Lunes 4 de septiembre de 2023.- Unos 46 años después decidió romper el silencio. Era una tarde de mayo de 2023. El teniente Rudy Tapia, jefe de la División de Denuncias, estaba en su oficina y la vio entrar. Era una mujer mayor, de 63 años; quería presentar una denuncia por una violación que sufrió cuando tenía 17 años. Sentada frente a él, comenzó a contar sobre aquella vez en que un pastor de la iglesia evangélica a la que asistía abusó de ella. Parecía que los años no hubiesen pasado mientras narraba su historia y rompía al fin el silencio.

Al día, la División de Denuncias de la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia de La Paz (FELCV) recibe entre cinco y seis denuncias de violencia sexual. Romper el silencio es el primer paso en un largo, costoso y defectuoso proceso lleno de piedras que las personas sobrevivientes deben pasar después de un abuso de ese tipo.

“En estos casos, siempre llega el momento en que la o el sobreviviente se derrumba totalmente. Empieza a llorar y te cuenta. Entonces, vemos la magnitud del caso, que estaba guardando durante mucho tiempo. Es un trauma que fue arrastrando toda su vida”, dice Tapia.

Actualmente, el equipo de la FELCV de la Policía en La Paz cuenta con tres profesionales psicólogos. Una vez que llega una víctima denunciante, es evaluada por el área forense para ver la afectación emocional en la persona. Es recomendable que sea inmediatamente luego de presentada la denuncia.

Entre el primero de enero y el 15 de agosto de 2023, 36.371 casos vinculados a la “Ley Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida libre de Violencia” se registraron en Bolivia, siendo Santa Cruz, La Paz y Cochabamba donde más casos se presentaron cuando de violencia sexual se trata, tal como viene sucediendo desde hace tiempo y se puede ver en la siguiente infografía:

CASOS DE VIOLENCIA SEXUAL ENTRE EL 1° DE ENERO Y EL 15 DE AGOSTO DE 2023 POR DEPARTAMENTOS

“Romper el silencio no sólo se puede referir a hacer la denuncia. Romper el silencio significa también pedir ayuda, contar lo que te está sucediendo y recibir apoyo —explica la psicóloga Danitza Chuquimia—, significa decir: ‘¡Basta, no voy a permitir más esto!’. Nosotros decimos que romper el silencio es como si fuera el 50 por ciento de todo el proceso”.

A nivel legal, romper el silencio tiene dos procesos casi paralelos, uno más vinculado con la justicia que tiene sus propias etapas hasta que el fiscal asignado al caso reúna las suficientes pruebas para presentar formalmente la acusación contra el agresor en un juicio como se puede ver en la siguiente ruta crítica de la denuncia.

El otro proceso es médico y tiene conexión con el primero. Después de ser violada, una persona no debiera bañarse ni cambiarse de ropa y deberá ir lo antes posible a la Fuerza Especial de Lucha contra la Violencia para presentar una denuncia y debe solicitar una copia de la misma para luego dirigirse a un centro médico y presentarla, a fin de recibir atención como se explica en la siguiente infografía (para entonces deberá llevar una muda de ropa porque la que tenía durante la violación deberá quedarse junto con el resto de pruebas recuperadas de su cuerpo).

Y la víctima puede denunciar y acudir al centro médico sola, si así lo desea. Allá deben informarle y atenderla sin revictimizarla. Si se tratara de una niña o adolescente, una persona adulta en la que ella confíe podría acompañarla, pero siempre y cuando ella así lo quiera porque hay que evitar que el agresor y alguien cercano a él quiera interferir en el proceso, ocasionando en la niña una nueva revictimización. Y en este camino iniciado, la familia deberá jugar un papel importante.

Según la psicóloga Viviana Arce, quien trabaja con personas que han sufrido violaciones sexuales, una de las consecuencias más visibles de las víctimas es la baja autoestima en su percepción e imagen corporal. Hay un descontrol emocional. “Una de las principales secuelas es el sentimiento de culpa: por no haber pedido ayuda, informar lo que pasaba, o incluso piensan que ellas podrían haber provocado esta situación. Eso impide que se reconozcan como víctimas”, explica.

¿Cómo sanar? “No es una enfermedad, es una experiencia que ellos y ellas han vivido. Entonces no vamos a poder borrar lo que ha sucedido. Lo que hacemos es promover la capacidad resiliente de la persona que ha sido víctima de violencia sexual y construir un autoconcepto positivo. Esto permite bajar los niveles de ansiedad, depresión, miedo, producidos por la violencia sexual”, responde Arce. Con las personas sobrevivientes trabaja en el reconocimiento y la gestión de las emociones.

La abogada Miriam Chura de la ONG Misión Internacional de Justicia (IJM) señala que se debería cambiar el denominativo con el que uno que se refiere a una persona que sufrió este tipo de casos. “Respecto al término de víctima: cuando una persona que ha pasado por este hecho de violencia cuenta lo que ha pasado a las autoridades, ya se convierte en sobreviviente. Lo que trabajamos bastante con esta persona es que no se quede con el título de víctima, sino que sea sobreviviente”.

Para ello, la IJM ha formado un grupo llamado Fénix, integrado por personas sobrevivientes de violencia sexual que se apoyan entre sí y comparten sus testimonios:

«Quiero que sepas que un suceso así no te da la responsabilidad de convertirte en superhéroe, mucho menos tener que salvar al mundo, pero sí te invita a observarte, reconstruirte, abrazarte, amarte más que ayer»

Fragmento de un testimonio del libro “Jamás Tuve la Culpa» de GSM – Fénix

«Puede que haya recibido tremendo daño, pero yo sigo aquí. Jamás me perdí. Jamás dejé de ser pura y valiosa. Estoy aquí».

Fragmento de un testimonio del libro “Jamás Tuve la Culpa» de GSM – Fénix

El costo del largo proceso

La FELCV cuenta con un equipo de psicólogos para realizar la evaluación psicológica y determinar el grado de afectación, que contribuirá como elemento de prueba en el proceso legal a iniciarse. Esta primera etapa es gratuita y está a cargo del personal de la Policía. “El inicio de la denuncia y las evaluaciones, como indica la ley, no tiene costo”, confirma la psicóloga de la institución policial, Danitza Chuquimia. 

Sin embargo, en la FELCV no se ofrece servicio psicológico posterior. “No brindamos sesiones terapéuticas. No, porque nosotros trabajamos como especialistas forenses. Aquí no brindamos terapia. En el área psicológica clínica los profesionales son los que realizan la terapia”, complementa Chuquimia.

El artículo 49 de la Ley 348 estipula que «los Gobiernos Autónomos Municipales tienen la obligación de organizar estos servicios o fortalecerlos si ya existen, con carácter permanente y gratuito, para la protección y defensa psicológica, social y legal de las mujeres en situación de violencia, para garantizar la vigencia y ejercicio pleno de sus derechos». Empero, se ha reportado que esas instancias, muchas veces, no responden porque no tienen personal, o las líneas están ocupadas.

Chuquimia está afiliada al Colegio de Psicólogos. Con un documento en mano, explica que, con profesionales privados, “la consulta cuesta 200 bolivianos y la psicoterapia individual, también, 200 bolivianos. Cada sesión dura entre 45 minutos y una hora”.

Los especialistas indican que después de una violación sexual es esencial recibir terapia; aunque ésta puede durar años, dependiendo de cada persona.

“Puede haber estrés postraumático, ansiedad, depresión, estado de shock, que puede durar hasta dos semanas. Luego, si persiste, puede volverse  crónico. Incluso, el estrés postraumático puede tener un inicio tardío. Eso quiere decir que no va a comenzar ese momento sino un mes, dos o hasta seis meses después”.

Danitza Chuquimia 

Las sesiones de terapia psicológica durante todo ese tiempo suelen ser cubiertas por la víctima. Sin embargo, como refieren los psicólogos, no es algo que se pueda borrar. Más bien, la víctima aprende a vivir con ello.

“En el cerebro de víctimas de violencia sexual, hay partes que quedan lesionadas. Y, fisiológicamente, el cerebro de una víctima es diferente al de quien no lo ha sido. Entonces, esa parte es muy difícil de recuperar, pero sí puede crear aspectos nuevos, nuevos conductos neurológicos. La persona puede comenzar a vivir una vida con plenitud y no solamente sobreviviendo, sino superviviendo. Encontrar el gozo de vivir es un proceso que dura toda la vida”.

Brisa Angulo, neuropsicóloga, abogada y sobreviviente de violencia sexual

Brisa es abogada, psicóloga infantil y defensora de los derechos humanos. Lleva más de 20 años trabajando para prevenir la violencia sexual infantil y mejorar el acceso a la justicia. Como sobreviviente de esta violencia, utiliza su experiencia y conocimientos para mejorar las condiciones sociales. Es fundadora y directora de la Fundación Una Brisa de Esperanza, ubicada en Cochabamba, una entidad que brinda apoyo gratuito a las víctimas.

El proceso legal

Una vez presentada la denuncia formalmente, hay tres etapas en el proceso legal: preliminar, preparatoria y acusación en el juicio oral. Si se necesita apelar, existe una etapa más denominada Recursos. Para conseguir que el agresor sea sentenciado y vaya a la cárcel, la víctima termina gastando unos 12.000 bolivianos en un abogado.

“Según el arancel del Colegio de Abogados, son 3.000 bolivianos por cada etapa del proceso”, explica la abogada Miriam Chura, pero la organización no gubernamental Misión Internacional de Justicia (IJM), donde ella trabaja , brinda apoyo de forma gratuita. Cuentan con la red de Profesionales Bolivianos al Servicio (Probos), conformada por abogados, trabajadores sociales y psicólogos especializados en estos casos. Sin embargo, no todas las personas conocen estas organizaciones, entonces, las víctimas corren con ese gasto.

Además del costo económico, está el tiempo invertido. “Iniciamos con una denuncia para comenzar con una etapa preliminar. Son de ocho días ampliables hasta 60 días. En ese tiempo se debe conseguir certificado médico forense, informe psicológico, informe social, registro del lugar, cámara Gesell, testigos, declaración del agresor y la resolución de imputación formal. Luego, se tiene la audiencia de medidas cautelares. Y un juez determina si corresponde detención preventiva o domiciliaria. A partir de eso debemos contar seis meses”, relata Chura.

Ese es el periodo de tiempo que indica la ley, no obstante, en realidad las denunciantes suelen pasar mucho más tiempo en busca de justicia.

La jurista comenta que en ese proceso legal hay dos errores comunes: el primero es creer que la denuncia está legalmente establecida al informar a los Servicios Legales Integrales Municipales (SLIM) o Defensorías, cuando en realidad éstas sólo son instancias promotoras que apoyan a la víctima y remiten la denuncia. Sin embargo, ésta debe presentarse en Fiscalía, para que sea válida.

