paridad y alternancia de género como requisito; en caso de incumplimiento, se establecerán las sanciones correspondientes.

Comunidad Ciudadana (CC) y el Movimiento al Socialismo (MAS) prácticamente cumplen con los criterios de paridad. Creemos está en un 80% de cumplimiento mientras que el Frente para la Victoria (FPV) solo llega al 40%, según la verificación de la Coordinadora de la Mujer.

“En el actual proceso electoral, los partidos aún no cumplen con los criterios básicos de paridad y corren el riesgo de que sus listas sean rechazadas  por el Órgano Electoral. Van a llegar a la elecciones sin haber cumplido los criterios de paridad”, advirtió Novillo.  

“La democracia intercultural boliviana garantiza la equidad de género y la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres. Las autoridades electorales competentes están obligadas a su cumplimiento, conforme a los siguientes criterios básicos: a) Las listas de candidatas y candidatos a senadoras y senadores, diputadas y diputados, asambleístas departamentales y regionales, concejalas y concejales municipales, y otras autoridades electivas, titulares y suplentes, respetarán la paridad y alternancia de género entre mujeres y hombres, de tal manera que exista una candidata titular mujer y, a continuación, un candidato titular hombre; un candidato suplente hombre y, a continuación, una candidata suplente mujer, de manera sucesiva”.

Artículo 11 de la Ley de Régimen Electoral 026

Cobertura mediática

Al aumento de la violencia y acoso político, además del incumplimiento en la paridad, se suma la invisibilización de las mujeres por parte de los medios de comunicación, problema también muy antiguo.

Un estudio que realizó la Coordinadora de la Mujer en 2009 mostró que la cobertura mediática de los medios de comunicación sobre la participación de las mujeres en las elecciones no alcanzaba ni al 1 por ciento.

 En 2014, se realizó un nuevo estudio y la cobertura llegó al 1,7%. “Estamos hablando de periodos electorales en los que las mujeres ocupaban ya el 50% de las listas, por tanto, hay un grado de invisibilización de las mujeres en los espacios de decisión de sus demandas y de propuestas”.

Las propuestas de los partidos

CC propone un Ministerio de las Mujeres

La creación de un Ministerio de las Mujeres es la principal propuesta del partido liderado por Carlos Mesa, en relación a los derechos de género y lucha contra la violencia hacia la mujer.

El plan de gobierno de CC promete un ministerio sólido, que promueva el ejercicio de los derechos de las mujeres establecidos en la Constitución Política del Estado (CPE), la normativa conexa y los convenios internacionales suscritos por Bolivia.

También asegura que este ministerio acompañará las prioridades nacionales de desarrollo sostenible, políticas sociales universales, un sistema de políticas de cuidado y transformaciones éticas.

En cuanto a los derechos de las mujeres, CC señala que se busca una sociedad donde se brinde igualdad de oportunidades, se fortalezca el empoderamiento político y liderazgo de las mujeres en todos los ámbitos, el trabajo sea remunerado en forma igualitaria, apoyo al emprendedurismo y autonomía económica de las mujeres.

Asimismo, asegura acceso a servicios de salud de calidad  que las mujeres “estén libres de violencia y de acoso, velando porque su integridad y la de sus hijos e hijas estén plenamente protegida”.

Comunidad Ciudadana asegura que la eliminación de la violencia será una política de Estado que involucre también a los gobiernos subnacionales y comprometa a la sociedad civil.

“Aseguraremos que toda mujer víctima de violencia reciba atención oportuna, que las instancias judiciales actúen con rapidez, transparencia y eficiencia, que se evite la revictimización y que se proteja a las mujeres impidiendo que los agresores interactúen con ellas mientras dure el proceso”.

La política hacia las mujeres operará a tres niveles: prevención, para la transformación de patrones culturales, sociales, políticos y económicos que naturalizan la violencia hacia las mujeres; atención, para contar con un sistema integrado de atención para el acceso a la justicia de mujeres víctimas de violencia; y fortalecimiento institucional, para contar con las entidades y capacidades adecuadas.

El MAS declara prioridad la lucha contra el feminicidio

El partido liderado por Luis Arce Catacora que estuvo casi 14 años en el poder promete que será una prioridad nacional la lucha contra el feminicidio y la violencia hacia las mujeres, niñas y adolescentes.

