Martes 19 de diciembre de 2023.- “El ingenio azucarero es un gran engaño”, dice un hombre que escuchó mi conversación con un funcionario de la Alcaldía de San Buenaventura, en el norte de La Paz. Es el final de la tarde de un jueves de noviembre de 2023 y estamos envueltos en una nube de humo, con un calor insoportable por los incendios que se comen la Amazonía boliviana. Esta persona oriunda del lugar me pide mantener su nombre en reserva y me cuenta que la estatal Empresa Azucarera San Buenaventura (Easba) convenció a las comunidades para desmontar sus bosques y cultivar caña de azúcar con la promesa de desarrollo. Los indígenas aceptaron, pero como todo se hizo con equipo de la compañía “al final les pasaron la factura y los hermanos terminaron con deudas de millones de bolivianos”. 

Esta es una realidad confirmada por una decena de fuentes, entre cañeros, autoridades y funcionarios públicos con los que conversé. Indígenas que nunca habían contraído un crédito ahora están endeudados con la empresa pública por la deforestación de su territorio y el cultivo de caña. Las comunidades que aceptaron el trato reciben un 20% del valor de la producción, mientras el restante 80% se destina al pago de su deuda.

El problema es que cada año que pasa la producción es menor, por lo que hay menos valor para honrar estos compromisos. En un principio se estimaba que la deuda se pagaría en cinco años, pero en ese tiempo los cañeros deben adquirir más créditos para comprar pesticidas, semillas y otros insumos.

“Teníamos programado pagar la deuda en cinco años, pero como hay deficiencias en la producción, cuando es tiempo de cosechar entra el tema de fertilizantes y ciertas cosas y pues ya es otra adquisición de deuda”, cuenta un cañero de la comunidad Altamarani, la más próxima al ingenio, cuyo nombre se mantiene en reserva por temor a represalias. 

Jorge Canamari, presidente del Consejo Indígena del Pueblo Tacana (Cipta), un pueblo originario de la Amazonía boliviana, va a bordo de un vehículo azul oscuro. Transita por parajes que más parecen del altiplano que de un bosque húmedo, con vegetación seca y ocre. Alrededor del camino llamas ardientes consumen la vida y columnas de humo se elevan hacia los cielos grises. Ante la desatención de las autoridades, él se mueve en este coche junto a su familia, y un lorito desplumado que se muere de sed, para ayudar a las comunidades asediadas por los incendios. En medio de estas agobiantes labores se da tiempo para conversar sobre el ingenio.

“Hay comunidades endeudadas con más de Bs 4 millones y en cinco cosechas no se pagó ni la mitad, porque cada año va mermando la producción. Es lamentable”.

Jorge Canamari, presidente del Consejo Indígena del Pueblo Tacana (Cipta)

Ni Easba ni el Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural, cartera encargada del área, brindaron información solicitada para este reportaje.

Una empresa poco rentable

A las deudas de las comunidades locales se suma la que tiene la propia empresa pública con el Banco Central de Bolivia (BCB) por $us 265 millones, dinero que le fue entregado para su constitución y para la construcción del ingenio azucarero. Hasta ahora el crédito no ha sido devuelto, según informes de la entidad monetaria. Los ingresos de la compañía no cubren sus gastos por la deficiente producción de caña y azúcar, por lo que constantemente debe buscar apoyos estatales, sostiene Daniel Robison, un especialista en conservación de suelos que ha investigado a fondo este asunto.

“A mí no me lo contaron, yo mismo he intentado producir caña de azúcar y sé de las limitaciones. Tengo mi trapiche ahí pudriéndose”, dice el paceño con pinta de “gringo”, de 63 años y casi 30 viviendo en Rurrenabaque, Beni, donde decidió armar su hogar con su difunta esposa. Ahora él vive con “Jucu”, una perra cariñosa que lo sigue a todas partes por su casa, ubicada a pocas cuadras de la plaza principal, y con una gata que caza a los ratones.

Robison explica que la intención de cultivar caña en San Buenaventura es parte de la denominada «Marcha al Norte», una emulación de la «Marcha al Oriente», que entre los 40’ y 50’ se concretó con la construcción de ingenios azucareros en Santa Cruz. Hasta entonces el departamento cruceño había sido una región descuidada, que tuvo que ser conectada con carreteras a las tierras altas donde bullía la actividad económica gracias a la minería y a la burocracia gubernamental. Un destino similar se pretende para el norte boliviano; pero no se considera las diferencias entre estas regiones.

“Hay gente que más que querer a La Paz, envidia a Santa Cruz. Se desconoce la diferencia y se menosprecia lo que hay aquí. No les interesa ni un poquito los recursos en el norte de La Paz, donde se tiene un bosque amazónico hermoso. ¡Y les importa un pito!”, dice Robison, con rabia e impotencia. “El bosque, para ellos, es una cosa que hay que sacar para poner caña o palma africana. ¡Eso es una mentalidad colonizada total!”.

Hubo años en que Easba ni siquiera pudo cubrir sus gastos corrientes. En 2018 los gastos corrientes llegaban a Bs 128 millones, pero los ingresos sólo a Bs 34 millones. Para el 2023 los ingresos se proyectaron en Bs 62 millones, aunque se desconocen los gastos programados. Hasta el cierre de esta edición, ni la empresa estatal ni el ministerio del área respondieron a las consultas sobre sus estados financieros.

Los bosques amazónicos desaparecen

Es mediados de noviembre del 2023, las comunidades alrededor del ingenio azucarero arden y se ahogan en el humo. Los indígenas están desesperados. Corren de un lado al otro con la poca agua que les queda. La sequía los ha golpeado por cuatro meses seguidos. Los incendios forestales los han puesto en un infierno.

Parado detrás de una casa en la comunidad de Buena Vista, el ingeniero agrónomo Marco Patiño mira cómo el fuego brota por debajo de cenizas esparcidas en el suelo y despotrica contra los planes del Gobierno. Ayer las llamas se tragaron una casa en este poblado y quemaron parcialmente al menos otras cuatro.

“Con el discurso de que somos productores autónomos se originan estos desastres, desmonte de bosques, y ahora estas son las consecuencias. Desde los 70’ ya se sabía que el ingenio no iba a funcionar. Si este es el modelo que nuestro Gobierno está promoviendo, los indígenas van a tener que migrar a otros lugares”, dice Patiño, mientras un niño de unos 10 años corre con una mochila cargada de agua para chisguetear las llamas que parecen salir del inframundo.

El ingenio azucarero es una amalgama de equipos metálicos instalados frente a un bloque de concreto donde se encuentran oficinas de Easba: tres niveles con espacio suficiente como para 400 cubículos; pero varios de ellos lucen abandonados. Los trabajadores señalan que comúnmente hasta 60 personas trabajan en tareas de mantenimiento y en época de zafra la cantidad de obreros se triplica.

Fuentes internas informaron que uno de los principales problemas es que la tecnología del ingenio es china de tercera categoría, por lo que el desgaste es veloz y los repuestos son difíciles de conseguir.

Alrededor del ingenio y del edificio azul de oficinas hay extensos cultivos de azúcar divididos por árboles que dejaron a modo de cortavientos, resecos por la sequía y el sol. En unos días más este lugar que ya está lleno de humo será alcanzado por el fuego, que consumirá hasta 150 hectáreas de las plantaciones. Por ahora los trabajadores están en estado de alerta, al igual que las comunidades cercanas. La más próxima es Altamarani, una aldea al borde del río Beni a la que sólo se puede entrar en coche a través del camino abierto por Alrededor del ingenio y del edificio azul de oficinas hay extensos cultivos de azúcar divididos por árboles que dejaron a modo de cortavientos, resecos por la sequía y el sol. En unos días más este lugar que ya está lleno de humo será alcanzado por el fuego, que consumirá hasta 150 hectáreas de las plantaciones. Por ahora los trabajadores están en estado de alerta, al igual que las comunidades cercanas. La más próxima es Altamarani, una aldea al borde del río Beni a la que sólo se puede entrar en coche a través del camino abierto por Easba.

La comunidad solía estar en medio del monte, rodeada por gigantescos árboles que fueron cortados para plantar caña. Antes solían sacar agua del río y de los arroyos cercanos, pero ahora están contaminados por los desechos del ingenio y de toda la actividad humana más al sur. Ahora dependen de un pozo con baja presión que está fallando.

“La deforestación ha sido intensa. Ha afectado la sequía. Pero también hay enfermedades raras que han aparecido. Aquí no hay médicos y nos salvamos con medicina natural y el yatiri”, me cuenta Gilmer Cartagena Chao, corregidor de la comunidad. “El maíz se ha secado, la yuca se ha podrido, el cacao se ha malogrado, y los plátanos se están doblando delgaditos”.

Aunque el ingenio está a pocos pasos, la gente debe migrar en busca de trabajo, relata Gilmer y con él coincide Roxana Áñez, una beniana de 52 años que se instaló aquí a sus 16 por perseguir el amor. Me dice que los hombres pueden zafrear la caña, pero en el ingenio no hay espacio para ellas, sólo para profesionales.

Echa un vistazo a su alrededor, a través de las ventanas vacías de la sede social pintada de azul, y expresa: “Más ha sido el perjuicio para nosotros. Mire el desmonte que estamos sufriendo. No sabemos el fuego de dónde viene, si vendrá de los cañaverales o de otro lado, pero lo sentimos”.

Áñez me dice que en el pasado la gente vivía de sus cultivos, la caza y la pesca; pero ahora sus cultivos se secan, los peces se agotan en un río cada vez más enfermo, y los animales huyen porque su hábitat ha desaparecido. “Easba ha desmontado para hacer sus cañaverales y nosotros no tenemos monte, y con este incendio nos vamos a quedar sin nada”.