El segundo error es pagar a los funcionarios públicos para “acelerar el caso”. Estos también suelen cobrar “viáticos” para ejecutar las notificaciones. Chura enfatiza que no se debe hacer ningún tipo de pago extra. De hecho, en los casos que la IJM apoya, no mandan a las víctimas a hacer los requerimientos, sino a sus abogados que ya conocen esa situación.

Como una crítica constructiva al actual proceso que deben pasar las víctimas, la abogada Chura dice:

“Dentro de las políticas públicas, hace falta profesionales especializados, falta de presupuesto asignado en niñez y mujer. Además, hay constante rotación de personal en los SLIM y defensorías. Esos cambios hacen ese constante peligro en no dar una respuesta efectiva a la víctima de violencia. Si hoy me atiende un psicólogo, dentro de dos meses resulta que ya está otro. Es lamentable. Además, ciudades como El Alto no cuentan con personal”.

Sumado a ello, las víctimas de estos delitos se encuentran con otro obstáculo: en la legislación boliviana, los casos de violación y abuso sexual prescriben. 

La Ley de Abreviación Procesal en su artículo 30 dice: “El término de la prescripción empezará a correr desde la medianoche del día en que se cometió el delito o en que cesó su consumación. Cuando se trate de delitos contra la integridad corporal y la salud, o contra la libertad sexual de niñas, niños y adolescentes, el término de la prescripción comenzará a correr cuatro (4) años después de que la víctima haya alcanzado la mayoría de edad.»

La IJM supo mediante testimonios de profesionales, abogados y jueces que trabajan en esta área, que varios casos se dejaron sin efecto siguiendo esa norma. Al respecto, Chura aclara que no debería ser así, porque uno puede acudir a la normativa internacional.

“Algunos abogados no toman en cuenta el artículo 410 de la Constitución Política del Estado, cuando habla de los tratados y convenios internacionales en protección de los Derechos Humanos. Específicamente, Bolivia ha ratificado y reafirmado ser parte del Estatuto de Roma, que nos dice que los delitos de violencia sexual son imprescriptibles”, cita.

La IJM brinda cursos y talleres para el personal que atiende a las víctimas. El teniente Rudy Tapia, de la FELCV de La Paz, fue parte de una de esas capacitaciones. Por eso, cuando la mujer de 63 años acudió a su oficina para presentar su denuncia, él sabía cómo guiarla para que se ampare en la legislación internacional. En ese caso, el agresor ya había muerto, pero aún así es importante presentar la denuncia.

“Una denuncia nos lleva a encontrar nuevas víctimas. Aporta mucho, porque es una llamada de atención para todas las autoridades, muestra que hay delitos que no se están investigando; también nos ayuda a sacar normativa para protegerlos. Es una llamada de atención para que vayamos a los colegios, a los orfanatos, muchos lugares donde puede haber. Hay que buscar, indagar el delito. Nos ayuda a abrir los ojos”, dice este oficial de Policía.

Proyecto de ley contra la impunidad

El 17 de mayo de 2023, el secretario general de la Vicepresidencia del Estado remitió a la Asamblea Legislativa el “Proyecto de Ley de Lucha contra La Impunidad en Delitos Sexuales Contra Infantes, Niñas, Niños Y Adolescentes”. En la carta indica que el 12 de mayo el presidente Luis Arce envió ese documento para su atención y tratamiento legislativo. 

En el proyecto de ley se aborda el tema de la prescriptibilidad de este tipo de delitos:

Artículo 2.- (IMPRESCRIPTIBILIDAD). Son imprescriptibles, tanto en la acción como en la pena, los delitos previstos en el Título XI Delitos Contra la Libertad Sexual del Código Penal, elevado a rango de Ley por Ley N° 1768, de 10 de marzo de 1997, cuyas víctimas sean Infantes, Niñas, Niños y Adolescentes.

También incluye más servicios gratuitos a las víctimas de violaciones y abusos sexuales. Su artículo 3 indica que el Estado, a través del Sistema Único de Salud, brindará “asistencia y el abordaje integral adecuado al caso antes, durante y con posterioridad al proceso judicial. Para el efecto deberá proporcionar con carácter gratuito lo siguiente:

a) Información y asesoramiento acorde al grado de madurez de la víctima

b) Patrocinio legal

c) Facilitación y acompañamiento

d) Tratamiento psicológico y psiquiátrico especializado, con perspectiva de género y niñez

e) Asistencia médica

Este año, las violaciones contra menores perpetradas por religiosos han estado en la mira tras conocerse el 30 de abril, mediante una investigación periodística del diario español El País, sobre un diario del jesuita español Alfonso Pedrajas, ya fallecido, en el que hace referencia a los presuntos abusos que perpetró a decenas de niños cuando estuvo al frente del Colegio Juan XXIII en Bolivia, desde 1971.

El 12 de julio, se conformó la Comisión Especial de investigación de delitos de abuso sexual, violación, infante, niña, niño y adolescente y otros delitos relativos a violencia sexual suscitados en entornos eclesiales, que constituyan pederastia clerical. Los miembros son los senadores: Luis Adolfo Flores, Simona Quispe, William Torrez, Julio Diego Romaña.

El 25 de julio, dicha comisión tuvo su primera sesión ordinaria. El senador Luis Flores (MAS) indicó que se ha convenido con la Presidencia del Senado remitir un primer informe de este trabajo investigativo en tres meses.

“Lo que pretendemos -dijo Flores- representando al Estado, es que se investigue los casos que se han denunciado, de manera transparente y también se fiscalice, que es parte de nuestras atribuciones, a las instituciones que están encargadas, en donde la sociedad requiera investigar, aclarar y acusar, en caso que existan por supuesto pruebas”.

Postura de un diputado de la oposición sobre el proyecto de ley

El diputado Erwin Bazán Gutiérrez (Creemos) advirtió que, a su parecer, existen intereses políticos en esa iniciativa. “Nos parece que este proyecto de ley tiene un sesgo político y viene con una motivación clarísimamente política. Esa motivación no es la de hacer una lucha honesta y franca en contra de los delitos de la libertad sexual”, aseveró el legislador, en entrevista con La Nube.

Bazán reconoce que el proyecto sí tiene algunos elementos positivos que “puede servir para luchar contra esos delitos”. Sin embargo, aseveró que se trata de una venganza. “Viene del Ejecutivo a responder a una situación coyuntural concreta que son las violaciones que hubieran cometido algunos sacerdotes de la Iglesia Católica. (…) Esa es la motivación del Gobierno para mandarnos este proyecto de ley, es contra la Iglesia Católica. ¿Por qué? Porque la Conferencia Episcopal Boliviana, a propósito del fraude que se cometió en el 2019, emitió un informe en que dice que en Bolivia no hubo golpe, hubo fraude. Entonces, es una venganza. La motivación de esta ley es política contra una institución concreta, no contra los delitos”.

Además, este diputado opositor crítica la creación de la Comisión de la Verdad que, según el proyecto de ley, serviría para el esclarecimiento de hechos de violencia sexual. Ésta estaría conformada por:

a) Ministro de la Presidencia

b) Ministro de Justicia y Transparencia Institucional

c) Ministro de Gobierno

d) Presidente de la Cámara de Senadores

e) Presidente de la Cámara de Diputados

f) Presidente del Tribunal Supremo de Justicia

g) Presidente del Consejo de la Magistratura

h) Presidente del Tribunal Constitucional Plurinacional

i) Fiscal General del Estado

j) Procurador General del Estado

k) Defensor del Pueblo

Según Bazán, de las 11 instituciones, ocho responden directamente al Gobierno. Por lo tanto, es una comisión política. “Mi propuesta es eliminar esta comisión de la verdad, máxime si sólo la van a formar políticos.  Todavía si tuviera una composición altamente técnica o instituciones que tienen que ver con la temática, empezando por el Ministerio Público, actores relevantes, colegios de profesionales y universidades”.

El diputado Erwin Bazán Gutiérrez, en entrevista con La Nube.

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Cuando una persona pone un pie en un juzgado, no sabe cuánto tiempo y dinero terminará a la larga gastando. Por eso, uno de los mayores beneficios de la conciliación en Bolivia es el tiempo y dinero ahorrados, además del estrés evitado.

El juicio más rápido en los tribunales de justicia dura 243 días, mientras que la conciliación más larga, en promedio, 50 días, de acuerdo con un estudio del Proyecto de Acceso a la Justicia de la cooperación suiza en Bolivia.

Como ya se vio en entregas anteriores de la #SerieJusticia, existen la conciliación judicial y la extrajudicial. En la primera es el Estado el que asume los costos y quien es conciliador tiene incluso la posibilidad de pedir que trámites ante Derechos Reales, Sereci y Segip para la solicitud de algún documento sean gratuitos si así lo ve por conveniente como se verá en la historia de don Clemente y en la conciliación extrajudicial hay costos no altos que las partes en conflicto tienen que asumir (en las dos próximas entregas de esta serie podrás conocer los costos en detalle y también los pasos a seguir).

En los centros de conciliación extrajudicial un problema se puede resolver en una, dos o tres sesiones, a razón de una sesión por semana. Solo los casos complejos han necesitado entre cinco y siete sesiones.

En términos de costos, la conciliación también muestra su cara amable. Un estudio econométrico –encargado por Cosude—refleja que un proceso judicial le cuesta al Estado al menos 13 mil bolivianos, mientras que una conciliación judicial puede demandarle si se prolonga 1.800 bolivianos. En otras palabras, un juicio le significa al Estado siete veces más que una conciliación.

La conciliación  allana el camino hacia el acceso a la justicia para la gente que no puede pagar un abogado por lapsos largos y encarar un proceso judicial, junto con otro presupuesto adicional para trámites.

Un proceso judicial le cuesta al Estado al menos 13 mil bolivianos, mientras que la conciliación puede llegar a costarle unos 1.800 bolivianos.

Estudio econométrico de Cosude

Las siguientes historias corresponden a procesos de conciliación judicial en los que las partes no gastaron dinero.

Historia 1: Perdieron $15 mil y 10 años

Todo empezó hace una década en la ciudad de El Alto. Allá, 32 personas iniciaron la compra de terrenos en una urbanización ubicada en esa ciudad. Si bien luego estuvieron en posesión de sus lotes, ellos no tenían el Folio Real que da Derechos Reales una vez que una persona ha terminado su trámite de traspaso de un lote, una vivienda o un departamento.

No sabían lo que les esperaba y no tardarían mucho en enterarse… Los lotes tenían otro dueño. Pero ninguno de los 32 lo aceptaría como tal. “Tú no eres el dueño, nosotros vamos a conseguir nuestros papeles por nuestra vía”, le decían. Y el otro les contestaba: “Yo voy a hacer mi propia planimetría y los voy a sacar a ustedes sea como sea”.

Este tipo de problema es muy común en Bolivia. Una o más personas compran un lote a precio módico, pero no les dan todos los papeles en orden, incluyendo los de Derechos Reales. A veces, esto cuenta solo con la minuta de compra-venta. Luego comienzan los problemas.