Creemos promete impulso presupuestario

En el programa de la agrupación que tiene a Luis Fernando Camacho como candidato a la Presidencia, destaca la promesa de dar un impulso decidido, en términos políticos y presupuestarios, para fortalecer la lucha contra la violencia de género, en el marco de las disposiciones de la Ley 348, que permita reducir el número de feminicidios y de violaciones el año 2025 a menos de la mitad de las producidas el año 2019.

Creemos propone la aplicación de medidas que permitan el acceso independiente al mercado laboral para las mujeres víctimas de violencia. Además de la emisión de una ley que establezca que las empresas con más de 50 trabajadores deberán contratar como mínimo a una (1) mujer que haya sufrido o esté sufriendo violencia de género, calificada por las autoridades competentes.

Acciones para enfrentar la trata de personas es otro de los planteamientos de Creemos. “El Poder Ejecutivo deberá instruir a la Policía Boliviana que establezca un equipo de tarea dentro de la Fuerza Especial de Lucha contra la Violencia (FELCV), para que implemente acciones de prevención y control que eviten la generalización de casos de trata de personas”.

Libre 21 plantea Defensoría de la Mujer

La agrupación Libre 21, con Jorge Tuto Quiroga como candidato a la Presidencia, promete la creación de la Defensoría de la Mujer que fortalecerá el empoderamiento de las mujeres de sus derechos, la implementación del programa de detección temprana de violencia contra la mujer, con la creación de centros de atención inmediata e integral a la mujer víctima de violencia (techo, comida, apoyo económico).

El programa también plantea endurecer las penas de violencia contra las mujeres e intrafamiliar, con la sumatoria de penas para autores de violencia contra la mujer y la cadena perpetua para los feminicidas.

Asegura la creación de oportunidades de capacitación, laborales y de emprendimiento para las mujeres.

Se compromete a proteger a las madres solteras y a priorizar su atención en los servicios públicos.

PanBol y el Frente para la Victoria no tienen propuesta alguna sobre el tema.

Propuestas de la Coordinadora de la Mujer

La Coordinadora de la Mujer diseñó una agenda con los principales temas de preocupación a nivel nacional en la promoción y defensa de los derechos de las mujeres, con los siguientes ejes:

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Domingo 23 de agosto de 2020.- Adan Boris Mina Alanes fue sentenciado este domingo a 30 años de prisión sin derecho a indulto por la muerte de Betsabé Mara Alacia (24 años). La pena la deberá cumplir en la cárcel de El Abra.

La sentencia fue dictada por la jueza de Sipe Sipe, Carla Antequera, mediante un juicio abreviado al que decidió someterse quien fuera teniente de Policía, para no afectar más a sus familiares puesto que su hermano Róger Mina y su cuñada Cynthia de Mina también fueron detenidos por encubrimiento para ayudarle para escapar. A estos dos últimos, la justicia les dio ayer dos años de prisión en los penales San Sebastián varones y mujeres.

Fueron 13 los días en que la madre de Betsabé recorrió calles, visitó medios de información y se puso de rodillas pidiendo al acusado que le devolviera a su hija, su única hija. Pero no pasó.

Ocho días después de que la familia denunciara la desaparición de Betsabé, el 19 de agosto fueron encontrados algunos restos humanos quemados en la zona de la Maica (Cochabamba), pero hasta este domingo por la mañana, no se tenía certeza de que fueran de Betsabé mediante análisis forense; aunque el acusado confesó que sí eran de ella; pero aseguró que ella se suicidó.

Sin embargo, los estudios del ingreso y salida de la bala del disparo con el que se victimó a Betsabé demuestran que no pudo tratarse de un suicidio.

Este domingo, la madre de Betsabé pidió de rodillas al exteniente que diga dónde se halla el resto del cuerpo de la universitaria.

Un hombre violento

El Departamento de Análisis Criminal e Inteligencia (DACI) y la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (FELCV) de Cochabamba dieron con el acusado en un alojamiento de Montero (Santa Cruz). Planeaba irse a Brasil.

ATB difundió la información de que ya el año 2018 el teniente Adan Boris Mina Alanes fue denunciado por secuestro y tentativa de feminicidio.  Supuestamente secuestró a su expareja y la retuvo en una vivienda. Posteriormente la llevó a una zona boscosa donde pretendía matarla a golpes.