Ni la gobernación de La Paz, ni el Ministerio de Medio Ambiente, ni Easba respondieron a las consultas sobre los estudios de impacto ambiental, licencias y otros que se hubieran realizado para la instalación y funcionamiento del ingenio.

Azúcar amargo

“La noticia era dulce”, dice Darío Mamio, el corregidor de Bella Altura, otra pequeña comunidad de San Buenaventura, en medio de la espesa arboleda. “Cerquita de nosotros está Easba, y con las plagas que van evolucionando por los agroquímicos que rocían se afecta a nuestros cultivos tradicionales. Contaminan nuestros arroyos y el río en el tiempo de zafra. Los peces mueren y no hay compensación”.

La producción de azúcar genera residuos contaminantes para el medio ambiente, como bagazo, cachaza, y vinaza. Fuentes cercanas a Easba señalaron que los desechos no se tratan de forma adecuada. En pequeñas cantidades la vinaza funciona como abono, pero en grandes cantidades es un veneno para la vegetación. Ingenios mejor preparados tienen sistemas de riego para esparcir la vinaza en sus cultivos; pero Easba deposita la mayor parte en piscinas artificiales que podrían filtrase y provocar daño al ecosistema, señalaron.

Le pregunto al experto en suelos Daniel Robison cómo ve el futuro de San Buenaventura y de la producción de azúcar. Su respuesta no anima. Cocinados por el calor inverosímil y envueltos en la humareda, el académico enamorado de la Amazonía me dice que nunca antes en la historia reciente se habían alcanzado temperaturas tan altas como ahora en esta región: encima de 40 grados por varios días continuos. Que nunca había dejado de llover por cuatro meses seguidos. Que nunca se había visto la selva arder como en los últimos años. El fuego, iniciado generalmente en las tierras de cultivo, se extinguía al llegar al bosque húmedo; pero eso ya no ocurre. El bosque está seco y el fuego lo ha penetrado, y el próximo año será más fácil que arda.

“El gobierno insiste en sacar el monte y poner caña, palma africana, o lo que sea. No han hecho ningún esfuerzo para ver cómo sacar provecho de los recursos que sí existen. Ahora que esto se ha quemado, será más fácil el desmonte», pronostica Robison.

Le planteo la misma interrogante a Roxana Áñez, la mujer de Altamarani que migró aquí a sus 16 años para formar una familia. Su respuesta es firme, pero a la vez poco alentadora.

“Nosotros hemos dicho que nos pueden retirar muertos, pero vivos no nos vamos a ir”.

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La entrada Indígenas, endeudados con una azucarera estatal que endulzó con mentiras su futuro se publicó primero en Guardiana.

Miércoles 16 de junio de 2021.- El idioma bésiro fue erradicado poco a poco de las voces de los niños de Lomerío por los maestros de la escuela fiscal que llegaban de tierras lejanas hablando español. Han pasado cincuenta años de ese atentado contra el habla nativa en La Chiquitanía boliviana y los caciques intentan ahora revitalizar la lengua para fortalecer la identidad del pueblo indígena o nación Monkoxi y construir su autonomía política.

En la Tierra Comunitaria de Origen (TCO) Lomerío, ubicada en el Bosque Seco Chiquitano en las tierras bajas de Bolivia, esos niños que recibieron la huasca (golpes) para forzarlos a hablar en español o castellano son ahora los abuelos de las comunidades. Ellos son los que más usan el bésiro para comunicarse entre sí porque la escuela arrinconó su lengua a un segundo plano, pero no logró eliminarla.

Marcelino Peña Sumamí (65 años) es un comunario de Palmira, TCO Lomerío, y fue por primera vez a la escuela a sus 13 y se mantuvo dos años aprendiendo lo básico de las humanidades. A él como a otras personas le obligaron a aprender el español.

“Cuando llegaron los curas y los profesores, nos obligaron a aprender el castellano”.

Marcelino Peña Sumamí, comunario de Palmira, TCO Lomerío.

Marcelino nació en la comunidad Palmira en los años 50, pero apenas en diciembre de 2020 fue testigo de la aprobación del estatuto autonómico de la TCO Lomerío para el autogobierno de la nación Monkoxi bésiro. El territorio, formado por pequeñas colinas o lomas cubiertas de bosque, de ahí su nombre, Lomerío, es una frontera natural al avance del agronegocio en el departamento de Santa Cruz, que busca terrenos llanos para el monocultivo de la soya.

“Nosotros, como pueblo, estamos demandando al Estado nuestra autonomía territorial indígena, eso implica afianzar mediante nuestro idioma la autodeterminación y el autogobierno del pueblo de la nación Monkoxi”, dice Elmar Masay, cacique de la Central Indígena de Comunidades de Lomerío (Cicol).

Una prioridad

La TCO Lomerío agrupa a 29 comunidades indígenas y a la vez se sobrepone a la administración municipal de San Antonio de Lomerío, que abarca un territorio más pequeño. Según el Censo de 2012, en el municipio existían 5.849 personas, de las que 3.991 tienen el español como idioma materno y 1.647 a “otros idiomas oficiales”, aunque solo se especifican en este conjunto al aymara, quechua y guaraní (18, 4 y 3 hablantes, respectivamente).

En 2017, el Centro de Estudios Jurídicos e Investigación Social (Cejis), con ayuda financiera de la Unión Europea, desarrolló una encuesta dentro del proyecto Navegador Indígena para averiguar las necesidades más apremiantes de las comunidades. Se identificaron tres: el acceso al agua, la seguridad alimentaria y la recuperación del bésiro.

“El monkoxi quiere decir en castellano: (los que) estaban no más, que estaban en tiempo pasado, están y seguirán existiendo en el lugar. O sea, nosotros somos, como se dice, propios del lugar”.

Elmar Masay, excacique de la Cicol

Para revitalizar el idioma, el Cejis y la Cicol trabajaron en las comunidades de San Simón y Palmira en dos niveles: en el ciclo escolar primario y en reuniones familiares con madres y niños menores de 3 años.

Marcelino y su esposa, María Pocoena Tomichá, de 61 años, participaron como voluntarios en estos encuentros hogareños en los que el ejercicio consistía en practicar el bésiro en las actividades comunes de la casa, donde muchas veces los niños hacen de auxiliares de la madre llevando pequeños objetos de un lado a otro.

¿Cómo ha sido enseñar bésiro a los niños? María dice que fue difícil. “Ellos vienen un ratito, están sentados, después se ponen a andar por ahí, peor (se distraen) si uno no tiene nada para invitarles a ellos. Están sentados escuchando lo que uno habla, a veces los mandamos a traer jasayecito, matecito, tutuma”, dice María, nombrando un cesto hecho de hojas de palma (jasayé) y frutos secos del bosque que se usan como recipientes.

Pero la intención de utilizar el bésiro en la familia, en lo cotidiano y dentro del hogar fue entendida por las madres. María dice que el hijo del maestro de la comunidad ya entiende, habla y saluda en el idioma de los abuelos.

Elementos en contra

Pedro Ípamo, cacique de Puquio, comunidad a cinco minutos en moto desde Palmira, es una década menor que Marcelino y María. Aún sintió los golpes de los maestros en la escuela y es un entusiasta de utilizar su idioma, pero no es optimista.

La migración de los jóvenes hacia la ciudad y la irrupción de la tecnología juegan en contra de la práctica de la lengua propia, dice Pedro.

La música con flauta y tamborita también está cediendo el espacio a la que llega por medio de los teléfonos inteligentes. “Ya no se escucha nuestra música, en las fiestas todo es amplificación”, comenta Pedro. Por la noche, los obreros contratados por el cacique desbrozarán la hierba en la plaza principal de Puquio, escuchando a todo volumen desde un teléfono celular una pieza de la cantante andina Yarita Lizeth Yanarico.

Aunque Marcelino es músico, lo que extraña es el ruido de las personas en sus actividades en la comunidad. Ahora está todo vacío, dice nostálgico, porque además de sus 9 hijos solo dos están en la comunidad. 

Marcelino y María se dedican a cultivar su tierra ocre y rocosa que todavía les da maíz, yuca y zapallos para su propio consumo. Por acuerdo interno, algunos comunarios extraen madera.

El trabajo de la tierra y en el bosque ha disminuido. La caza y la pesca se han reducido porque los bichos (animales de caza) retroceden cada vez más y el río ha bajado su caudal. 

Lo curioso es que las frases que Marcelino y María más utilizan para dar ejemplos de oraciones en el idioma bésiro tienen que ver con ir a cazar o a pescar.

Refugiados en el monte

La TCO Lomerío sufrió el impacto de los incendios forestales en 2019, que afectaron 5,7 millones de hectáreas del Bosque Seco Chiquitano y regiones de llanuras y pantanal, según Fundación Amigos de la Naturaleza.

A pesar de este panorama, la presencia de las comunidades resguarda la cobertura boscosa de Lomerío y ese es el objetivo de su organización Cicol. El cacique Elmar Masay remarca, en ese sentido, el significado del nombre de nación Monkoxi pues hace referencia a un pueblo que siempre estuvo, que está y que estará en el futuro ocupando ese territorio.

Marcelino y María tampoco ven un futuro fuera de su comunidad y sin trabajar su parcela. Ellos están como atrincherados en el territorio, esperando el regreso de sus hijos.

“Algún día van a volver nuestros hijos, qué es lo que les vamos a mostrar, qué es lo que hicimos de trabajo. (Les diremos) ese es nuestro trabajo aquí, mientras no están ustedes”.

María Pocoena Tomichá, 61 años.