Durante los diez años en que duró el proceso judicial, los vecinos debían aportar en dinero para poder pagar abogados y gastos que implicaba el mismo. No faltó un dirigente que los estafó.

Por eso, de los 32 que empezaron con el proceso judicial, como cuentagotas algunos vecinos comenzaron a hacerse a un lado, al final un total de 10 decidieron abandonar el mismo. Estaban cansados de pagar sus cuotas sin ver resultados. Y no faltaron los que terminaron peleando entre ellos.

La pelea llegó hasta el nivel máximo de las instancias judiciales: el Tribunal Supremo de Justicia, como recurso de casación, es decir, de revisión, y los magistrados declararon nulo el proceso, en otras palabras, volvió a fojas cero.

El proceso retornó al juzgado de origen y, de acuerdo con el Código Procesal Civil, el juez lo derivó a una conciliación judicial previa.

Hasta ese momento, los vecinos habían gastado unos 15 mil dólares en abogados y procesos legales durante 10 años hasta que ya cansados de tanto pelear acudieron a la conciliación judicial y lograron en dos meses consolidar el derecho propietario de sus lotes sin pagar un solo centavo.

Así fue el principio de la conciliación…“Ya conocemos prácticamente a todos los abogados especializados en la materia, ninguno nos ha resuelto el conflicto. No sabemos qué hacer”, lamentó uno de los vecinos el día en que acudieron por primera vez ante la persona que mediaría en el proceso conciliatorio.

Fue en ese momento en que conocieron a la abogada conciliadora Ana Cáceres, quien cuenta que, además de revisar el proceso legal en su conjunto, es necesario llegar al corazón de las partes y generar empatía entre estas.

Cáceres recuerda que al principio en la atención de este caso, el problema estaba “bastante peleado porque después de tantos procesos (las partes) se llenan de un sentimiento negativo, de rabia, de dolor”.

El proceso de conciliación comenzó con la revisión de la documentación correspondiente como el estado de los lotes en Derechos Reales (DDRR), cuya solicitud tiene un costo, pero el mismo es gratuito si es requerido por un conciliador, al igual que la documentación del Segip, para la determinación de domicilios, o Sereci para casos de fallecimiento.

Luego de cinco audiencias, los vecinos terminaron por reconocer la titularidad del dueño y éste, luego de recibir el pago por cada lote, otorgó los títulos de propiedad correspondientes y se solucionó el conflicto.

“Por fin vamos a descansar. Nos vamos a dedicar a construir nuestras casas. No podíamos hacerlo por el temor de que en algún momento nos puedan desalojar”, dijo uno de ellos.

La solución del caso tomó cerca a dos meses en cinco audiencias y sin ningún costo. Esto después de haber pasado por un juicio que duró 10 años y un gasto de 15 mil dólares.

Historia 2: El hombre que peregrinó por Bs100

Un buen día, a un agricultor llamado Clemente se le ocurrió que debía buscar a un abogado para legalizar los papeles de una pequeña propiedad en su comunidad. Sabía que ya no era joven y que el otoño podría seguir avanzando sobre su vida y era mejor pensar en el futuro de los hijos.

No tenía dinero para grandes ni largos trámites. Si acudía a los estrados judiciales, tendría que haber gastado por lo menos unos dos mil bolivianos según los aranceles vigentes.

Se dirigió a la ciudad de El Alto y al pasar por una edificación llena de oficinas de abogados se encontró con una abogada en la puerta. A ella le pidió que le hiciera el trámite. La profesional aceptó y se quedó con los papeles de la propiedad y un adelanto de 100 bolivianos para iniciar la tarea. Fue un acuerdo verbal.

Una semana después, don Clemente buscó a la abogada para saber cuánto había avanzado en su caso. No la encontró. Fue el inicio de un peregrinaje semana tras semana. Ella no lo atendía o lo sacaba de su oficina con algún pretexto. Tampoco respondía a sus llamadas telefónicas y, lo peor, no le devolvía sus papeles ni su dinero.

“Se hacía de la vista gorda”, contó el anciano, quien se sentía estafado.

Este agricultor no tenía mucha idea sobre lo que significa iniciar una demanda en contra de la abogada con respecto a procedimientos, tiempos y gastos; aunque sospechaba que intentarían cobrarle más de lo que en realidad él podía pagar.

Luego de escuchar en la radio sobre los procesos de conciliación ciudadana, don Clemente se aproximó a la Oficina de Conciliación en Sede Judicial, en la avenida 6 de Marzo de la ciudad de El Alto y pidió ayuda.

Ingresó al proceso de manera directa. Solo presentó su cédula de identidad, se registró y contó los hechos. No necesitó memorial alguno.

Sortearon qué conciliadora debía tocarle. Le tocó la número 1, la abogada Ana Cáceres, quien desde ese momento se hizo cargo de la angustia del agricultor.

En este proceso de conciliación judicial, después de conocer el caso, la conciliadora solicitó que se notifique a la abogada que le debía dinero y papeles a don Clemente. Incluso vieron la manera de evitarle cualquier gasto al agricultor por ese trámite. “He tenido que interceder para que el Oficial de Diligencias colabore, porque sino gran parte de sus 100 bolivianos se le iban a ir en la notificación”, contó la conciliadora.

En la reunión de conciliación, la abogada dijo que estaba dispuesta a continuar con los trámites de don Clemente. Aseguró ante la conciliadora que no había estafado a este adulto mayor. Sin embargo, creía que no tenía por qué devolver el dinero pues, según ella, ya había gastado en la consulta a Derechos Reales.

“Hemos buscado -contó la conciliadora Cáceres- empatizar con la abogada y finalmente ha entendido que el señor es de escasos recursos y había que devolverle sus 100 bolivianos porque no había resultados”.

Al final de la única audiencia de proceso de conciliación en El Alto que fue necesaria en este caso, don Clemente recuperó sus 100 bolivianos sin gastar un solo centavo.

Historia 3: Conciliación en más de un idioma

Luego del fallecimiento de sus papás, seis herederos se enfrascaron en un pleito por la división y partición de un bien inmueble que les dejaron en herencia. Se trataba de una casa de 500 metros cuadrados, con una construcción de cinco pisos, en la populosa y comercial zona 16 de Julio de El Alto. Su valor era de 1,5 millones de dólares.

Cuando los padres aún vivían, permitieron que los hijos construyan en el inmueble su “lugarcito” para vivir y cada quien lo hizo de acuerdo con sus ingresos: algunos edificaron un lujoso departamento, con un gasto de hasta 10 mil dólares; otros un par de cuartos. Incluso una de las hermanas financió solo un pequeño cuarto de adobe.

Este era el origen del conflicto porque los hermanos no aceptaban la división en partes iguales porque habían invertido en el inmueble.

Uno de los hermanos interpuso la demanda de partición y división en un juzgado y el juez remitió el tema al conciliador en lo que sería una conciliación judicial.

No sería fácil… Las y los hermanos tenían entre 60 y 70 años. Una de ellas solo habla aymara y otro tiene alzheimer. Estas condiciones dificultaban un acuerdo entre ellos.

Ramiro López, conciliador Nº 6, quien también habla aymara, comenta que fue uno de los casos más dificultosos que enfrentó en su larga carrera como abogado y conciliador ciudadano. Sin embargo, después de unas seis audiencias, que tomaron un total de tres meses, y luego de identificar los intereses y necesidades de cada uno de ellos, se culminó con un acuerdo que benefició a todos.

“Teníamos que manejar el idioma aymara para la hermana, que era aymarista cerrada, y traducirlo al castellano para algunos de los hermanos que no manejaban el idioma”, recuerda López.

Inclusive se hicieron audiencias por separado, con cada uno de los hermanos, “lo que llamamos caucus” para entender a cada una de las partes. Luego se realizaron las reuniones conjuntas, en la búsqueda de soluciones que fueron propuestas por los hermanos.

El acuerdo culminó con la venta del inmueble, la división del valor en partes iguales, previa devolución de la inversión a cada uno.

El conciliador no solo recuerda hoy la alegría de las y los hermanos al ver solucionado el problema porque incluso eso les permitió restablecer su relación resquebrajada. La persona con alzheimer lloró de emoción el día del acuerdo.

“Luego de firmar el acta de conciliación -relató el conciliador- hice el seguimiento particular, porque era un casito muy especial. He sido testigo de que se ha vendido la casa, se ha dividido el valor y todos han quedado conformes. Tengo entendido que dos hermanos ya fallecieron”.

El conflicto se resolvió en dos meses y medio, lo que les habría llevado unos tres años. No gastaron en abogado ni en la redacción de memoriales, ni en diligencias, ni en audiencias, ni en notificaciones, entre otros. Según los aranceles judiciales, por el trámite de división y partición de bienes, habrían tenido que pagar unos dos mil bolivianos, además del 10 por ciento sobre el bien litigado si llegaban a juicio.

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El 28 y 29 de septiembre tú tendrás acceso a las próximas entregas de la #SerieJusticia sobre los pasos que debes dar a la hora de buscar una conciliación en Bolivia. Este es un proyecto periodístico que cuenta con el apoyo de la Cooperación Suiza en Bolivia.

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Tener título profesional en cualquier área y destrezas certificadas en el manejo de herramientas y técnicas de resolución de conflictos son requisitos esenciales para convertirse en un conciliador o conciliadora en Bolivia.

Según la coordinadora del Centro de Conciliación Extrajudicial de la Fundación UNIR Bolivia en Cochabamba, Verónica Berríos, la formación no está enfocada en el conocimiento de las leyes, sino en la conflictología y los aportes de la comunicación, la sociología, la antropología y la psicología.

Estudiosos del tema como Eduard Vinyamata Camp apuntan que la conflictología también se alimenta de la neurología, la matemática y la filosofía.

Berríos y la conciliadora judicial Carolina Arratia coinciden en que el conciliador debe tener capacidad de escucha activa para comprender el problema, los sentimientos de las partes y sus intereses para ayudar a encontrar un acuerdo que evite que se llegue a juicio.

Agregan que un conciliador utiliza sus destrezas para hacer una síntesis de lo dicho en los encuentros y validar las emociones, y hacer preguntas no de corte judicial, sino reflexivas.

Su labor consiste en guiar el diálogo hacia la búsqueda de soluciones con imparcialidad y no dejarse llevar por los prejuicios.

En estos procesos se utilizan distintos enfoques de atención a los conflictos, entre ellos el de la terapia circular narrativa, dice Berríos. La idea es que las partes enfrentadas acudan a conciliar antes de ir a un juicio.

¿Cómo ser conciliador?

Si alguien quisiera ser conciliador tiene algunas opciones. Una de ellas es estar atento a las convocatorias del Consejo de la Magistratura que necesita conciliadores judiciales.