Sin embargo, la víctima llamó a sus familiares que pidieron auxilio a la Policía e incluso esta encontró al uniformado intentando matar a golpes a la que entones era su pareja. Pero, no fue entonces arrestado, únicamente le dijeron que se retire.

La Fiscalía deberá responder por qué no actuó de oficio en este caso y llevó al expolicía hasta la justicia. Incluso cuando la víctima desiste, la Fiscalía tiene la obligación de tomar el caso como dispone la Ley 348.

Violación a presunción de inocencia

Cuando el ministro de Gobierno, Arturo Murillo, presentó el último sábado a Adan Boris Mina Alanes y a las otras dos personas detenidas, este ministro lo llamó “asesino” y “criminal”, a pesar de que él mismo admitió ese día que aún no se sabía con certeza si los restos encontrados en La Maica corresponden o no a la desaparecida de 24 años.

Luego pidió a los uniformados que quitaran el barbijo a las personas arrestadas para que los medios de información pudieran filmar y sacar fotografías para que se las conozca bien y dijo sus nombres y apellidos.

Existe tanto en Bolivia como a nivel internacional el derecho a la presunción de inocencia, reconocido como tal por la Constitución boliviana. Sin embargo son las mismas autoridades como el Ministro de Gobierno las primeras en atropellar dicho derecho.

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Miércoles 24 de junio de 2020.- Colombia ha decidido incorporar en su legislación la cadena perpetua para castigar a los asesinos y violadores de niñas, niños y adolescentes. No es el único en Sudamérica. Perú aplica la misma sanción a los violadores de niñas y niños de 10 años, y para los feminicidas. Argentina hace lo propio en ambos casos.

En cambio, Bolivia tiene castigos de hasta 30 años de prisión sin derecho a indulto para los mismos delitos. Las condenas de 20 a 25 años de presidio son para casos de violación de menores de 14 años. De evidenciarse alguna de las 11 agravantes o la muerte de la víctima, la sanción sube a 30 años sin derecho a indulto (asesinato o feminicidio).

Para los infanticidios, el artículo 258 del Código Penal ordena una sentencia de 30 años de cárcel para quien le quite la vida a un niño o niña de hasta 12 años que hubiera sido víctima de violencia física, psicológica o sexual.

La Fiscalía General informó que durante la cuarentena total, entre el 22 de marzo y el 31 de mayo, hubo 118 casos de violación a infantes, niñas, niños y adolescentes. Y entre enero y el 22 de junio fueron registrados 32 infanticidios y 54 feminicidios.

Autoridades policiales y de la Fiscalía recomiendan a padres y madres y madres no descuidar a sus hijos e hijas, e insisten en que prácticamente la totalidad de casos son protagonizados por parientes o gente cercana al entorno familiar.

Según reporte de la Fiscalía General de Bolivia, entre el 22 de marzo, fecha en que comenzó la cuarentena más estricta en Bolivia y el 31 de mayo, aún en cuarentena, la violencia sexual se presentó en 2.935 casos de acuerdo al siguiente detalle en que las víctimas fueron mujeres, niñas, niños y adolescentes.

Caso colombiano

El jueves 18 de junio, el Senado colombiano aprobó una reforma del artículo 34 de la Constitución Política del Estado que decía: “Se prohíben las penas de destierro, prisión perpetua y confiscación. No obstante, por sentencia judicial, se declarará extinguido el dominio sobre los bienes adquiridos mediante enriquecimiento ilícito, en perjuicio del Tesoro público o con grave deterioro de la moral social”.

Sin embargo, la modificación incluye la posibilidad de que la condena a cadena perpetua pueda ser revisada después de 25 años de dictada la sentencia. Según el medio digital Semana, el Gobierno de Iván Duque tiene un año para reglamentar la aplicación de la medida.

Perú y Argentina

Perú ya tiene un castigo en su Código Penal. Recibirá cadena perpetua quien viole a una víctima menor de 10 años, dice el artículo 173. Si tiene entre 10 y 14 años, la condena será de entre 30 y 35 años de prisión. La perpetuidad de la condena también será aplicada en caso de que la víctima muera o sufra lesiones graves en la violación.

De igual manera, la cadena perpetua para quienes cometen el delito de feminicidio (art. 108B) con al menos dos de siete agravantes anotadas, entre ellas si la víctima era menor de edad o si previamente fue sometida a violación o mutilación.