En la Amazonía boliviana, junto con el bésiro, existen pueblos con idioma propio que viven similares amenazas, entre esas lenguas están el araona, baure, canichana, cavineño, cayubaba, chácobo, chimán, esse ejja, guaraní, guarasu’we, guarayu, itonama, leco, machineri, maropa, mojeño-trinitario, mojeño-ignaciano, moré, mosetén, movima, sirionó. tacana, tapiete, toromona, yuqui, yuracaré y zamuco.  

Nota. La serie sonora documental Voces de la Amazonía ¡Escucha, la memoria habla!, fue producida en un proceso de co-creación con periodistas y comunicadores indígenas y no indígenas de la Red Tejiendo Historias (Rede Tecendo Histórias), bajo la coordinación editorial del medio independiente, Agenda Propia.

La entrada El bésiro, la lengua que buscan recuperar en las entrañas del Bosque Seco Chiquitano se publicó primero en Guardiana.

Este reportaje se realizó gracias al apoyo de Unitas y contó con la colaboración de Erick Chipana Mendoza (video y artes), Cantobena (infografías) y Gladys Patty (diseño y web). El título original de proyecto fue “Vulneración de derechos colectivos (consulta previa, compensación) en la construcción de la carretera San José-San Ignacio de Velasco”.

Mientras los incendios forestales azotaban a la Chiquitanía en 2019, las excavadoras de una empresa china abrían las primeras zanjas y desmontes en esa tierra ocre para habilitar una autopista de norte a sur en la región. Toda la maquinaria se puso en movimiento sin una consulta previa a las comunidades indígenas y sin responder a los caciques, hace dos años, sobre el Plan para Pueblos Indígenas. 

Las obras de ingeniería tienen un presupuesto de 230 millones de dólares, financiados por el Banco Mundial, para ampliar la antigua vía ripiada y cubrir de asfalto 208 km desde San José de Chiquitos hasta San Ignacio de Velasco, pasando por San Rafael y San Miguel de Velasco. La empresa China State Construction Engineering Corporation Ltda está a cargo de la obra.

Julio Socoré es cacique de la Central de Comunidades Indígenas de Chiquitos Turubó de San José (CCICH-T), que cuenta con 28 comunidades originarias. Fue cacique por primera vez a sus 17 años en su comunidad Losiros (adaptación del bésiro que significa corriente seca). En la primera conversación informal, comenta sobre la falta de agua, los grandes desmontes y las temperaturas extremas. Está preocupado. “Por las noches no se puede dormir, dormir va a ser solo para el que tenga aire acondicionado”, dice, como aludiendo a las comodidades de su interlocutora.

Los hoteles de San José le dan la razón. Una habitación con aire acondicionado cuesta el doble de otra sin ese equipo, pero es una condición obligatoria para descansar y conciliar el sueño.

Hace dos años que las cuatro Centrales Indígenas ubicadas sobre esta ruta esperan a que la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) responda a sus sugerencias de modificación del PPI, el instrumento que prevé el Banco Mundial para paliar de alguna manera los efectos socioambientales.

“Esto está sucediendo porque en su momento no hubo una consulta previa, oportuna y de buena fe. Eso ha faltado y por eso seguimos trabajando en el Plan y no concretamos”.  

Julio Socoré, cacique de la Central de Comunidades Indígenas de Chiquitos Turubó de San José (CCICH-T).

Hay cerca de 200 comunidades indígenas en las antiguas misiones jesuíticas de esta parte de la Chiquitanía, algunas de ellas están al borde del camino ripiado que ahora está siendo ampliado para convertirse en una vía de tránsito internacional.

Junto a la Central Indígena Turubó dirigida por Socoré, las otras organizaciones indígenas del territorio que agrupan a las comunidades originarias son la Asociación de Comunidades Indígenas de San Rafael de Velasco (ACISARV), la Central de Comunidades Indígenas de San Miguel (CCISM) y la Asociación de Cabildos de San Ignacio de Velasco (ACISIV).

Ninguna de ellas produjo, en estos años, documentos que reflejen una consulta previa, libre e informada para dar visto bueno a la mejora de la carretera.

Cuando se anunciaron públicamente las obras, la noticia decía que las financiaba el Estado y se dio por hecho que este no reconocería los impactos a los pueblos indígenas. Solo con el tiempo, los caciques se enteraron de la participación del Banco Mundial y de la posibilidad de recurrir a las salvaguardas que esa entidad reserva para el trato a las comunidades originarias.

Esta vez el organismo financiador y el Estado Plurinacional los sorprendieron con las fuerzas debilitadas. En la construcción de megaobras, como la carretera bioceánica o el gasoducto a Cuiabá, construidas hace dos décadas, la Organización Indígena Chiquitana (OICH) tuvo una participación activa de vigilancia y control. En esta ocasión, en cambio, las cuatro centrales indígenas se mantuvieron distanciadas de la OICH, a la que cuestionaban, hasta el año pasado, su sometimiento al partido de gobierno, el Movimiento Al Socialismo.

―¿Qué implica hacer una consulta previa ahora?

―Probablemente tendría que paralizarse el proyecto. Entonces, después de un análisis profundo, ellos (los cuatro caciques) dicen: “Mejor que continúe la ejecución del proyecto para no perjudicar, pero ajustemos y actualicemos el PPI” ―explica Mario Paniagua, técnico de Fundación Tierra que hace seguimiento del tema.

Ante la falta de información y sin oportunidad de participación, las Centrales Indígenas buscaron asesoramiento de la Fundación Tierra en el año 2016 con la expectativa de conocer la información oficial sobre el proyecto de la carretera y sobre los planes conexos para atender a sus impactos. 

Las Centrales Indígenas no se oponen a las obras, pero creen que esta infraestructura afectará directa e indirectamente a las comunidades indígenas que actualmente viven en desventaja y con distintas vulnerabilidades en la región.

―¿Los pueblos chiquitanos han cedido su derecho a la consulta previa?

―No han cedido.Entienden que la carretera es una cuestión de beneficio regional…, pero también necesitan cuidar sus formas de vida. Entonces, apelando a la buena fe de la ABC y del Banco Mundial, que es el financiador, se abrieron a decir: “No pedimos que se paralice esto, pero ajustemos”. No es que renuncian (a sus derechos), simplemente le están dando una oportunidad a la ABC de hacer un poco mejor las cosas ―explica Paniagua.

Ni previas ni libres ni informadas

La ABC desarrolló “consultas públicas” en el año 2010, a cargo de la empresa Ecoviana SRL, en los municipios de San José de Chiquitos, San Rafael de Velasco, San Miguel de Velasco y San Ignacio de Velasco. Se compartió información y se recogió observaciones de los participantes.

En agosto de 2010, participaron de esta reunión 8 representantes indígenas de un total de 237 personas. En diciembre del mismo año, se abarcó además a cuatro comunidades indígenas ubicadas a la orilla del camino; aunque el informe final no reporta la cantidad de participantes. 

En el año 2015, hubo una segunda ronda de “reuniones de socialización y consulta” en los municipios con actores de distintos sectores sociales. Las actas señalan que se socializó el estudio de impacto ambiental y se recogieron criterios sobre el Plan para Pueblos Indígenas (PPI), elaborado por la empresa consultora.

Esta vez, los encuentros estuvieron a cargo de la empresa Asociación Accidental Ingeniería de Occidente y la ABC. Allí convergieron funcionarios, miembros de los comités de vigilancia, concejales, vecinos, cívicos, actores urbanos, miembros de organizaciones territoriales de base (OTB) y representantes indígenas que recibieron la información general sobre el inicio de obras en la carretera.

“Se había hecho una consulta pública en el Concejo municipal, donde prácticamente decidieron la suerte de la ACISIV con dos o tres personas, con el aval del alcalde y personas que no tienen nada que ver” con la central indígena, dice Fernando Rojas, cacique de la ACISIV, que reúne a 105 comunidades, sentado en el galpón de la casa comunal de San Rafaelito de Sutuniquiña. A pesar del tiempo transcurrido, el cacique sigue indignado porque en esa reunión salieron sugerencias para mitigar el daño a las comunidades originarias sin estar ellas presentes.

Todos los caciques perciben un error de nacimiento en el proyecto, pero también todos han decidido volcar la página para concentrarse en el Plan para Pueblos Indígenas (PPI).

“Lo que la documentación muestra es que ellos (funcionarios de la ABC) convocaron a los indígenas, pero tomando en cuenta el nivel de alcaldías, en reuniones donde había representantes de varios sectores (del municipio), entre ellos los indígenas. Eso califica a una consulta pública, no a una consulta previa, libre e informada”, dice Mario Paniagua, mientras revisa copias de las actas de esas reuniones, muchas de ellas escritas con caligrafía Palmer.

El 7 de octubre de 2015, los funcionarios de la ABC estuvieron en la OTB La Fortuna, de San José de Chiquitos, donde destacó el problema del derecho de vía (franja libre de 50 metros a ambos lados de la carretera) y la hipotética reubicación de las viviendas. 

En el acta, los comunarios de La Fortuna firmaron: “…ratificamos nuestra conformidad y satisfacción con la carretera” y “…declaramos que hemos sido informados sobre el proceso de liberación de Derecho de Vía y manifestamos nuestro acuerdo con las modalidades de compensación (reposición o indemnización) que corresponde a cercos, corrales y otros”.

A la vez, sus pobladores pidieron cumplir la legislación sobre el derecho de vía (DS 25134) ante la propuesta de la ABC y la consultora de dejar únicamente 20 metros para afectar y reponerles una sola vivienda. 

En otra reunión con la Central Indígena Turubó de San José de Chiquitos, que agrupa a 28 comunidades, se trabajó solo con las tres que están al borde del camino: Quituquiña, San Antonio y Portoncito.