Puede tener un título profesional en cualquier área y se recomienda tener formación de postgrado en resolución de conflictos, diplomado o maestría para presentarse en un concurso de méritos y examen de competencia.

Si logra vencer las pruebas, el o la postulante pasa a ser parte del personal del Tribunal Departamental de Justicia y recibe una remuneración salarial.

Actualmente, el tribunal departamental de Cochabamba tiene 16 conciliadores en la capital, entre ellos hay abogados y profesionales en Psicología y Comunicación Social.

Uno de los requisitos para ser parte del equipo es hablar un idioma nativo, como todo servidor público, en este caso el quechua. En caso de que alguna de las partes prefiera estar acompañada de un traductor, puede llevar uno a las audiencias, previo acuerdo.

“¿Hablando nos entendemos?”

EL psicólogo Luis Orellana dice que existe un mal hábito en Bolivia de acudir al conflicto antes que al diálogo. Pero contradictoriamente las personas acostumbran decir: “Hablando nos entendemos”.

Aconseja a la población buscar salidas alternativas con la orientación de un conciliador que ayudará no solo a resolver un problema. También ahorrará tiempo y dinero que gastaría en un juicio.

En criterio de Carolina Arratia, la justicia ordinaria es muy importante en muchos casos, pero en otros no llega a materializar la justicia restaurativa. Dice que una de las partes gana la batalla y la otra pierde. Y por esa razón las personas sienten que no han sido escuchadas y que no se solucionó el conflicto.

Conciliador extrajudicial

Para ser conciliador en alguna organización civil, no estatal, tiene opciones en la Fundación UNIRBolivia u otras autorizadas por el Ministerio de Justicia.

Unir Bolivia no exige que los conciliadores tengan formación en Derecho. Tienen que ser profesionales en cualquier área y deben completar 40 horas de formación en conciliación y métodos alternativos, según Berríos.

Depende de cada centro convocar a la capacitación de personas interesadas y acreditar a conciliadores. La Ley 708 señala que el Ministerio de Justicia autoriza el funcionamiento de los centros de conciliación y cada centro acredita a sus conciliadores.

¿Cuánto gana un conciliador extrajudicial? En UNIR, un conciliador gana el 40 por ciento de lo que se paga por un proceso de conciliación. El saldo se queda en la institución. No es personal permanente, sino externo.

¿Y el idioma nativo? En las oficinas de la fundación en Cochabamba hay personal que conoce el quechua. Se coordina el trabajo cuando en un proceso de conciliación se necesita apoyo con el idioma.

La entrada ¿Qué necesitas para ser conciliador de conflictos en Bolivia? se publicó primero en Guardiana.

Esta investigación fue realizada en el marco del Fondo Concursable Spotlight VIII de Apoyo a la Investigación Periodística en los Medios de Comunicación que impulsa la Fundación Para el Periodismo con el apoyo del European Journalism Centre.

Jueves 8 de octubre de 2020.- El 22 de enero de 2006, Evo Morales se sentó por primera vez en la silla presidencial de Bolivia. Tenía desde ese lugar control no solo sobre el entonces llamado Poder Ejecutivo, sino también sobre el Legislativo. Pero, autoridades judiciales, jueces y fiscales se convirtieron muy pronto en un dolor de cabeza.

Los problemas no tardaron en presentarse… A fines de ese mismo año, el 30 de diciembre, Evo Morales designó, mediante el Decreto Supremo Nº 28993, a cuatro abogados como magistrados interinos de la Corte Suprema de Justicia. Ellos eran Zacarías Valeriano, Bernardo Bernal, Carlos Jaime Villarroel y Wilfredo Ovando.

Existía cierta confianza en Palacio de Gobierno de que no habría mucho problema con esas designaciones porque ya otros expresidentes habían hecho lo mismo. Tal el caso de Carlos Mesa que aprobó el 30 de julio de 2004 el Decreto Supremo 27650, mediante el que designaba a seis ministros de la Corte Suprema, dos consejeros para la Judicatura y nueve fiscales de Distrito. En ese momento el Parlamento estaba en receso.

Según el artículo 96 de la Constitución de ese entonces, el Presidente solo podía designar a autoridades judiciales si el Parlamento estaba en receso.

¿Cuáles eran los argumentos del primer Gobierno del MAS para designar a cuatro autoridades judiciales? En el mismo decreto se puede leer: “...el Gobierno Nacional se encuentra profundamente comprometido con el pueblo boliviano, lo que implica la permanente atención de sus demandas y necesidades, para de esta manera cumplir los objetivos del verdadero proceso de cambio en el país”. Más adelante se indica que a causa de las acefalías en dicha corte, “lo que implica claramente retardación de justicia”, se tomó la decisión de realizar dicha designación.

El Tribunal Constitucional se le vino encima al Ejecutivo por dicha decisión y suspendió a los cuatro nombrados por Evo Morales. Cinco meses después, el MAS fracasó el 15 de mayo en su intento de elegir a los suspendidos como ministros titulares de la Suprema. Entonces, medios como Los Tiempos publicaron: “…la confrontación entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial subió de tono con acusaciones duras, de unos contra los otros, y se amplió a otros sectores que se manifestaron a favor de uno y otro”.

Evo Morales reaccionó furioso. Pidió un juicio de responsabilidades contra los miembros del Tribunal Constitucional por tal decisión y los acusó de pertenecer a partidos como el MNR, ADN y MIR. Al respecto, ANF publicó lo siguiente el 11 de mayo :

“El presidente Evo Morales llamó ’emenerristas, miristas y adenistas’ a los magistrados del Tribunal Constitucional que cesaron a cuatros ministros de la Corte Suprema de Justicia designados en diciembre por decreto, argumentando receso del Congreso Nacional. Morales dijo que el Tribunal Constitucional ‘es producto del cuoteo (MNR, ADN y MIR). Siento que quieren vengarse, no quieren el desarrollo del pueblo. No quieren que se recupere las empresas del Estado'”.

ANF, 11 de mayo de 2007

El 5 de julio de 2007, medios internacionales difundían la noticia de un “Inédito paro de 24 horas en el Poder Judicial de Bolivia”. Era un paro de 24 horas convocado por la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de la Judicatura, el Tribunal Agrario Nacional, las cortes superiores de distrito y nueve colegios de abogados de Bolivia. El Gobierno calificó tal medida como ilegal.

“‘Este es un movimiento institucional en defensa de las garantías ciudadanas, denunciando ante la opinión pública nacional y los organismos internacionales la pretensión del Gobierno de defenestrar el sistema judicial boliviano e implantar un régimen totalitario“.

Parte importante del documento de quienes estaban en paro de 24 horas

Lo cierto es que el año en que se producían estos roces entre los entonces aún llamados poderes Ejecutivo y Judicial, Bolivia no tenía una justicia que fuera ejemplo para algún país. En 2005, el 74 por ciento de las personas detenidas en los penales de Bolivia no tenía sentencia. Un año después, este porcentaje se mantuvo con una leve subida hasta el 74,4 por ciento y en 2012 trepó hasta un 85,2 por ciento. Si bien en 2019, este porcentaje bajó hasta el 64,3 por ciento, este último porcentaje es el mismo de 2002 que alcanzó al 64,8 por ciento. Esto significa que Bolivia tuvo el año pasado el mismo porcentaje de personas encarceladas sin sentencia que hace 17 años como se puede ver en detalle en la siguiente infografía.

A Evo Morales y su entorno ya nadie podría convencerles en 2007 de que el entonces conocido como Poder Judicial les dejaría hacer todos los cambios que tenían en mente. Sin embargo, la ocasión para cambiar el estado de cosas se les presentó el momento de modificar la Constitución del país. Así, cuando esta fue aprobada en febrero de 2009, buena parte de los dolores de cabeza ocasionados por la justicia terminaron. Tenían el camino expedito.

En la nueva Constitución del Estado Plurinacional de Bolivia se había cambiado la forma de elección de los más altos cargos del sistema judicial en Bolivia. El Consejo de la Judicatura dejaría de hacer la lista de candidatos para pasar tal actividad a un protagonista y filtro eminentemente político: la Asamblea Legislativa.

Sobre la base de una convocatoria, la Asamblea Legislativa debía hacer la lista de postulantes a los más altos cargos del Consejo de la Magistratura, Tribunal Constitucional Plurinacional, Tribunal Supremo de Justicia y Tribunal Agroambiental. Luego, esta nómina pasaría a manos del Órgano Electoral para que lleve adelante las elecciones judiciales, donde las y los bolivianos votarían por las y los magistrados en comicios sobre los que poco o casi nada se había informado.

Así, el 16 de octubre de 2011 se realizaron las primeras elecciones judiciales en el país. Sin embargo, cuando los votos fueron contabilizados se tuvo por resultado que el 60 por ciento de los votos eran blancos y nulos. Por eso, hay quienes creen que no tuvieron la legitimidad suficiente. Años después, el 3 de diciembre de 2017, se volverían a efectuar comicios judiciales.

La Fundación para el Debido Proceso publicó al respecto en 2018 un estudio con el título “Elecciones judiciales en Bolivia: ¿aprendimos la lección?: “Bolivia vino a ser de esta manera el único país del mundo que se vale de este sistema para designar a los magistrados más importantes de la justicia. Sin embargo, la innovación no fue reconocida como exitosa”.

“Algún tiempo después de esa primera elección -dijo esa fundación- muy diferentes actores sociales y políticos, de gobierno y de oposición, coincidían en que los resultados habían sido insatisfactorios; aunque diferían en las razones explicativas de las insuficiencias. Los principales señalamientos, aparte de la constatación de que la administración de justicia no había mejorado, se referían a la interferencia política en la designación de candidatos, el desconocimiento ciudadano sobre los méritos de aquellos entre quienes se debió elegir, la calidad profesional de los magistrados elegidos y la falta de vigilancia social sobre el proceso”.

Si el MAS había logrado elaborar en la Asamblea Legislativa una lista de gente afín a este partido para que fuera luego a votación en las urnas, ¿cuál era el motivo de esta escenificación llamada elecciones judiciales?

Los medios, un dolor de muelas

Y vale la pena hacer un paréntesis para hablar del dolor de muelas de Evo Morales cuando subió al poder y que se convirtió en un frente fastidioso que podía echar a perder sus planes y los de su entorno: los medios de información.

Si bien los medios de otros países habían aplaudido la subida de Evo Morales al poder porque veían como un verdadero avance que un indígena subiera al poder, los medios en Bolivia no necesariamente veían del mismo modo al que habían conocido como dirigente cocalero.

El Gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada se había esforzado, a través de su ministro Carlos Sánchez Berzaín, de mostrar a los cocaleros como narcotraficantes con el eslogan de que coca es igual a cocaína. Por tanto, si Evo Morales era dirigente cocalero, era dirigente de los narcotraficantes en esta lógica que dicho gobierno se esmeró en querer demostrar.