En Argentina, el artículo 80 del Código Penal impone reclusión perpetua a quien mate a algún ascendiente o descendiente, cónyuge o excónyuge, o a la persona con quien mantiene o ha mantenido una relación de pareja, con o sin convivencia. El mismo castigo va para la persona que quite la vida por placer, codicia o por razones de género u orientación sexual.

La norma argentina indica que la sanción es de seis meses a cuatro años de cárcel si la víctima es menor de 13 años o si el abuso es cometido con violencia, amenaza o intimidación. La condena es de cuatro a 10 años de cárcel si hay ultraje, y de seis a 15 años en caso de que hubiese acceso carnal

La sentencia va de ocho a 20 años de presidio en casos con agravantes como, por ejemplo, si la víctima es menor de 18 años y el abusador aprovecha una convivencia preexistente, o que el hecho fuere cometido por dos o más personas.

El caso boliviano

En Bolivia, la cadena perpetua no tiene cabida, al menos entre abogados, activistas por los derechos humanos y sectores políticos.

En el gobierno de Evo Morales hubo planteamientos recogidos en la Cumbre Judicial de 2016. El diario Los Tiempos recuerda que se hicieron recomendaciones entre las que figuraban la suma de sentencias para delitos relevantes y la cadena perpetua para casos de violación de niñas y niños seguida de muerte.

Al año siguiente, el entonces vicepresidente Álvaro García Linera anunciaba la posibilidad de hacer una consulta mediante las urnas.

“Estamos haciendo una nueva ley con el Presidente. Al violador de niños y niñas con muerte, pena perpetua. Se va a quedar 100 años en la cárcel, no va a salir nunca, nadie lo va a sacar, vamos a cambiar la ley, vamos a hacer un referéndum”, había dicho el 20 de mayo en la altiplánica localidad de Viacha, en La Paz.

El abogado Marco Loayza de la Fundación Construir le dijo a Guardiana que aumentar el castigo no garantiza la disminución de la criminalidad. “Son medidas de populismo penal que siempre se escuchan bien para la gente”.

Agregó que los expertos en derecho internacional aplauden las medidas progresivas y no regresivas que resguárdenlos derechos humanos. La pena máxima en Bolivia es de 30 años de presidio sin derecho a indulto.

Loayza sugiere aplicar medidas preventivas como terapias educativas familiares, más atención en las escuelas, análisis psicológicos y la formulación de políticas públicas de alerta temprana para reducir el impacto de la delincuencia.

En otros países

• Chile. El artículo 361 del Código Penal indica que la violación a persona mayor de 14 años es castigada con una pena de presidio mayor en su grado mínimo a medio (entre cinco y 15 años). Si la víctima tiene menos de 14 años, la condena es de presidio mayor en cualquiera de sus grados (entre cinco y 20 años).
• Ecuador. La violación es castigada por una pena de entre 19 y 22 años, incluso si la víctima tiene menos de 14 años, según el artículo 171 del Código Penal. Se aplica la máxima sanción (22 años de prisión) si la víctima tiene menos de 10 años. En caso de que se produjera la muerte de la persona, la condena que va de los 22 a los 26 años de cárcel. El artículo 48 cita nueve agravantes, entre ellas que el agresor es parte del núcleo familiar, que contagie alguna enfermedad grave a la víctima o la conoce con anterioridad.
• Uruguay. El artículo 272 de Código Penal castiga la violación con privación de libertad de entre dos y 12 años, si el delito es perpetrado hacia una persona del mismo o diferente sexo, menor de 15 años, o hacia personas con problemas de discernimiento o voluntad, detenidas o arrestadas.

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Viernes 11 de octubre de 2019.- De los 18 casos de feminicidio cometidos en el departamento de Cochabamba, entre enero y septiembre de este 2019, la mitad de ellos se ha registrado en el municipio de Cercado, según datos proporcionados por la Fundación Voces Libres. Las cifras fueron recogidas de la Fiscalía y las publicaciones de los medios de información.

Estos números salieron a la luz en el acto de presentación del Observatorio de Justicia de esa organización defensora de los derechos de las mujeres. En un cuadro de los hechos se observan los nombres completos de las víctimas, sus edades, la fecha de los crímenes y el tipo de muerte.