Las tres pidieron seguridad y “cercos a lo largo de la carretera en las áreas comunales… para resguardar a las familias, niños y animales”. En San Antonio demandaron además que se incorpore un pozo de agua en el PPI; en el acta quedó como “sujeto a un análisis”.

Las actas de las reuniones de 2015 contienen preocupaciones por las afectaciones más visibles e inmediatas: la liberación de los 50 metros del derecho de vía a ambos lados del eje a favor de la ABC, cómo se repondrán los cercos y plantas, normas de conducta para los obreros contratados, el pedido de contratar mano de obra del lugar, el pedido de que el camino pase por determinado barrio urbano, entre otros aspectos.  

Las reuniones en los municipios fueron cortas, con difusión de información técnica y sin mencionar los impactos y el “futuro inducido” para las comunidades.  

“Hubo participación apenas del dirigente de la central. Él terminó firmando, como parte de un grupo de personas de la alcaldía, cosas que por ahí no las entendía, y además no podía manifestarse porque no tenía información a cabalidad de su derecho, de los impactos que puede tener este proyecto en su forma de vida o ambientales”, dice Paniagua.

Este hecho fue confirmado por los caciques de las centrales indígenas.

A la casa de la radio comunal, ubicada detrás del cementerio de San Miguel, llega en su moto Cándido Casupá, cacique de la Central de Comunidades Indígenas de San Miguel que agrupa a 45 poblados. Su pequeña hija y él usan pantalones jeans y sudaderas con los colores de la selección nacional de fútbol. 

“El 2010 se ha empezado a hacer la socialización de la carretera, pero no fue como consulta, sino como charlas… Estaba yo de vicepresidente de la Central… De 2015 a 2020 y a 2021, seguimos peregrinando porque al inicio no fue bien hecho el tema de la consulta. Estaríamos ejecutando ya el PPI. Estamos en la brega para que esto se apruebe”.

Cándido Casupá, cacique de la Central de Comunidades Indígenas de San Miguel que agrupa a 45 poblados

En el año 2018, luego de una correspondencia iniciada en 2016 para solicitar información del proyecto de la carretera y sus planes anexos, los cuatro caciques de las Centrales Indígenas consiguieron una reunión con la ABC y el representante del Banco Mundial, Stephen Muzira.

En ese encuentro lograron el compromiso de los funcionarios estatales de permitir su participación en la “complementación y ajuste del PPI”, que fue diseñado, también sin consultarles, por una empresa privada contratada por la ABC.

Las circunstancias políticas del país en el año 2019, con la salida de Evo Morales de la presidencia, y la posterior crisis de salud por la pandemia de la Covid-19, además de un frecuente cambio de directivos en la ABC, fueron postergando ese ajuste y complementación al PPI.

Las mismas circunstancias, sin embargo, no han detenido a la empresa china que está en pleno despliegue de obras en este momento. 

La ABC elaboró una Evaluación Social en la que se refiere de manera confusa al proceso de consultas.

Según el documento, las consultas del año 2015 permitirán aplicar el Plan de Reasentamiento para las “personas afectadas”.

En el apartado específico de consultas a los pueblos indígenas, refiere que estas se realizaron el mismo año en tres etapas, la primera fue de entrega de “información previa” y la segunda para “poner en ejercicio el derecho a participar en la toma de decisiones y a dar el consentimiento libre para la realización de proyectos que forman parte de un Plan para Pueblos Indígenas”.

La cuestión legal

La Constitución boliviana admite la consulta previa, libre e informada en las naciones y pueblos indígena originario campesinos, “respetando sus normas y procedimientos propios” (art. 352) y “a través de sus instituciones” (art. 30).

Las instituciones originarias son las Centrales Indígenas y sus caciques, pero esas autoridades fueron sobrepasadas para ir directamente a algunas comunidades porque se quería conseguir el permiso para la liberación del derecho de vía.

En su niñez, el cacique de la ACISARV, Julio Egüez, recuerda haber visto una vez a un centenar de personas del pueblo ayoreode ―hombres, mujeres y niños― en su desplazamiento nómada. Pasaron por su comunidad. En su memoria está vivo el recuerdo de la habilidad de los hombres ayoreode para oler la presencia cercana de animales de monte. Nunca más volvió a ver ese suceso.

“Estando yo en La Paz para hacer entrega oficial a la ABC del proyecto, me llaman diciendo que estaban aquí (en San Rafael). Me dicen: ‘Si usted no está, no hay problema porque ya los trajimos a los caciques (de las comunidades)’”, relata Egüez, que representa a 21 comunidades en San Rafael, siete de ellas sobre la carretera.

Los funcionarios de la ABC aparecieron en las comunidades, buscando directamente la liberación del derecho de vía. Juan Taborga, comunario de Portoncito, ubicada a unos 50 km desde San José de Chiquitos, relata esas gestiones: “Han ido a la comunidad (funcionarios de la ABC y la empresa consultora), se han reunido, han hablado con el cacique. Ellos casi no quieren que la Central Indígena de las comunidades indígenas originarias se involucre, no sabemos por qué… Quieren que solamente el acuerdo sea entre la comunidad y la ABC, pero si la ABC no va a cumplir con el acuerdo, a quién vamos a reclamar; en cambio si hay un acuerdo entre la Central, la comunidad y la ABC, vamos a tener más fuerza para poder reclamar nuestros derechos”. 

Al otro extremo de la carretera, en San Ignacio de Velasco, la cacique de San Rafaelito de Sutuniquiña, María Concepción Rodríguez, explica que como comunidad tienen acuerdos con la ABC para la liberación del derecho de vía, pero aún falta cerrar las negociaciones.

“Al principio no nos dieron charlas, no vinieron a informarnos, por eso es que ahora el tema se está alargando más, porque nosotros pedimos consulta para que vengan y bajen a las comunidades. Gracias a Dios han estado viniendo en estos últimos tiempos, pero llegó la pandemia y todo se ha suspendido. Estamos entrando a eso para que nos den charlas y nos expliquen cómo va a ser la reposición de pérdidas”.

María Concepción Rodríguez, cacique de San Rafaelito de Sutuniquiña.

La CPE no es la única norma que avala la consulta previa, libre e informada. Junto a esa disposición está el Convenio 169 de la OIT convertido en la Ley 1257, que determina que se debe buscar el consentimiento de los pueblos indígenas. Además, está la Ley 222 de consulta sobre la intangibilidad del Tipnis para viabilizar la construcción de la carretera Villa Tunari – San Ignacio de Moxos.

Precisamente cuando se desarrollaba esa consulta en el Tipnis, la ABC y la empresa Ecoviana SRL avanzaban en la planificación de la carretera sin aplicar la consulta previa a los pueblos indígenas chiquitanos.

Por si la legislación interna fuera insuficiente, el Banco Mundial prevé salvaguardas para los pueblos indígenas. La salvaguarda OP 4.10 establece que se debe obtener el consentimiento previo sobre la base de la evaluación social y en consulta con las comunidades.

Una firma para lograr derechos básicos

El Estudio Técnico Económico Social y Ambiental (TESA) de la carretera contempla un programa de prevención y mitigación (PPM), un programa de reposición de pérdidas (PRP), el plan de pueblos indígenas (PPI) y el plan de aplicación y seguimiento ambiental (PASA).

Para ese conjunto de programas dispone de 14,9 millones de dólares, de los cuales 1 millón será ejecutado en el PPI. El total del financiamiento del Banco Mundial asciende a 230 millones.

Sobre el PPI, el Banco Mundial dice que debe ser elaborado de manera “flexible y pragmática”, y asegurar que los pueblos indígenas afectados “reciban beneficios sociales y económicos apropiados desde el punto de vista cultural” y, de identificarse efectos adversos sobre los pueblos indígenas, “dichos efectos se eviten, se reduzcan lo más posible, se mitiguen o se compensen”.

El TESA expone que el PPI tiene el objetivo de “mitigar los posibles impactos del proyecto”, tomando en cuenta que la carretera “activará una serie de procesos socioeconómicos con efectos sobre la dinámica sociocultural de las comunidades en la zona”.

Pero hay cosas que no se tomaron en cuenta. En el año 2019, los incendios forestales arrasaron con el Bosque Seco Chiquitano y estaba en marcha el Plan Patujú con el asentamiento de migrantes del occidente en tierras fiscales de la Chiquitanía.

Ninguno de estos sucesos de magnitud está considerado y evaluado en los estudios de la ABC, como factores que van a profundizar los impactos socioambientales, explica la ingeniera civil Silvia Molina Carpio, especialista en proyectos de infraestructura en el Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario (CEDLA).

El mismo año se modificó el Plan de Uso de Suelos del Beni y se emitieron “normas incendiarias” que daban un impulso al avance del agronegocio.

Para Molina Carpio, la consulta y la participación en la elaboración del PPI se han convertido en “un mecanismo perverso” para lograr la aceptación del proyecto por parte de la población.

Los funcionarios del gobierno “condicionan una serie de intervenciones del Estado o de financiamiento en las regiones a la aceptación del proyecto”, explica Molina Carpio. Es decir, continúa, “se están negociando las obligaciones del Estado y se están negociando derechos”.

Una hojeada al PPI le da la razón. Entre los ítems propuestos por la ABC están la puesta en marcha de agentes de salud, el equipamiento de un taller para el ciclo de secundaria (formación técnica humanística) y la implementación de pozos de agua. Todos derechos básicos que el Estado debe garantizar sin condiciones. 

En el mencionado documento se da otro paso discursivo importante al afirmar que se ejecutaron “consultas previas, libres e informadas con las comunidades indígenas afectadas”. El presupuesto del PPI es de 7 millones de bolivianos, de los que 1 millón se irá a la contratación de personal que va a administrar su aplicación.  