Por tanto, la imagen que los medios extranjeros tenían de Evo Morales no era necesariamente la que sus pares en Bolivia tenían del exMandatario. Esto lo sabía el líder del MAS y desde que subió al poder tuvo roces con los periodistas porque pensaba que todo el tiempo complotaban contra él.

A pesar de todos sus esfuerzos para controlar a la mayor parte de los medios de información, sobre todo a través del premio o castigo en la asignación de publicidad y de su influencia tras la compra de algunos, lo cierto es que tanto en ese entonces como años después, no pudo doblegar a todos los medios ni a todos los periodistas.

Tiene, entonces, sentido que antes de la aprobación de la nueva Constitución que incluía una agenda secreta del poder por parte del MAS se hubiera producido la venta de dos medios influyentes en Bolivia: La Razón y ATB. Más allá de cuán transparente fue su venta, con qué dinero se compró y quiénes manejaban los hilos tras bambalinas, ya ha quedado demostrada la tendencia masista de ambos medios desde su adquisición.

Y esos son solo botones de muestra conocidos y visibles sobre lo ocurrido con los medios porque el otro frente estuvo dado por cómo se repartió la publicidad a los medios. Se les dio a unos a manos llenas y a otros prácticamente se les quitó todo por considerarlos contrarios o parte del Eje del Mal o del Cártel de la Mentira como fueron bautizados.

El derecho a la información en juego

Debido a que los medios de información podían terminar echando a perder las elecciones judiciales al revelar que los postulantes eran muy azules, se les ocurrió cómo hacerles callar.

Así nació tres meses antes de las elecciones judiciales del 16 de octubre de 2011 el Reglamento del Régimen Especial de Propaganda. Este contenía una serie de reglas que impedían no solo a quienes eran candidatos, sino a los medios de información en general y a los periodistas en particular hacer su trabajo con toda libertad.

El periódico Opinión publicó el 16 de octubre de ese año lo siguiente: “Este proceso (las elecciones judiciales) se complejizó en extremo debido a una serie de restricciones que impuso el oficialismo en la Asamblea Legislativa. Por ejemplo, se prohibió todo contacto de candidatos con los medios de comunicación. Tras sucesivos reclamos de los medios y organizaciones de periodistas y trabajadores de la prensa, se flexibilizó la disposición a condición de que a los candidatos se les pregunte solo sobre sus méritos y a todos (124) se los entreviste con las mismas preguntas y durante un tiempo idéntico. El resultado final de esa restricción fue que la cobertura por los medios de comunicación fue mínima debido al elevado número de candidatos y la imposibilidad de generar debate. Los pocos espacios que se ofrecieron en televisión, radio y periódicos resultaron pesados y faltos de expectativa”.

A pesar de que se sabía que la elección de postulantes se había politizado al haber trasladado el escenario de la elaboración de la nómina a manos eminentemente políticas en las que el MAS tenía la sartén por el mango de la elección por dos tercios, para la aprobación de tal reglamento se usó el argumento de “proteger como bien jurídico superior la constitución del Órgano Judicial y del Tribunal Constitucional Plurinacional con autoridades independientes e imparciales, sin injerencia política partidaria, económica o de otra índole”.

Para entonces, el MAS no solo había logrado meter todo el cuerpo en los órganos Ejecutivo y Legislativo, sino que tenía un pie en el Órgano Electoral y con las elecciones judiciales del 16 de octubre de 2011, acababa de poner los dos pies en el Órgano Judicial.

Al respecto, Ramiro Orías, Oficial de Programa de la Fundación para el Debido Proceso que ha estado haciendo seguimiento a las reformas electorales de los países andinos en los últimos años, le dijo a Guardiana que cuando se pensaron e hicieron cambios en la Constitución, existía por parte del Gobierno del MAS una agenda de poder oculta que dio lugar a una serie de modificaciones sustanciales que buscaban acentuar el presidencialismo y concentración de poder y estas tocaron a todos los órganos del Estado, entre ellos al Judicial (ver video).

Las contradicciones entre los discursos orales y escritos del MAS en ese entonces y sus acciones parecen darle la razón a Orías cuando habla de una agenda secreta de ese partido. A nivel discursivo, el MAS habló de respetar la independencia judicial y apurar los procesos judiciales para evitar la retardación de justicia; sin embargo, en sus acciones no solo buscó controlar a la justicia, sino que dejó en el limbo de la retardación a sus enemigos políticos una vez que tomó la sartén judicial por el mango.

Uno de los varios ejemplos del uso político de la justicia fue el caso denominado Porvenir por el que fue procesado el opositor Leopoldo Fernández. Si bien la denominada “Masacre del Porvenir” sucedió el 11 de septiembre de 2008, recién en 2017 dictaron sentencia de 15 años de prisión contra él; pero antes lo habían dejado en el limbo durante nueve años. Y el 9 de diciembre del año pasado, el Tribunal Sexto de Sentencia de la ciudad de La Paz dispuso la libertad irrestricta, pura y simple del exprefecto de Pando.

Los casos “groseros” de manipulación

Se puede, por tanto, indicar que seis años después de asumir el poder, el MAS logró borrar el 16 de octubre de 2011 cualquier huella de independencia que pudiera existir en la mayoría de los órganos del Estado, por no decir en todos.

El constitucionalista José Antonio Rivera le dijo a Guardiana que Bolivia arrastra una crisis judicial desde hace décadas. Pero durante el Gobierno del MAS esta fue profundizada llevando a la justicia a un estado casi terminal.

A los casos judiciales manejados políticamente de manera “grosera”, a la persecución judicial de adversarios políticos o personas que pensaran diferente y a las decisiones azules asumidas por el Tribunal Constitucional Plurinacional que hicieron posible las reelecciones de Evo Morales, Rivera se refiere en el siguiente video.

Jueces provisionales, atados de manos

Las elecciones judiciales de 2011 incluían, en la agenda oculta del MAS, el desmantelamiento de las autoridades judiciales en Bolivia para ser sustituidas por personas afines a ese partido. La nueva Constitución se convirtió en la llave para este tipo de acciones.

Otra acción fue convertir a las y los jueces en “provisionales” de la noche a la mañana. No era un detalle menor. Se les estaba despojando de ese modo de su seguridad y, con ello, de su independencia para dejarlos a merced de los hilos políticos mediante los que empezaron a manejarlos.

Y el Consejo de la Magistratura empezó a hacer de las suyas. En 2017, a 80 jueces y 26 vocales les agradeció por sus servicios y los cesó.

Al respecto, la abogada Soraya Santiago da más detalles y explica qué ocurrió entre la aprobación de la Constitución en 2009, las elecciones judiciales en octubre de 2011 y la situación actual de los jueces, de los que ni siquiera se sabe con exactitud cuántos hay en Bolivia ni cuánto por ciento de estos son de carrera. Lo único que se sabe es que hasta el 2018, según ella, los jueces provisionales alcanzaban un 80 por ciento. Y este gran problema que tiene que ver con la independencia de la justicia no ha sido aún resuelto como Santiago explica en el video.

“La cuestión de la ‘provisionalidad’ de muchos jueces ha captado la atención de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que ha observado que, cuando las designaciones son provisionales y por períodos indefinidos de tiempo, sin ninguna garantía de estabilidad, los jueces podrían tomar ‘sus decisiones solo con el objeto de complacer a la autoridad de la cual depende la renovación de su nombramiento o permanencia en el cargo’. En 2013 la Comisión identificó los nombramientos en provisionalidad de las y los operadores de justicia como uno de los problemas más frecuentes que, en la región, menoscaban la independencia judicial”.

“La independencia judicial en América Latina: Las consecuencias de la permanencia en el cargo y los procesos de designación judicial” de Bingham Centre for the Rule of Law

El presupuesto judicial y la autonomía económica

No es posible hablar de independencia si no existe autonomía económica y suficientes recursos. En Bolivia, como en otros países, esto se ve reflejado en el Presupuesto General del Estado. La Constitución del país indica al respecto:

“Constituyen garantías de la independencia judicial: el desempeño de los jueces de acuerdo a la carrera judicial y la autonomía presupuestaria de los órganos judiciales”.

Artículo 178 de la Constitución Plurinacional de Bolivia

¿Cuánto dinero se asignó al sector justicia en Bolivia en los últimos 14 años e incluso antes? Para responder a esta pregunta, Guardiana pidió a un economista y analista de presupuestos que trabajó en el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas durante los últimos años que levantara estadísticas sobre el dinero destinado a la justicia desde 2001 hasta 2020.

Esto debido a que en el último tiempo, diferentes organizaciones y personas han estado manejando distintas cifras sobre el porcentaje asignado al sector de la justicia en Bolivia en relación a todo el Presupuesto General del Estado. Unos han hablado del 0,54 por ciento en 2019, otros del 0,9 por ciento e, incluso, un candidato dijo que es el 0,3 por ciento en el debate realizado el domingo 4 de octubre.

Estas variaciones pueden deberse, en parte, a que a la hora de hablar del sector de la justicia no es suficiente pensar en el Órgano Judicial y el Tribunal Constitucional Plurinacional, sino en todas las entidades que tienen algo que ver con el trabajo judicial en Bolivia, tal el caso del mismo Ministerio de Justicia o de los defensores públicos que dependen de este.

Por ello y como se verá tanto en las cifras como en la lista de entidades, el análisis que hoy publica Guardiana incluye a todas aquellas instancias que algo tienen que ver con la justicia en el país.

Y a partir del análisis se puede concluir que al sector de la justicia en el país se le dio en 2019 y para este año el 0,8 por ciento del Presupuesto General del Estado, después de diez gestiones de haberle otorgado el 0,6 por ciento como se puede ver en la siguiente infografía.

Al respecto, el analista José Antonio Rivera aclaró que en otros países se da más del 1 por ciento a la justicia y citó algunos ejemplos, entre ellos Honduras, Guatemala y Costa Rica.

La voz de la exViceministra de Presupuesto

A fin de conocer la manera en que se manejó el presupuesto destinado a la justicia en Bolivia durante el Gobierno del MAS se entrevistó a Magaly Churruarrín Saavedra, exviceministra a.i. de Presupuesto del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, entre diciembre de 2019 y julio de 2020, y exDirectora General de Programación y Gestión Presupuestaria desde 2008 a 2020.

Ante la observación de que antes del Gobierno del MAS se había llegado incluso a dar el 1,6 por ciento del presupuesto de Bolivia al sector de la justicia y durante la administración de este partido se disminuyó y estacionó el porcentaje en el 0,8 por ciento, la exViceministra a.i. de Presupuesto dijo que no solo se deben mirar los porcentajes, sino las cantidades, las que evidentemente subieron. Sin embargo, después ella admitió que las asignaciones eran hechas de acuerdo a techos previamente fijados. La observación de los porcentajes permite apreciar que, en todo caso, se debió pensar en un techo que no pasara del 1 por ciento o menos.