En la presentación se aclaró que es recomendable identificar con nombre y apellido a las víctimas para exigir justicia, ya que no sería posible hacerlo por una mujer identificada solo con las letras NN.

También se incluye información de la identidad del o los autores del feminicidio; aunque se tuvo el cuidado de colocar solo los nombres y las iniciales de los apellidos para preservar la presunción de inocencia. Y finalmente está la situación legal de esos varones.

¿POR QUÉ UN OBSERVATORIO?

Voces Libres está convencida de que el Estado conoce la realidad de la violencia de género en Bolivia, pero ni así destina la cantidad de dinero necesario ni diseña políticas para que la población vulnerable tenga la posibilidad de salir del problema, ni ofrece recursos para que las víctimas puedan defenderse en un proceso legal de alto costo.

El artículo 9 de la Ley Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia (Ley 348) señala que el Estado debe garantizar que se ofrezca atención especializada a las mujeres agredidas. También se le ordena articular políticas, servicios y acciones vinculadas para la prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia de género.

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Voces Libres agrega que “solo el 1,13% de los procesos por violencia, el 10% de los procesos por feminicidio y el 2% de los abusos sexuales a niños llegan a una sentencia en los tribunales, lo que aumenta la sensación de inseguridad jurídica y de vulnerabilidad en la que viven mujeres y niños”.

La coordinadora de la Fundación Voces Libres, Mercedes Cortez, enfatiza que el Observatorio nace porque hay excesiva retardación de justicia. Se han descubierto en Cochabamba casos de consorcios de jueces, fiscales, abogados y policías que manipulan e impiden una correcta aplicación de la ley, pero también porque las víctimas abandonan sus casos porque ya no pueden pagar a sus abogados ni su transporte.

Cinco pilares

El proyecto, que funcionará inicialmente durante cinco años, tiene cinco pilares o componentes.

En el primero se establecerá un estudio jurídico con abogados penalistas que atenderán de manera gratuita a las víctimas de pocos recursos y harán un seguimiento, hasta el final de los procesos de violencia física, sexual, psicológica y/o económica para que no se sientan desprotegidas y para luchar contra la impunidad. La línea gratuita para comunicarse con el Observatorio es 800132323.

El segundo componente es el análisis de casos. Esto quiere decir que el estudio jurídico analizará los procesos legales de violencia y feminicidios, y en los casos en que se perciba la existencia de indicios de manipulación, corrupción y retardación de justicia flagrantes, hará pronunciamientos, denuncias y seguimientos, en coordinación con el colectivo Mujeres de Fuego.

El tercer pilar tiene que ver con la formación de un grupo de abogadas llamado Justicieras sin Fronteras. Las profesionales serán actualizadas en la normativa sobre violencia de género; recibirán capacitación para enfrentar cada etapa de un caso de agresión y/o feminicidio. Este proceso de actualización y capacitación tiene el fin de contar con abogadas sensibles y con el coraje suficiente para defender a las mujeres, a bajos costos, sin minimizar ni naturalizar los hechos de violencia.

La Coordinadora de la Fundación Voces Libres invitó a las abogadas, particularmente a las de los Servicios Legales e Integrales del Municipio (SLIM), a participar en estas actividades. Se pretende capacitar a 300 abogadas en un veintena de talleres en el año, que se realizarían cada 15 días con temáticas puntuales.

Cifras y empoderamiento

El cuarto pilar es el de control y seguimiento de cifras, feminicidios y violencia. La Fundación buscará crear alianzas con la Fiscalía Departamental y la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (FELCV), para reunir información certera y ofrecer datos fidedignos sobre la problemática. Además, se realizará un revisión hemerográfica diaria y seguimiento a medios digitales y audiovisuales.

El quinto componente está relacionado con el empoderamiento de las mujeres. Este capítulo menciona que las terapias psicológicas no son suficientes, razón por la cual se ve necesario capacitar y convertir a las víctimas en protagonistas de la prevención y acompañamiento a otras víctimas. Se anuncian talleres, conversatorios y terapias grupales en alianza con Mujeres de Fuego, #NiUnaMenos, y otros colectivos.

Mercedes Cortez anticipó también la realización de talleres de defensa personal, pero no con el afán de que una mujer en peligro pueda enfrentar a hombres violentos, sino que aprenda a utilizar determinadas técnicas para reducir a los agresores y tener la oportunidad de huir del lugar.

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