Por ahora es incierto si se ejecutará el PPI elaborado por la empresa consultora o si se admitirán las observaciones de las centrales indígenas, pero por el tiempo transcurrido incluso las demandas iniciales de las centrales chiquitanas están quedando desfasadas.

El cacique de ACISARV, Julio Egüez, explica: “La consultora tenía el diseño para el PPI, pero centrado todo en el municipio, (proponían) un taller de (capacitación en) tallado en madera y soldadura y metalurgia, pero eso no viene al caso si el horizonte de desarrollo es la ganadería y (explotación) forestal. Mejor cambiar a carreras técnicas de veterinaria, zootecnia y forestería comunitaria”. Ese pedido no fue tomado en cuenta.

En el caso de San Ignacio de Velasco, el PPI introduce la construcción de una sede para la central indígena en terrenos municipales. El cacique de la ACISIV, Fernando Rojas, muestra su desacuerdo: “Necesitamos una sede, pero con la característica de nosotros, no que nos impongan. Veíamos inviable (la propuesta del PPI) porque nosotros no tenemos un terreno, recién estamos queriendo adquirir… No queremos nada del municipio porque aquí hemos tenido el Guapasal, terrenos que se compraron a nombre de la comunidad, terminó vendiéndolo el gobierno municipal; la sede de los campesinos, los curas se adueñan y termina siendo un colegio; otro espacio a nombre de las comunidades y termina en manos del cura, termina siendo privado. Y nosotros relegados a nuestra suerte”.

La Central Indígena de San Ignacio de Velasco demanda la construcción de una casa productiva integral que a la vez funcione como su sede y que se construya en un terreno que sea de su propiedad.

Claramente, el ideal de la evaluación social de la ABC plasmada en casas comunales para las Centrales Indígenas donde puedan desarrollar su cultura, rearmar el tejido social afectado por la modernidad de la carretera y demás retórica tampoco coincide con los objetivos de los cuatro caciques. Las Centrales Indígenas están viendo la forma de paliar necesidades inmediatas y sienten la necesidad de un fortalecimiento político de sus organizaciones.

No ha avanzado el PPI con los ajustes sugeridos por las centrales indígenas, tampoco se sabe cuál es el avance de los programas de reposición de pérdidas y prevención y mitigación. La ABC Regional Santa Cruz no respondió a los requerimientos de entrevista para este reportaje. Gustavo Braschi, funcionario de la unidad de Comunicación, se comprometió a lograr esa conferencia con el director de esa división.  

Un conector para el Brasil

La carretera San José de Chiquitos – San Ignacio de Velasco es, en lo central, un conector de dos corredores que vienen desde el Brasil para llegar al océano Pacífico, atravesando el país, tal como fue planificado dentro del IIRSA.  

La carretera San José de Chiquitos–San Ignacio de Velasco es, en lo central, un conector de dos corredores que vienen desde el Brasil para llegar al océano Pacífico. La Chiquitanía es un territorio intervenido desde inicios del siglo XX por intereses de sectores económicos aventajados.

El ferrocarril, carreteras asfaltadas y dos gasoductos son las grandes infraestructuras sembradas en la región hasta ahora. En cada obra hubo financiamiento de organismos internacionales y problemas socioambientales derivados de su construcción que no fueron debidamente atendidos.

“En costos, las grandes obras de exportación superan el millón de dólares por kilómetro (lineal)… Una carretera internacional es para un camión con equis tamaño de eje, velocidades que requiere el comercio internacional y otros aspectos técnicos, como magnitud de puentes, de alcantarillas, etc. Todo eso vuelve mucho más cara una carretera de tráfico internacional”, explica Silvia Molina, especialista en políticas y proyectos de desarrollo de infraestructura vial, energía e integración regional en el Centro de Estudios Laborales y Agrarios (CEDLA).

La carretera en la Chiquitanía tiene 208 km y está financiada con 230 millones de dólares del Banco Mundial.

A esto se suma haber previsto principalmente el transporte de mercancías antes que de pasajeros. “La carga que va a circular no está definida por lo que produce el país, sino por la carga que vaya a circular por los países vecinos. Hace muchos años se han cuestionado esos criterios, de alguna manera subvencionamos las rutas para un tráfico internacional”, explica Molina en entrevista telefónica.

La especialista afirma que los caminos que conectan municipios, provincias o departamentos son de vital importancia para el país, y sus costos están por los 300 mil dólares/km. 

Por el camino ripiado

Cuando se construyen y se publicitan, el gobierno suele llamarlas carreteras de exportación. Así da la idea de un contexto productivo de desarrollo que exporta mercancías made in Bolivia, aunque sean principalmente materias primas.

Silvia Molina explica que la red fundamental de carreteras no ha cambiado desde los años 80, cuando se desarrollaron políticas con el enfoque neoliberal de promover corredores de exportación, en detrimento de las conexiones internas que no existen o son precarias.

Actualmente solo dos minibuses salen de la Terminal de San José hacia San Rafael una vez por día, y de ahí pueden conectar a San Miguel y a San Ignacio de Velasco.

A veces los pobladores de las comunidades a la vera del camino esperan a estos minibuses para mandar encomiendas o recados o conseguir un asiento. Y el chofer atiende solícito sus peticiones y hasta se detiene a darles explicaciones de por qué no tiene espacio para otro pasajero.

Se supone que la carretera va a mejorar el tránsito de personas y mercancías, menos gasto de gasolina y menos tiempo de viaje. Y esto tiene una importancia grande para los pequeños campesinos indígenas chiquitanos.

―¿Cuál es el aspecto positivo que destaca de la carretera?

―Antes, cuando se cultivaba cantidad, teníamos que esperar tres días en la carretera, a veces la yuca se fregaba, (por impacto) del sol, de la lluvia, teníamos que sacarla de la venta (oferta) y ponérsela al chancho. Ahora va a ser mucho mejor sacar los productos al pueblo para vender y tener para el sustento de la familia ―dice Juan Taborga, de Portoncito, a 50 km desde San José de Chiquitos sobre el camino.

Las expectativas están latentes, el problema es que hace años que los comunarios no producen lo suficiente como para salir con sus productos al mercado. No tienen agua y la sequía se ha prolongado demasiado.

Molina explica que, en términos sociales, las carreteras de gran magnitud conducen a postergar las rutas de vínculos internos entre los pueblos.

Chiquitanía, territorio intervenido

En la Chiquitanía se invierte en grandes infraestructuras que permitirán el tráfico internacional y se descuida por completo el bienestar de los pueblos indígenas.

La primera megaobra fue la del ferrocarril Corumbá–Santa Cruz de la Sierra que se construyó con financiamiento del Brasil, producto del Tratado de Petrópolis (1908). La deuda debía ser honrada por Bolivia con petróleo.

La construcción comenzó hacia 1945 y se extendió por más de una década. Antes, en 1938, Bolivia y Brasil habían formado la Comisión Mixta Boliviana-Brasileña para el “Aprovechamiento y la Salud del Petróleo Boliviano”. Pero las vías del tren no se conectaron nunca con la región occidental, sino con el ferrocarril Santa Cruz de la Sierra – Yacuiba que se introducía a la zona petrolera boliviana en el Chaco.

Carretera Bioceánica: Avance de la frontera agrícola desde 1984 (Dar play)

La posterior gran infraestructura fue el gasoducto Bolivia-Brasil, iniciada en 1997, una construcción que atravesó los ecosistemas del Gran Chaco y Pantanal. El Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la Corporación Andina de Fomento (CAF) aportaron en el financiamiento de esta obra.

Luego estuvo el gasoducto Cuiabá que parte de San Miguel de Velasco hacia San Matías y llega hasta Cuiabá en Brasil. Las denuncias de la época reportaron que la empresa constructora decidió seguir una línea recta hacia la frontera, sin bordear el bosque, hecho que derivó en afectaciones socioambientales graves.

La otra vía planificada es San Matías–Concepción que ingresa desde el Brasil para llegar hasta Santa Cruz y seguir su ruta al Pacífico. Esta infraestructura es parte del Eje Interoceánico del IIRSA y se prevé que “permitirá la integración de la región de Mato Grosso en el Brasil con todo su potencial agroindustrial, con la zona agropecuaria y turística de la Chiquitanía en Bolivia, vinculando los puertos del Atlántico con el Pacífico”. El gobierno ha inaugurado ramales para preparar la construcción de esta vía.

La más reciente intervención data de las dos últimas décadas. Hacia 2012 se inauguró el asfaltado del corredor Santa Cruz de la Sierra – Puerto Suárez, que se construyó con financiamiento del BID. El BID aprobó dos préstamos en 2002, uno para construir la carretera (Proyecto BO-0036) y el otro para tratar los impactos socioambientales (BO-0033), en este último punto se creó el Programa de Apoyo Ambiental y Social (PAAS).

Tanto Santa Cruz–Puerto Suárez como San Matías–Concepción son dos paralelas que atraviesan la Chiquitanía para conectar con el resto de país, desde el Brasil, y salir hacia el Pacífico. Ambas están dentro de los proyectos de la Iniciativa de Integración Regional Sudamericana (IIRSA), ahora convertida en Cosiplan.

Silvia Molina explica que la carretera Santa Cruz–Puerto Suárez fue estudiada ampliamente por las transformaciones en el territorio previstas si no se tomaban las medidas correspondientes.

“Se preveía que iba a suceder lo que está sucediendo actualmente: el 2019 y 2020 con los incendios que es un reflejo de la transformación de los últimos veinte años en la región, en términos de destrucción de bosques, de desplazamiento de pueblos indígenas, conflictividad social y, quizás algo que en ese momento no se veía, que es la colonización interna”, dice Molina.

Habitantes de la Chiquitanía

Los habitantes de la Chiquitanía no tienen que esperar a los impactos por la construcción de la carretera. Su vida actualmente es de una permanente lucha por sobrevivir dentro de sus comunidades y territorios.  