¿Por qué no se pensó en algún momento en un techo mayor al 1 por ciento del presupuesto para la justicia tomando en cuenta los siguientes importantes problemas?

• Hoy existe un hacinamiento carcelario del 269 por ciento (como se puede ver en la siguiente infografía).
• La mitad de los municipios no tienen un juez, un fiscal y un defensor público.
• Cada fiscal del eje del país tuvo el año pasado unos 943 casos a su cargo y esto produce retardación en la justicia.
• Los juzgados anticorrupción siguen atendiendo también los casos de violencia hacia la mujer ocasionando impunidad.

Ante la pregunta que incluía la lista de carencias y problemas enumerados, la exViceministra a.i. de Presupuesto reconoció que el dinero dado no fue suficiente para cubrir todo lo mencionado.

Sin embargo, ella en gran parte atribuyó la falta de dinero para la creación de juzgados, ítems y otros a la deficiente gestión de la justicia en el país a la hora de disponer del presupuesto asignado.

La exViceministra aseguró que a pesar de compromisos asumidos para destinar dinero a lo urgente e imprescindible como, por ejemplo, contar con más juzgados en el país, se optó por seguir contratando personal administrativo.

Tan problemático se volvió este asunto que Magaly Churruarrín contó que en 2012, el Ministerio de Economía mandó una nota a la Contraloría para que tome cartas en el asunto. Pero, la Contraloría no hizo nada porque argumentó que al no existir un convenio firmado, no podía hacer nada. Al respecto, explica los detalles en el siguiente video:

En la infografía sobre el presupuesto asignado al Órgano Judicial y al Tribunal Constitución Plurinacional en Bolivia, se podrá observar que efectivamente, entre los años 2006 y 2020, se aumentó la cantidad de dinero otorgada al Órgano Judicial de 2.253 millones de bolivianos a 4.682 millones de bolivianos.

En todo caso, como podría llamar la atención que en 2001, el Gobierno de entonces destinó el 1,6 por ciento del presupuesto general al sector justicia, se habló al respecto con el exviceministro de Justicia de esa época, Carlos Alberto Goitia, quien explicó que en ese entonces tuvieron que realizar una serie de inversiones (ver video).

Más de una autoridad ha reconocido que el presupuesto asignado a la justicia no es suficiente. La presidenta transitoria de Bolivia, Jeanine Áñez, dijo el 4 de enero de este año durante la inauguración del “Año Judicial 2020” que la justicia “necesita alrededor de 200 millones de dólares adicionales para la creación de nuevos juzgados y construcción de infraestructura y equipamiento”.

La presidenta del Tribunal Supremo de Justicia, María Cristina Díaz, habló de la falta de independencia judicial. Dijo que el Órgano Judicial sufrió un “avasallamiento durante años” y llamó a sus colegas a hacer un “mea culpa como punto de partida para recuperar la credibilidad”.

César Muñoz Acebes, investigador senior de la División de las Américas de Human Rights Watch, y Alan García Campos, jefe de Misión en Bolivia de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, explicaron en un encuentro virtual que hoy los candidatos a la Presidencia de Bolivia tienen la gran oportunidad de impulsar una gran reforma de la justicia en el país, acabando con la impunidad, la falta de transparencia e independencia y trabajando hacia el futuro respetando los derechos humanos de todas y todos los bolivianos.

La lista de ajustes aconsejados por esas y otras organizaciones internacionales es larga. No solo hay que recuperar la independencia judicial, sino darle a la Fiscalía independencia para llevar adelante investigaciones transparentes; capacitar a forenses, hacer ajustes en leyes ambiguas para su aplicación y, sobre todo, terminar con la impunidad mediante la investigación transparente e independiente, entre otras medidas.

Y, ojo, tampoco se trata de hacer tabla rasa nuevamente con quienes son altas autoridades judiciales en este momento en Bolivia, advierte Soraya Santiago porque recuerda que para los cambios, existe a nivel internacional una serie de recomendaciones. De lo contrario, se estaría nuevamente atentando contra la justicia en Bolivia.

PROPUESTAS DE LOS CANDIDATOS

Guardiana preguntó a la directora ejecutiva de la Fundación Construir dedicada a la justicia en Bolivia, Susana Saavedra, y al constitucionalista Juan Antonio Rivera si en la lectura que realizaron de los programas de los candidatos a la Presidencia del país encontraron alguno que planteara reformas estructurales e integrales y una independencia total de la justicia. Ellos respondieron que no y Rivera dio más detalles sobre todo aquello que quienes son candidatos no tomaron en cuenta en sus programas:

Al margen de las propuestas escritas, quienes son candidatos han estado coincidiendo verbalmente en la necesidad de llevar adelante una reforma de la justicia. Sin embargo, no ha quedado muy claro qué es todo lo que esta incluiría ni cómo lo harían, y esto tampoco se ve reflejado en sus planes de gobierno de forma integral, de los que Guardiana recupera lo más importante de cinco de los siete partidos que tienen mayores opciones para las elecciones según las encuestas.

MOVIMIENTO AL SOCIALISMO

En el programa del MAS-IPSP que tiene como candidato a la Presidencia al exMinistro de Economía y Finanzas Públicas, Luis Arce Catacora, no se menciona el tema de presupuesto para el sector de la justicia; sin embargo, asegura que este sector debe ser transformado y los próximos años reconstruido.

En cuanto a la posibilidad de disminuir o anular la politización de la justicia y poner freno a los “padrinos políticos” de jueces y fiscales, este partido señala que se hará una selección de autoridades judiciales bajo criterios de transparencia y meritocracia, “con la finalidad de contar con un Órgano Judicial idóneo, probo y meritocrático”.

Recuerda que en 2018 Bolivia ingresó a la nueva era del notariado, con la posesión de notarios seleccionados en forma transparente por méritos y examen de competencia, con la participación del Sistema de la Universidad Boliviana en la evaluación, “dejando de lado las designaciones por favores políticos y poco transparentes”.

¿Cómo disminuir la carga procesal? En su programa, el MAS se limita a recordar que se promulgó la Ley 1104 de Creación de Salas Constitucionales con el objetivo de generar la especialización de juristas en el área del derecho constitucional que contribuye en la reducción de la carga procesal.

El 8 de mayo de 2019, se promulgó la Ley 1173 de Abreviación Procesal Penal con el objetivo de simplificar los procedimientos a través de la incorporación de la notificación digital, limitar el uso de la detención preventiva, fortalecer la oralidad en el proceso penal y eliminar el formalismo en actuados procesales.

En cuanto a la necesidad de que los jueces dejen de ser provisionales y se respete la carrera judicial en Bolivia, no hay nada en la propuesta del MAS-IPSP.

Sobre la posibilidad de mejorar la Rendición de Cuentas de la Justicia para una mayor transparencia y control por parte de la población, tampoco existe una propuesta del MAS-IPSP.

COMUNIDAD CIUDADANA

El tema de presupuesto para la justicia no figura en el Programa de Gobierno de Comunidad Ciudadana de Carlos Mesa como candidato a la Presidencia. Ni en el primer programa ni en el actualizado.

En el inicio de su propuesta sobre este tema, Comunidad Ciudadana anuncia la separación de sus funciones de las autoridades judiciales elegidas en los comicios judiciales de 2017, a las que califica de ilegítimas, ya que los votos nulos y blancos superaron ampliamente a los válidos.

¿Cómo deberían ser elegidas las autoridades judiciales? Comunidad Ciudadana plantea la incorporación de un comité de evaluación y calificación de trayectoria y méritos profesionales de los postulantes. Dicho comité estaría compuesto por abogados destacados que estarían acompañados de representantes de la sociedad civil. Esta modalidad también se aplicaría en la designación de fiscales. Esto supone, según el programa de gobierno, una ruptura del monopolio de la clase política en este proceso.

Otra promesa es el reemplazo de los palacios de justicia por centros ciudadanos de justicia que trabajarían de manera descentralizada en los municipios. Dentro de sus ambientes trabajarían jueces, fiscales, policías, mediadores, conciliadores, autoridades indígena originario campesinas, defensores públicos, forenses y otros servicios especializados.

Este frente político también plantea digitalizar los servicios judiciales para evitar en la medida de lo posible el traslado de litigantes a los juzgados y reducir los márgenes de discrecionalidad y arbitrariedad de los funcionaros judiciales. Los centros ciudadanos de justicia estarán equipados con nuevas tecnologías para eliminar la corrupción, retardación, impunidad y mala aplicación de la ley.

Jueces y fiscales serían capacitados en curso de alto nivel académico de postgrado y cursos cortos. Esta capacitación será el eje del desarrollo de la carrera judicial para que los funcionarios puedan progresar solo sobre la base de sus méritos, capacidad y buena conducta.

Las autoridades del Defensor del Pueblo y de la Contraloría General serán designadas, según CC, por su independencia, confiabilidad y excelencia personal y profesional.

También plantea la reforma y modernización de la Policía, de Ministerio Público y del sistema carcelario.

CREEMOS

El programa de Creemos, cuyo candidato a la Presidencia es Luis Fernando Camacho, prevé la elaboración de un Plan de Fortalecimiento del Órgano Judicial para la construcción y mejoramiento de la infraestructura judicial, el equipamiento y personal. La previsión es llegar a asignar en el año 2025 un presupuesto equivalente al 1% del PIB.

La elección de altas autoridades pasaría a la Asamblea Legislativa Plurinacional a partir de ternas elaboradas en el Consejo de la Magistratura en un proceso público, competitivo y transparente.

Se prevé crear la carrera judicial mediante una ley que deberá definir las formas de selección, continuidad laboral y remoción de personal.

En el marco de la propuesta resalta que constituyen garantías de la independencia judicial el desempeño de los jueces de acuerdo a la carrera judicial y  la autonomía presupuestaria de las entidades de la justicia.

“Realizando un análisis de la labor desempeñada por los juzgados y tribunales de justicia en el período democrático que transcurre entre el año 1982 al presente, podemos afirmar que el Órgano Judicial no cumple con ninguna de las funciones asignadas; pues no existe un control jurisdiccional efectivo al ejercicio del poder político. Al contrario, se advierte una peligrosa y lamentable subordinación del sistema judicial a quienes detentan el poder político”.

Plantea una reforma del sistema judicial estructural que incluye lo siguiente: presupuesto, descentralizar la administración de la justicia, la educación y formación, y la capacidad profesional.  

En su propuesta, este frente político garantiza el acceso a los juzgados y tribunales, en igualdad de condiciones y la obtención de una sentencia o resolución debidamente motivada en derecho en un plazo razonable.

Según este partido, dando cumplimiento a la Constitución y demás normativa siendo el país un Estado constitucional de Derecho, la misión fundamental del Órgano Judicial es la de resguardar y preservar el Estado de Derecho y la seguridad jurídica de todos los bolivianos; a través de un control jurisdiccional sobre los actos de quienes detentan el poder político y el poder económico.