Juan Taborga es un hombre de 46 años, pastor de la Obra Evangélica Nacional en San José de Chiquitos, vecino de Villa 13 de Mayo en esa ciudad ―con una envidiable vista del cerro Turubó― y comunario de El Portoncito.

Tenía cinco años cuando, en 1979, las lluvias causaron el deslizamiento de un cerro que afectó a los pobladores de El Portón, en Roboré, una comunidad que había sido instalada en 1946 en el contexto de la construcción del ferrocarril.

Luego del desastre, los padres de Juan y otras 50 familias de agricultores cargaron con todos sus hijos para migrar hacia 90 km al oeste y volver a empezar. 

Las autoridades cedieron pequeños terrenos en San José de Chiquitos para que se instalaran las familias afectadas y, posteriormente, ellas demandaron tierras para trabajar. El gobierno les entregó tierras a 50 km del pueblo, sobre el camino hacia San Rafael de Velasco, para que pudieran garantizar su sobrevivencia diaria.

Actualmente la nueva comunidad se llama El Portoncito y está formada por unas 70 familias ―20 más que las originales― que comparten la propiedad colectiva de 3.600 hectáreas.

La falta de escuela en la comunidad, la permanente carencia de agua, la necesidad de buscar trabajo en la ciudad, entre otros factores, hacen que actualmente 14 familias tengan residencia permanente en El Portoncito, entre ellas la madre y las hermanas de Taborga. La mayoría de las familias está afincada en Villa 13 de Mayo, con permanencias temporales en la comunidad en época agrícola y viajes semanales para ver a sus animales o pequeño ganado.   

“Mi comunidad son casi 3 km de frente (sobre la carretera) y unos 15 km de fondo. Al norte (está) un empresario agricultor, siembra soya y ha hecho bastante desmonte, ha hecho atajado y no nos llegan las corrientes de agua como antes. Nuestros atajados no se han llenado y, si no hay agua, no hay producción de nada. Del otro lado (está) un señor, creo que es suizo o es argentino, igual tiene desmontes, ha hecho atajado para su ganado, la tiene el agua. No se puede más”, explica Taborga.

Los ganaderos recurren a atajados para captar agua de lluvia y a represas para contener el agua para sus bovinos, mientras que las comunidades hacen lo mismo para reproducir su vida diaria. El problema de eso es la falta de lluvias y los últimos años de sequía en la Chiquitanía han sido difíciles.

“Atrás de nuestra comunidad están las comunidades campesinas, hay hartas, han empezado a desmontar, desmontar y desmontar, a sacar la madera y lo han desforestado. De ahí viene el calor, la sequía, tenemos 7 meses de sequía, la zona chiquitana es un bosque seco, no hay agua”, dice Taborga.

Juan Taborga dice que la tierra de El Portoncito es buena en tiempo de lluvia porque produce yuca, maíz, plátano y hasta hortalizas, pero el tiempo de precipitaciones se ha vuelvo impredecible y la plaga del gusano cogollero azota.

“En chaqueados nuevos da el arroz”, explica con una sonrisa de orgullo, lo que significa que cuando se habilita la tierra con el método de quema y barbecho, y se tiene buena lluvia, se puede lograr una producción satisfactoria.

Pero en los dos últimos años existe un problema para el trabajo del pequeño campesino indígena. “Hay que sacar permisos (de quema), no se puede sembrar, llegó el tiempo que dice (la autoridad) ‘que no se queme nada’”, explica Taborga. La ABT (Agencia de Fiscalización de Bosques y Tierras) es eficiente en eso, se entera de la quema y caen las multas a los comunarios por pequeños espacios chaqueados.

Hace tan solo cinco años se perforaron tres pozos en El Portoncito para obtener agua. Uno se secó pronto, otro dio un fluido no apto para consumo humano y el último provee entre 250 a 300 litros (un turril) por día y tarda en recargar. 

¿Qué hacen para vivir? Buscar trabajo eventual en San José es la opción inmediata para hombres y mujeres, las haciendas y las obras de infraestructura de los últimos años también han dado para el jornal. Juan Taborga divide su tiempo entre el cuidado de su chaco en su comunidad, guiar a su iglesia y ser chofer de mototaxi en San José, además tiene colgado en una pared un overol usado y una desbrozadora a gasolina para sacar hierbas.

En diciembre, su hijo recién salido bachiller tuvo un accidente en la carretera al viajar en moto hacia El Portoncito. No había una buena señalización y se metió en un canal lleno de agua. Juan tuvo que pagar una costosa tomografía en Santa Cruz de la Sierra y el tratamiento que derivó en un restablecimiento de la salud de su hijo. Tuvo suerte porque en los mismos días otro accidente por el lugar derivó en la muerte de una persona que iba hacia el km 90.

Aunque es un hombre informado, Juan Taborga habla con incertidumbre sobre el futuro de su pueblo respecto de las obras de la carretera: “Ya está la liberación del derecho de vía, los 50 metros. Ellos (la ABC) han quedado de ir a la devolución y el alambrado que tienen que hacer, no se sabe cuándo irán a hacer esa devolución, la devolución de las plantas que van a tumbar y las plantas frutales que quedan. No se sabe nada”.

Juan Taborga todavía tiene algún familiar en Portón, ahora declarado Patrimonio Histórico, Turístico y Religioso en Roboré, pero nunca más ha vuelto a vivir allí. Por eso le sorprende, pero le alegra, que ahora su hijo, acabado de graduarse de secundaria, le haya pedido volver al pueblo de origen de su familia para desarrollar su vida adulta.

“Si todos hicieran agricultura, el terreno no alcanzaría”

María Concepción Rodríguez tiene 43 años y es la cacique de San Rafaelito de Sutuniquiña, una comunidad ubicada a la vera del camino, a unos 8 minutos en moto desde San Ignacio de Velasco.

En idioma bésiro, sutuniquiña significa “tierra roja”. Y tal vez no sea del todo roja, pero es del color intenso de las tejas coloniales y de los ladrillos adobito que también se fabrican en esa comunidad.

La cacique tiene una tejería junto a su esposo y es capaz de dar una charla didáctica relámpago sobre la materia prima para las tejas coloniales tan usadas en las construcciones de San Ignacio de Velasco. La greda para las tejas escasea cada vez más, es como una plastilina que se extrae del río y se usa para elaborar las finas lozas; para crear el ladrillo adobito esa greda se mezcla con tierra.

Un promedio de 10 mil ladrillos por mes se vende en el pueblo, pero la cuarentena paralizó la producción y cayeron las ventas. Fueron varios meses sin actividad. Mientras que ahora, que es tiempo de lluvias, el río se llena y no permite trabajar. “Ese es el problema, no tener trabajo”, dice la cacique Rodríguez.

Un cántaro de cerámica colocado en las puertas de la comunidad es una señal de que allí hay también artesanías en cerámica. Más precisamente, hay mujeres artesanas. “Les falta el trabajo fino, pero sus cerámicas son buenas”, dice otro vecino.

Nadie circula cerca del mediodía por Sutuniquiña, y si las escasas vacas no rumiaran también parecerían estatuas.

La comunidad tiene casitas dispersas a ambos lados de la carretera, están hechas de barro y varas de madera, y otras de un envidiable ladrillo visto y tejas coloniales, todas tienen el color intenso de la tierra ocre. A este tramo aún no ha llegado la empresa china para desarrollar las obras.

A diferencia de su trato con las Centrales Indígenas, la ABC ha tenido varias conversaciones con los comunarios de San Rafaelito de Sutuniquiña para definir la liberación del derecho de vía, que legalmente debería respetar 50 metros libres a ambos lados del eje del camino.

Actualmente tienen un acuerdo para hacer más angosta la carretera en el espacio en que atraviesa el pueblo. “La primera vez han venido para ver el derecho de vía, un grupo (de la ABC), después viene otro grupo y después otro grupo. Hay personas que lo reciben a uno, le entienden. Si no los entiendo, explican y hacen que yo entienda, pero hay otros que no nos entienden. Cuando a mí no me entienden o veo que no quieren escuchar nuestra petición, donde yo tengo que acudir es al cacique de ACISIV, que sea él que me acompañe para llegar hacia ellos”, dice Rodríguez.

Por ahora el énfasis de sus pedidos está en que la carretera tenga bastante señalización a la altura de la comunidad para evitar los accidentes de tránsito y afectar a las personas y los animales.

La única preocupación es que la carretera no se coma el territorio de 600 hectáreas que alberga a unas 700 personas, o 150 familias. La tierra ya es escasa porque las propiedades privadas han ido avanzado poco a poco.

“Si todos hicieran agricultura, el terreno no alcanza”, explica Rodríguez. A veces las familias hacen agricultura en la mitad de una hectárea.  

“Unos hacen chaco, otros hacen ladrillos, otros trabajan en floreros y macetas, los demás van a motoquear y otros salen a trabajar con los patrones, de jornaleros”, dice la cacique. Y este es un factor central entre los habitantes de las comunidades indígenas: la búsqueda de sobrevivencia.

Las dificultades de hacer agricultura derivan en la salida de los comunarios hacia el mercado laboral en evidente desventaja porque los oficios que les esperan son informales, eventuales y mal pagados.  

La cacique Rodríguez es optimista y con una férrea formación católica, por lo que no desaprovecha la ocasión para advertir de la siempre presente posibilidad de desviarse hacia el camino errado. Las iglesias evangélicas, se nota, han abierto también otro terreno de pugna en la Chiquitanía.  