También indica que el sistema judicial debe preservar la plena vigencia de los principios democráticos; garantizar la convivencia pacífica, resguardando y protegiendo los derechos humanos fundamentales; pacificar la sociedad, resolviendo los conflictos y controversias emergentes de la aplicación de la Constitución y las leyes; y garantizar la seguridad jurídica y ciudadana.

Cuestiona que no se despliegan las acciones efectivas para preservar los principios democráticos. Indica que esto se ha comprobado en las últimas elecciones subnacionales, en las que frente a graves violaciones de esos principios, denunciados a través de acciones de defensa, el sistema judicial no ha tomado decisiones razonables para reparar efectivamente las graves irregularidades cometidas por el Organismo Electoral Plurinacional.

Y cree que existe una violación de los derechos humanos fundamentales de las personas, especialmente de aquellos grupos sociales vulnerables, situación no reparada por el sistema judicial del Estado, pues los jueces y tribunales extreman todos sus esfuerzos para denegar la tutela o protección de los derechos, haciendo primar el formalismo procedimental frente a la verdad material.

Por ello, los conflictos y controversias no son resueltos de manera razonable, justa ni con la oportunidad debida, al contrario, existe una lamentable retardación de justicia. En definitiva, no existe seguridad jurídica, ni ciudadana. 

La crisis estructural que atraviesa el sistema judicial hace que la justicia se debata entre los que detentan el poder y los que no detentan, siempre y cuando los administradores de justicia sean creyentes de su fe y capacidad para poder resolver dichas controversias que se originan por aquellos que son incapaces o buscan el ilícito para enriquecerse a costa de los más necesitados.

Ante esta situación, ese partido indica que la injusticia está por encima de la justicia según los siguientes razonamientos: un elevado número de bolivianos y bolivianas no puede acceder a los servicios judiciales, debido a la falta de juzgados y tribunales de justicia. Indica que de 337 municipios que conforman el Estado boliviano, solamente 180 cuentan con esos servicios, siendo esta una de las causas para que el Estado básicamente no garantice a todas las personas lo siguiente: acceso a los juzgados y tribunales, en igualdad de condiciones; obtención de una sentencia o resolución debidamente motivada en Derecho en un plazo razonable y no garantiza la ejecución de la sentencia emitida por los jueces y tribunales. 

FRENTE PARA LA VICTORIA

El Frente Para la Victoria (FPV), que propone a Chi Hyun Chung como candidato a la Presidencia, expone su propuesta sobre el sistema judicial con el subtítulo “Por una justicia oportuna y transparente”. Lo más parecido a una modificación de los recursos financieros de justicia está resumido en la propuesta para “mejorar la infraestructura de los locales judiciales” sin entrar a explicar cómo ni con qué recursos.

La carrera judicial y la elección de jueces no son objeto de tratamiento en la propuesta, cuyo eje central gira alrededor de buscar la transparencia mediante procesos de información a los usuarios: el uso de notificaciones electrónicas y hacer que las sentencias sean públicas.

ALIANZA 21- LIBERTAD  Y DEMOCRACIA

Con relación a los presupuestos, de manera general la Alianza 21, que tiene como candidato a la Presidencia a Tuto Quiroga, indica en su Programa de Gobierno que se aplicará el concepto de gestión por resultados (plan-presupuesto-ejecución-seguimiento-evaluación), que parte de la idea de que todo lo que haga el sector público tiene que beneficiar a la población.

Con respecto al sistema de justicia, plantea acciones –dice– para asegurar su transparencia e independencia: implementar un sistema de selección y elección por méritos de magistrados de los tribunales Constitucional y de Justicia. La medida incluye a los que aspiran dirigir la Procuraduría General, la Defensoría del Pueblo y la Fiscalía General.

Señala que la meritocracia sería la vara que mediría la capacidad de los futuros jueces y también de los conductores del Ministerio Público.

Propone desarrollar la carrera judicial y fiscal que asegure la permanencia en sus funciones solo de los buenos profesionales. Los otros serán apartados de sus cargos y reemplazados. Además, prevé capacitaciones y evaluaciones permanentes.

No se lee nada concreto con relación a la sobrecarga procesal. Pero se plantea reformar el Código Penal para reestructurar “el catálogo de delitos” y racionalizar el sistema de penas, y el Código de Procedimiento Penal “equilibrando la rapidez de las decisiones de los jueces con la justicia de esas decisiones y agilizando la atención de los conflictos penales de menor cuantía”.

Promete adaptar el sistema de justicia a las nuevas tecnologías para permitir el acceso a la información, y mejorar la gestión y el desempeño judicial con la digitalización de registros, celebrar audiencias por videoconferencias… También ofrece democratizar el uso de medios alternativos de solución de controversias.

Plantea empoderar al ciudadano sobre sus derechos a la transparencia institucional, la petición y la rendición de cuentas, y también a las universidades públicas y privadas para ejercer control social de las decisiones judiciales.

La punta del ovillo…

Por todo lo visto y expuesto se puede decir que cuando el MAS asumió el poder en Bolivia el 22 de enero de 2006 se encontró con un Órgano Judicial y un guardián constitucional que le mostraban los dientes que, según Evo Morales, tenían los colores de partidos como ADN, MIR y MNR.

La aprobación de la nueva Constitución en 2009 fue la llave que les permitió a Evo Morales y a su entorno asumir el control de la justicia después del 16 de octubre de 2011 con las primeras elecciones judiciales que sirvieron como argumento para cambiar de golpe a las autoridades judiciales. Aunque ni en esos casos se aconseja a nivel internacional llevar adelante tal medida de forma abrupta y total.

Tanto analistas bolivianos como organizaciones internacionales opinaron que, en realidad, llevar a las urnas la elección de autoridades judiciales no fue una buena idea, peor tomando en cuenta que quienes hicieron la lista de los “elegidos” fueron parlamentarios de un Órgano, el Legislativo, sobre el que el MAS también tenía control. Así, los postulantes que se ofreció a la población con el rótulo de transparencia e independencia fueron, en realidad, azules afines al MAS.

El 16 de octubre de 2011, el Consejo de la Magistratura, el Tribunal Constitucional Plurinacional, el Tribunal Supremo de Justicia y el Tribunal Agroambiental fueron pintados de azul.

A quienes estaban más abajo, jueces y juezas, se les puso la etiqueta de “provisionales” y se los dejó en el limbo hasta hoy porque desde ese lugar es mucho más fácil manejarlos. Con ello, adiós cualquier viso de independencia. Se sabe que hasta el 2018, el 80 por ciento de jueces y juezas eran aún provisionales.

Pero tomar el control de la justicia presentaba otros problemas más, uno de ellos la presencia molestosa y curiosa de periodistas que ponían en peligro los planes del MAS de incluir una agenda secreta del poder en la nueva Constitución que le permitiera al entonces presidente Evo Morales quedarse por mucho tiempo en el poder.

Por ello, tres meses antes de las elecciones judiciales de 2011, se aprobaron normas que evitaron a las y los periodistas averiguar más sobre el pasado de los candidatos azules y, al final, tales comicios terminaron siendo lo menos informado de todo lo conocido sobre elecciones en Bolivia desde la recuperación de la democracia en 1982.

Esos fueron los inicios de una serie de persecuciones judiciales de adversarios políticos, de decisiones judiciales a favor de las reelecciones de Evo Morales y de un largo etcétera que algunos de los entrevistados por Guardiana explicaron. Sin embargo, este material es solo la punta del ovillo.

Los candidatos a la Presidencia no tienen un plan integral y completo que permita no solo reformar la justicia, sino independizarla totalmente, según los expertos y de acuerdo a la revisión de sus programas de gobierno.

La entrada El MAS diseñó una justicia obediente, ¿algún candidato plantea liberarla? se publicó primero en Guardiana.

Martes 22 de septiembre de 2020.- A pesar de haber transitado por más de dos décadas de reformas, la justicia en Bolivia sigue atrapada entre los mismos problemas y los avances apenas se perciben. Un botón de muestra: en 2019 se tuvo un porcentaje de 64,33 por ciento de personas encarceladas preventivamente sin sentencia y 17 años antes, en 2002, el porcentaje era el mismo: 64,83 por ciento.

La justicia se desenvuelve en una especie de estado “pendiente”. Pendiente de solución que se le aumente el presupuesto. Pendiente de solución que todos los municipios puedan tener juez, fiscal y defensor público. Pendiente de solución que añadan los juzgados que faltan, incluyendo juzgados exclusivos para los casos de violencia hacia la mujer. Pendiente de solución que no le den a cada fiscal del eje del país 943 casos al año en promedio. Pendiente de solución el hacinamiento carcelario producido porque el 64,33 por ciento de las personas sigue con detención preventiva, es decir, sin sentencia. Pendiente de solución que las y los políticos dejen de politizar la justicia.

¿Y los avances? Los hay; aunque apenas se perciben… Disminuyó un poco el hacinamiento carcelario y se espera que baje más con la aplicación de la nueva Ley 1173, también cuestionada.

Y, tal vez lo más importante: empezó la incorporación de las nuevas tecnologías en los procesos judiciales. Ahora los operadores y los usuarios pueden tener acceso a los procesos desde su celular. Pero, aún falta camino por andar.

El presupuesto anual

A pesar de los serios problemas por los que atraviesa la justicia en el país, el Gobierno de Bolivia destinó para la gestión 2019 de todo el sector judicial solo el 0,54 por ciento del presupuesto general. Así lo ha hecho notar El “Estado de la Justicia en Bolivia 2019” de la Plataforma Ciudadana por el Acceso a la Justicia y los Derechos Humanos (integrada por 60 organizaciones vinculadas a derechos humanos en Bolivia). Hay que aclarar que ese monto no solo incluye al Órgano Judicial, sino a las diferentes instancias que son:

• Órgano Judicial
• Fiscalía General
• Servicio Plurinacional de Defensa Pública
• Tribunal Constitucional Plurinacional
• Servicio Plurinacional de Asistencia a la Victima 
• Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional
• Escuela de Jueces del Estado

Solo como dato de una de las inversiones necesarias se puede decir que la mitad de los municipios del país no tiene acceso oportuno a la justicia como se verá más adelante.

Municipios sin justicia

¿Sabías que en pleno siglo XXI no existe un juez, un fiscal y un defensor de oficio en cada municipio de Bolivia? Ya en 2017 se había visto que de los 324 municipios que entonces había en el país, los jueces llegaban a un 48 por ciento, la Fiscalía a un 41 por ciento y los defensores públicos a un 29 por ciento. Y en el caso del Servicio Plurinacional de la Víctima, únicamente está presente en cinco de los nueve departamentos del país.

A 2019, eso no ha cambiado mucho. Se trata, por donde se mire, de un hecho crítico porque quiere decir que en la mitad de los municipios la gente no puede acceder a una justicia pronta, sobre todo en el área rural.

Este problema va, incluso, contra las leyes y la propia Constitución que en 2009 en su nuevo texto aseguró un acceso a la justicia por parte de todas y todos los bolivianos. Y no es así…

Sin juzgados suficientes

Según el Tribunal Supremo de justicia de Bolivia, en 2019 se crearon 41 nuevos juzgados de sentencia penal, 30 en ciudades capitales y 11 en provincias. Los departamentos del país más favorecidos con ese medida fueron Santa Cruz y Cochabamba, donde se crearon 10 juzgados en cada uno de ellos.

Y a eso habrá que añadir la creación de un nuevo Juzgado de Instrucción Anticorrupción y Violencia contra la Mujer y un Juzgado de Instrucción.

Sin embargo, siguen siendo insuficientes. Por ejemplo, siguen creando como cuentagotas juzgados que tratan tanto casos de corrupción como de violencia hacia la mujer cuando, más bien, se necesitan juzgados expertos en género que sean suficientes en número para evitar la retardación en la atención de las víctimas.

Solo como dato: del total de feminicidios atendidos desde el año 2013 en que se aprobó la Ley 348 (con la que se suponía se disminuiría la violencia hacia la mujer en Bolivia), solo el 32 por ciento de los casos de feminicidio tienen sentencia, mientras la cantidad de feminicidios ha aumentado en 450 por ciento desde 2013 hasta 2019.

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Fiscales contra la pared

“En lo referente a los casos atendidos a nivel nacional -indica el ‘Estado de la Justicia en Bolivia 2019’- el Ministerio Público habría contado durante la gestión 2019 con un total de 376.181 casos, de los cuales 121.902 fueron resueltos, iniciándose la gestión 2020 con 254.279 casos. El Informe incide en el hecho de que de acuerdo a los datos
del eje central del país (La Paz, Santa Cruz y Cochabamba) se evidencia una saturación del sistema penal por cuanto 290.343 casos son asignados a 308 fiscales, teniendo cada fiscal un promedio de 943 casos al año. No existen datos de los otros departamentos del país”.

Por tanto, la carga procesal que existe sobre quienes deben dirigir las investigaciones durante un juicio, más conocidos como fiscales o representantes del Ministerio Público, es equivalente a ver un escritorio atestado de papeles que en vez de disminuir solo aumentan.

Y no se trata de una metáfora. Es así cómo lo recuerda quien durante 13 años trabajó en el Ministerio Público y durante siete años fuera fiscal hasta el 2019 y hoy es representante del Viceministerio de Transparencia y Lucha contra la Corrupción en Cochabamba, Ricardo Arellano.

Este abogado de 40 años que manejó como fiscal casos importantes como, por ejemplo, el denominado “Caso Mochilas” que involucra al alcalde de la ciudad de Cochabamba, José María Leyes, cuenta que llegó a manejar hasta 700 casos en un año con otros tres fiscales. Fue pesado.

Arellano relata que 24 horas en la vida de un fiscal implica varias actividades y no solo estar tras un escritorio abarrotado de papeles que siguen aumentando y aumentando. También debe estar presente en las audiencias para luego volver a la oficina. Y cuando llega a esta, sobre su escritorio hay más papeles. A ello se suman otras tareas que obligan llevarse trabajo a casa. Sin embargo, desde que han empezado a trabajar virtualmente por Covid-19, de algún modo quienes son operadores de la justicia en general se han visto beneficiados porque pueden atender más de un asunto, a través de plataformas virtuales, sin tener que ir de un lado a otro.

Este abogado penalista destaca que poco a poco toda la carga procesal sobre las espaldas de los fiscales ha empezado a disminuir a partir de la aprobación de la Ley 1173 en 2019. Se trata, en lo procesal, de una serie de medidas mediante las que los casos ya pueden tener seguimiento virtual de jueces, fiscales y las partes a través de sus celulares. Aún hay camino por andar al respecto, pero se está avanzando.

Hacinamiento carcelario

A diciembre de 2019, Bolivia contabilizaba 48 recintos penitenciarios, 20 urbanos y 28 rurales, con capacidad para albergar a 6.769 personas privadas de libertad. Sin embargo, la cantidad de gente que allá vivía ascendía a 18.208 personas.

Esto significa que entre el 2018 y el año pasado, bajó un poco el hacinamiento carcelario de 330 por ciento a 269 por ciento. El 75% de la población carcelaria se encuentra en los departamentos de La Paz, Cochabamba y Santa Cruz.

“En los 17 años de vigencia plena del sistema acusatorio en Bolivia la población carcelaria incrementó en un 244% (13.582 personas), no obstante, las capacidades de albergue no han incrementado en igual proporción. Tan solo entre 2015 y 2018, la población carcelaria incrementó en 5.487 personas, no obstante en ese mismo periodo las capacidades de albergue apenas incrementaron en un 7% (392 personas)”.

Informe sobre el Estado de la Justicia en Bolivia 2018 de la Plataforma Ciudadana por el Acceso a la Justicia y los Derechos Humanos.

Personas con detención preventiva

Uno de los problemas más sensibles y visibles de la falta de mayor acceso a una pronta justicia en Bolivia está en el porcentaje de personas encarceladas sin sentencia, lo que se llama preventivas. El año pasado, siete de cada diez estaban en los penales sin sentencia.

Más curioso y preocupante aún es ver que el porcentaje de personas que estaban en la cárcel sin una sentencia en 2019 es el mismo que Bolivia tenía el año 2002, hace 17 años como se podrá ver la siguiente infografía.

Este problema es uno de los que preocupa a la organización de derechos humanos internacional Human Rights Watch (conformada por 400 miembros situados en diferentes partes del mundo) y sobre el que se ha manifestado en su último informe recién conocido por cuanto no solo hace notar la existencia de penales sobrepoblados, sino que denomina a la forma de vida en esos lugares como precaria e inhumana.

“El uso extendido de la prisión preventiva y las demoras en los juicios hacen que las cárceles estén sobrepobladas y generan condiciones penitenciarias precarias e inhumanas”.

Human Rights Watch 

Se suponía que ese uso extendido de la prisión preventiva a la que se refiere Human Rights Watch no debía haber existido si las medidas cautelares no se hubiesen convertido en Bolivia en una pesadilla burocrática. Sin embargo, con la aprobación de la nueva Ley 1173 de Abreviación Procesal Penal del 3 de mayo de 2019, los operadores de justicia esperan que esto cambie.

Dicha ley flexibiliza las medidas cautelares, a fin de que estas no den lugar a una detención preventiva directa. Por ejemplo, se dice que “cuando el imputado se encuentre en libertad y en la audiencia se determine la aplicación de una medida cautelar que no sea la detención preventiva, la jueza, el juez o tribunal mantendrá su situación procesal y le otorgará un plazo prudente debidamente fundamentado para el cumplimiento de los requisitos o condiciones a las que hubiera lugar“. 

Si en las medidas cautelares se habla del peligro de fuga del acusado, esto “no se podrá fundar en meras presunciones abstractas“, sino que “deberá surgir de la información precisa, confiable y circunstanciada que el fiscal o querellante aporten en la audiencia y den razonabilidad suficiente del por qué la circunstancia alegada permite concluir que el imputado eludirá la acción de la justicia”. 

También se tomará en cuenta la situación socio-económica de la persona acusada y “en ningún caso la inexistencia de derecho propietario, contrato de arrendamiento o anticresis en favor del imputado, será por sí misma entendida como falta de domicilio o residencia habitual; tampoco la inexistencia de un contrato formal de trabajo será entendida por sí misma como la falta de negocios o trabajo”. Este punto es importante porque mucha gente ha sido enviada a prisión por no poder exhibir un contrato de alquiler o anticrético a su nombre o mostrar un contrato de trabajo.

Sin embargo, la Ley 1173 también incluyó la necesidad de que al dar las medidas cautelares, la o el juez también fije el tiempo máximo en que el acusado esté con detención preventiva si fuera a ingresar a prisión, pasado ese tiempo, debe defenderse en libertad.

Sin embargo, esta posibilidad que puede ayudar a despoblar los penales no fue muy bien recibida por parte de abogadas, activistas y familiares de víctimas de violencia que siguen protestando porque algunos acusados han salido en libertad a los seis meses de que estuvieron en prisión sin que hasta entonces quien es fiscal hubiese podido reunir las pruebas para armar la acusación necesaria para realizar el juicio en cuestión.

“El hecho estaría ocurriendo principalmente en La Paz y Santa Cruz, donde varios de los imputados por feminicidio dejaron las cárceles y fueron beneficiados con medidas sustitutivas. El temor de los familiares de las víctimas es que los mismos podrían darse a la fuga a fin de no enfrentar un próximo juicio oral y una sentencia de 30 años de reclusión”.

Página Siete

Existe el compromiso de hacer modificaciones en la Ley 1173; pero aún no se ha llevado a cabo las mismas en la Asamblea Legislativa.

Mujeres con hijos detenidas

Si bien el número de mujeres detenidas (1.275) en los penales de los nueve departamentos de Bolivia es inferior al número de hombres (16.933), un punto importante que no hay que perder de vista es que entre quienes suelen estar en prisiones con detención preventiva hay muchas mujeres que son cabeza de familia. Con su detención, el futuro de las hijas e hijos no suele estar asegurado cien por ciento.

En el informe de 2018 sobre la situación carcelaria, Plataforma Ciudadana por el Acceso a la Justicia y los Derechos Humanos indicó que el 85% de las mujeres entrevistadas tenía hijos, pero solo el 13% vivía con sus hijos dentro del recinto penitenciario. Mientras ellas estaban en prisión, solo en el 5% de los casos quedaron a cargo de la pareja, en el 54% a cargo de otros familiares y en el 41% de los casos quedaron en situación de abandono para cuidarse solos o al cuidado de sus hermanos mayores.

Salidas alternativas

Precisamente por los problemas de hacinamiento y el elevado porcentaje de personas en las cárceles sin sentencia es que se viene impulsando en Bolivia la aplicación de salidas alternativas, excepto en casos graves que impliquen homicidio, asesinato o violencia contra la mujer, entre otros.

Al respecto, el representante de Transparencia en Cochabamba cree que las salidas alternativas son una muy buena opción para disminuir tanto el número de los casos como la cantidad de gente que se encuentra en los penales con detención preventiva.

Además, Arellano considera que la labor de los defensores públicos puede ser importante en la medida en que pueden ayudar a identificar aquellos casos de personas que están en las cárceles y que podrían encontrar una solución mediante la conciliación.

A pesar de que la conciliación es vista con buenos ojos porque reduce tiempos, dinero e incluso estrés de parte de los litigantes, se trata de una nueva posibilidad alternativa que aún no es muy conocida por la población.

En 2019, las salidas alternativas como la conciliación hicieron posible que 3.347 casos fueran resueltos en el país.

Mañana, una opción a toda esta situación compleja: la conciliación. #SerieJusticia es un proyecto periodístico apoyado por la Cooperación Suiza en Bolivia.

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