“Puedo decir que se nos ha impuesto un Plan para Pueblos Indígenas”

Cándido Casupá es joven, pero utiliza una medida antigua para ubicarse en su territorio. “Mi comunidad Altamira está a dos leguas de aquí”, explica. El conversor de medidas refiere 9,6 km desde la zona urbana de San Miguel de Velasco hasta Altamira, pero el cacique recuerda haber viajado de niño hasta dos días de caminata hacia el centro poblado.

Altamira tiene cerca de 140 familias o 500 habitantes, y aunque tiene unos 80 años de asentamiento, el título colectivo de la propiedad recién llegó en el año 2003. Según Casupá, “no hubo un seguimiento de las autoridades comunales” a ese trámite, por eso la demora.

En los últimos años se ha forjado como dirigente indígena y ha aprendido en el camino. Uno de los aprendizajes es precisamente acerca de los derechos colectivos respecto de la construcción de la carretera.

Casupá entiende que el Plan para Pueblos Indígenas debe contemplar algún aspecto que beneficie a las 45 comunidades indígenas de San Miguel de Velasco y eso en criterio de su directorio es una sede social-productiva.Por ahora, la Central de Comunidades Indígenas alquila un espacio en el centro poblado de San Miguel de Velasco porque no tiene una casa propia para uso de los dirigentes y de sus afiliados.

La vulnerabilidad de los mismos dirigentes es evidente. En los últimos años han sabido de nuevos asentamientos de migrantes, pero desconocen la ubicación de las ocupaciones. La Central Indígena tiene 45 comunidades y se sabe que se han asentado 70 comunidades campesinas con resoluciones del INRA.

“No tenemos conocimiento de dónde está ese territorio con esa gente. Como organización, hemos estado haciendo seguimiento para conocer en qué parte están los asentamientos con resoluciones, pero la enfermedad (Covid-19) nos ha paralizado. Solo hemos visto 10 sitios, pero no hay nada de trabajo (en la tierra), está el monte, el caminito”, dice Casupá, quien cree que los asentamientos se definen en un escritorio, mirando imágenes de satélite.

La presencia de los pequeños campesinos migrantes provoca desconfianza en los caciques, aunque Casupá dice que está consciente de la existencia de campesinos sin tierra en otras partes del país. El hecho es que a un recién llegado le tomará un tiempo conocer la dinámica de la tierra y de la naturaleza de la Chiquitanía. Para empezar, “el migrante no sabe hacer cortafuego”, dice Casupá, refiriéndose a la técnica del chaqueo que utilizan los pueblos indígenas para habilitar terrenos de monte para la agricultura. 

Aunque no existe la seguridad de ello, se atribuye a las comunidades campesinas recién asentadas la generación de los fuegos que provocaron los incendios en los dos años pasados.

Casupá insiste en una coordinación de los recién llegados con las autoridades indígenas y del municipio. “Hay gente pobre como nosotros que necesita ese pedazo de tierra, pero hay gente pudiente que utiliza a personas para aprovecharse de la tierra, sucede con los desmontes”, explica.

“Hay tierras fiscales por allá, nosotros estamos cuidando eso”

Jovita Egüez es una joven comunaria de Villa Fátima, una de las siete comunidades de San Rafael de Velasco que están al borde de la carretera en ese municipio.

Los informantes dicen que, en Villa Fátima, ubicada a 40 minutos en minibús desde San Rafael, hay hablantes de idioma bésiro que se resisten al castellano, pero también a enseñar la lengua nativa a otros habitantes. La reservan solo para ellos, y son principalmente los adultos mayores.

Fuera de los meses de lluvia, la comunidad sufre de una sequía persistente. “Agradecemos a dios que, por lo menos agua potable tenemos para tomar, tenemos un pozo artesiano. Lo que no hay es para los animales, todo está seco. No hay atajados, han cavado un atajado, pero no ha llovido, no hay nada de agua. La gente que tiene sus animales busca dónde llevarlos, (los lleva) lejos, cerca del río. Hay una hacienda cerca que ha alambrado el río y no deja entrar a las comunidades”.

La actividad productiva está restringida por la falta de agua, pero con un financiamiento de una organización no gubernamental pudieron garantizar agua potable a las 228 personas de la comunidad desde el año 2018.

Julio Egüez es primo de Jovita y cacique de la Asociación de Comunidades Indígenas de San Rafael de Velasco. “Nuestro municipio es cabecera de cuenca”, dice. Y expresa su temor de que una ocupación incontrolada del territorio derive en afectar a esas fuentes de agua.

Igual es difícil subsistir. El trabajo que consiguen los hombres o mujeres es temporal. El aserradero de una empresa daba trabajo, pero hace un tiempo que está cerrado. Con una entonación suave, Jovita Egüez relata que la gente sale a buscar empleo a las ciudades intermedias o hasta Santa Cruz de la Sierra: “Migrar, dejar a su familia. Algunas familias se quedan a carpir sus canchones, a limpiar, a sembrar algo, pero en este tiempo no se da nada, todo lo que se ha sembrau se ha secau”.

Los incendios forestales de 2020 y 2021 han sido perjudiciales para la Chiquitanía y los chiquitanos en todo sentido. Uno de esos impactos negativos es la prohibición de hacer chaqueo, la técnica de tumbar un pedazo de monte y quemarlo para habilitar la tierra para la siembra.  

Al finalizar el 2020, una familia de Villa Fátima se arriesgó a chaquear para sembrar algo. Ahora la multa va a ser cubierta por toda la comunidad porque la familia sola no podría pagarla.

Sin adornos ni rodeos en sus palabras, Jovita Egüez habla de la pobreza en la comunidad debido a la falta de medios para reproducir su vida diaria. A pesar de tener tierra colectiva en sus manos, la falta de acceso a las fuentes de agua hace que sea difícil trabajarla.

Jovita explica que no están en la misma situación los propietarios privados y, por tanto, ellos serán los más favorecidos con la nueva carretera.

“Son los más beneficiados, las empresas grandes, los que tienen haciendas privadas. Los que vienen y se asientan (pequeños migrantes informales) no necesitan formar comunidad, solo vienen y se asientan. Hay tierras fiscales por allá, ellos vienen a asentarse, nosotros estamos cuidando eso”, dice Jovita.

El futuro inducido

La ABC afirma que el efecto de la modernización con la carretera internacional, en los pueblos chiquitanos y ayoreos, tiene “un margen impredecible”. Pero no es así porque sí se puede avizorar un “futuro inducido”.    

La Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) afirma que el efecto de la modernización con el despliegue de la carretera internacional, en los pueblos chiquitanos y ayoreos, tiene “un margen impredecible”. Pero sí se puede avizorar un “futuro inducido”.

La misma ABC ha definido ese “futuro inducido” como un panorama de impactos significativos por “la expansión de la frontera agrícola y ganadera, incremento en la explotación forestal, actividad turística, asentamientos humanos y actividades comerciales”.

Los estudios prevén que el impacto afectará incluso a las comunidades ayoreode ubicadas a 60 km de la pista, en la Tierra Comunitaria de Origen Santa Teresita. El Plan para Pueblos Indígenas de la ABC contempla varios programas y una importante parte del presupuesto para esta población. Actualmente el pueblo ayoreode es seminómada y altamente vulnerable a pesar de que su territorio está respetado. 

Islas de bosques

La Chiquitanía es la región de las antiguas misiones jesuíticas, los templos declarados Patrimonio de la Humanidad, la música barroca ejecutada por indígenas, fiestas y costumbres tradicionales conservadas, serranías colmadas de montes, mano de obra apreciada por su trabajo artesanal de la madera, la cerámica y los tejidos y, entre otras cosas, un bosque seco que hace puente entre la amazonía y el Chaco.

Al mismo tiempo, sin embargo, es un espacio de avance del agronegocio, la disputa por tierras fiscales, la deforestación, los incendios forestales, propiedades alambradas, asentamientos informales sorpresivos, escasez de agua para consumo humano, crecimiento descontrolado de las áreas urbanas y, sobre todo, comunidades indígenas que luchan por su sobrevivencia en esas condiciones de desventaja.

El cacique de San José de Chiquitos, Julio Socoré, afirma que las comunidades indígenas son como islas rodeadas de desmontes de propietarios nacionales o extranjeros que han tumbado el bosque para sembrar soya o criar vacas.

La región está tan intervenida que, en agosto de 2020, la noticia de la masiva mortandad de peces en Laguna Concepción, a causa de los agrotóxicos usados por los menonitas, fue motivo de preocupación momentánea en la prensa. Por ahora se desconoce la afectación a las comunidades cercanas y al ecosistema a futuro.

Estos desmontes también se alimentan con los asentamientos informales de pequeños migrantes a quienes el gobierno ha entregado tierras en la región, aunque las comunidades indígenas no saben exactamente dónde.

El cacique de la Asociación de Centrales Indígenas de San Rafael de Velasco, Julio Egüez, explica que en una visita del INRA, para inspeccionar e identificar la ubicación de estos asentamientos, los funcionarios escondían con su cuerpo la pantalla de la computadora para evitar que los miembros de la organización indígena vieran los mapas.

Para los sectores urbanos de los cuatro municipios y para las centrales indígenas, el mejoramiento de la vía impulsará el desarrollo y el turismo, reducirá el tiempo de viaje, incrementará el comercio, reducirá los costos de transporte y traerá otros beneficios económicos.

El agrónomo Mario Paniagua, técnico de Fundación Tierra, explica que existe el peligro de que las comunidades pierdan la posesión de su tierra a la larga.

El ejemplo es la comunidad guaraní 16 de Marzo, ubicada en el municipio de San Julián, al norte de la capital cruceña, zona de monocultivo de soya vinculado al agronegocio. Más del 90% de la comunidad está deforestada y su tierra alquilada a los productores.

La carretera va a beneficiar a quienes tengan mejores condiciones productivas, sea en la agricultura o la ganadería, lo que implica generalmente deforestación. “Van a quedar las áreas comunales, probablemente con un poco de bosque, pero la presión puede hacer que alquilen la tierra. Si pasa eso, cambia las formas de vida de las comunidades, cada vez es menos posible cultivar su tierra y muchos terminan trabajando para estas empresas o migran a los centros urbanos”, dice Paniagua.

Los objetivos económicos están primero, sin embargo, y eso traerá beneficios focalizados en ciertos sectores de la sociedad.

Se prevé más desmontes

En realidad, sí se conoce cuál es el impacto de las nuevas carreteras en el proceso de pérdida de bosques en el mundo. Y los propios estudios de la ABC muestran las afectaciones que habrá en todas las etapas de construcción de la vía. El impacto ambiental en áreas sensibles es particularmente preocupante porque todos los factores son negativos.

La apertura de caminos, los incendios forestales, las actividades extractivas y la agricultura (en grande y pequeña escala) son causas directas de la deforestación, según el estudio Frentes de Deforestación de WWF. Y en Bolivia, o más precisamente en la Chiquitanía, se añade a esos factores la ganadería.

En los primeros 18 años de este siglo, se calcula que Bolivia perdió el 11% de su bosque. Solo en el año 2017, 463 mil hectáreas. En los incendios de 2019 y 2020, fueron afectadas con el fuego cerca de 6 millones de hectáreas, muchas de ellas con bosques. Si bien los árboles van a reverdecer, los científicos aún no saben la dimensión de los impactos que se deben esperar en esos ecosistemas.

Otros reportes coinciden reportando un nivel alto de pérdida de la foresta. La Red Amazónica de Información Socioambiental Georreferenciada (RAISG) reportó en 2020, luego de 18 años de medición, una deforestación inusitada de la amazonía boliviana.

“Empieza con el asentamiento de una población, luego se da curso a la construcción de carreteras y, a partir de ahí, empiezan más drivers (factores) como la apertura a la minería, la explotación forestal ilegal, la deforestación masiva. A medida que esta área se vuelve accesible, se va fragmentando muchísimo más y se acelera”, explica Marlene Quintanilla, en entrevista por Zoom, ella es la responsable de investigación de Fundación Amigos de la Naturaleza (FAN).

En el territorio de los pueblos chiquitanos existen todos esos factores desde principios del siglo XX, y ahora se han acelerado debido a las recientes intervenciones.

El control social

A pesar de las “consultas públicas” en los municipios, muchos actores locales quedaron con dudas y necesidad de información. Así se formó el Control Social Circunstancial, para fiscalizar la construcción de la nueva pista.   

Fotos de Jesús Diez Cayuba

A pesar de las “consultas públicas” en los municipios en los años 2015, todavía muchos actores locales quedaron con dudas respecto de la carretera. Así se formó el Control Social Circunstancial cuyo único objetivo es hacer seguimiento de la construcción de la vía San José de Chiquitos – San Ignacio de Velasco.

La Ley 347, art. 7, prevé la conformación de un equipo de personas cuyo único objetivo sea fiscalizar y vigilar un hecho concreto y disolverse al lograr su objetivo.

Antonio Suárez es el presidente del Control Social Circunstancial (CSC), compuesto por 16 personas, cuatro por municipio. Entre los miembros del equipo están algunos caciques indígenas, quienes en este espacio se concentran en los objetivos de fiscalización de las obras.

En su pequeña casa de San Ignacio de Velasco, dotada de un gran patio con árboles centenarios, Antonio Suárez, sentado ante la mesa familiar, dice: “Nosotros hemos hecho solicitudes a la ABC para acompañar en dos inspecciones en 2020. Hemos pedido la documentación para que nos entreguen, pero no nos entregan completo, nos entregan por partes. Contratar gente del lugar, (es lo que) no están haciendo”.

Una de las expectativas sobre la carretera es la creación de empleo. Los documentos de la ABC dicen que entre los impactos positivos está contratar mano de obra local y foránea para las obras de construcción y mantenimiento del camino. “Asimismo, durante el periodo de construcción se generarán otros empleos indirectos que cubrirán los servicios que los trabajadores de la obra demanden: restaurantes, hostelería y turismo”, dice la ABC.

Al respecto, enfundado en su camisa y pantalón de bluejeans, usual entre los obreros en Santa Cruz, Antonio Suárez cuenta que en la cuarentena la empresa china dio empleo a un centenar de trabajadores. 

“Hoy tuvimos reunión con gente que estaba trabajando y han sido despedidos en diciembre. Sus contratos laborales, no sé cómo los harán. Nosotros hemos entrado al campamento (menciona una inspección anterior) para ver la alimentación, teníamos reclamo de la alimentación y de que no estaban cumpliendo con las 8 horas de trabajo, que estaban trabajando en exceso. Hemos visto falencias en dormitorios, en baños higiénicos, entonces han tenido ellos (la empresa) una recomendación para observar y tomar precauciones”, explica Suárez.

Ahora piensan solicitar al Ministerio de Trabajo un acompañamiento para hacer inspecciones en los campamentos. 

La tarea del control social es velar por el cumplimiento de las normas en la ejecución del proyecto, esto implica vigilar tanto la aplicación de las disposiciones ambientales como de las laborales, junto con la fiscalización al presupuesto y a la calidad de las obras.

Pero las primeras acciones del CSC han sido demandar que se transparente la información oficial sobre el proyecto.

Hasta ahora desarrollaron dos inspecciones. En septiembre de 2020, participaron de ese recorrido los funcionarios de la ABC y de la empresa supervisora EPTISA-CYPLA, representantes de la empresa china y de las alcaldías, y los miembros del control social circunstancial. Ese paso les dio reconocimiento y legitimidad ante las autoridades estatales.

Los problemas identificados son principalmente por afectaciones materiales inmediatas a las comunidades que están sobre la carretera.

Quitar la maleza (troncos, raíces) acopiada sobre la plataforma del camino, colocar una señalización clara y oportuna, comprometerse a contratar mano de obra local, alambrar la longitud de alguna comunidad, son algunas de las observaciones repetidas en los cuatro municipios.

“La comunidad indígena San Pedro de Sapocó hace conocer que la carretera afectará su Unidad Educativa, pozo artesiano, viviendas y su represa, por lo que pide a la Supervisión tomar en cuenta su reposición inmediata. La supervisión realizará la verificación de la afectación dentro del derecho de vía para proseguir con las acciones que corresponda”, dice el acta con información recolectada en la visita al municipio de San Miguel de Velasco.

Las comunidades no han dejado de sentir desconfianza ante los funcionarios de la ABC. Antonio Suárez explica que los comunarios se niegan a abandonar las casas o espacios que están ubicados en los 50 metros a ambos lados de la carretera. “Ellos primero quieren que les hagan la construcción donde se van a mudar para que puedan irse con seguridad”, dice el presidente del CSC.

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Miércoles 3 de junio.- Los indígenas del país desarrollan sus actividades de manera orgánica, aglutinados en dos grandes organizaciones: la Central de Indígenas del Oriente, Chaco y Amazonía (Cidob) y el Consejo Nacional de Markas del Qullasuyu (Conamaq). Ambas, actualmente, buscan retomar su liderazgo con una sola dirigencia.

En la Cidob están aglutinados los indígenas de tierras bajas que están en siete de los nueve departamentos, excepto en Oruro y Potosí. En tanto, el Conamaq lidera a los indígenas de tierras altas de los departamentos de La Paz, Oruro, Potosí y parte de Cochabamba.

En ambas organizaciones indígenas el tema político fraccionó sus estructuras, por lo cual se crearon entes paralelos. Se visibilizaron dos bloques, los denominados orgánicos porque dicen que actúan en apego a sus estatutos y los que apoyaban el proceso del anterior gobierno liderado por Evo Morales.

Entes paralelos

En el caso de la Cidob, se vio que persisten dos facciones cuando el gobierno transitorio de Jeanine Áñez autorizó el análisis para la introducción de nuevas variedades de semillas transgénicas, las que sufren modificaciones genéticas.

Mientras, la Cidob liderada por Tomás Candia rechazaba, junto a otras organizaciones, esa decisión, la organización paralela, liderada por Gregorio Alexander Quety Medina, firmó un acuerdo con la Cámara Agropecuaria del Oriente, sector que se beneficiaría con la introducción de los organismos modificados genéticamente.

Este hecho fue rechazado no solo por la Cidob orgánica, sino también por la Coordinadora de las Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica (Coica), que aglutina a los indígenas de los siete países que forman la Amazonía, entre ellos Bolivia, Perú, Ecuador y Colombia.

Lea también: Indígenas rechazan los transgénicos y el convenio firmado por la Cidob y los agroindustriales

En el caso del Conamaq, en mayo, una fracción liderada por Apolinar Apaza, jiliri Apu Mallku, emitió un pronunciamiento en el que exigen la atención de salud a las comunidades por la emergencia de la pandemia del coronavirus (Covid-19) y también que se llame a elecciones generales a la brevedad posible.

La facción liderada por el jiliri Apu Mallku Marcial Barrenoso denunció que un grupo se estaba atribuyendo la representación de los indígenas de tierras altas.

En las tierras bajas

“34 pueblos indígenas están afiliados a la Cidob”, explica Wilma Mendoza, presidenta de la Confederación Nacional de Mujeres Indígenas de Bolivia (Cenamib), quien señala que en este momento se busca que haya una sola dirigencia.

Actualmente, el directorio de la Cidob es mixto. No siempre fue así. En 2006, se reformuló su estatuto y recién se empezó a visibilizar a las mujeres, dice Mendoza. Aunque todavía no se cumple la paridad de 50 por ciento de los cargos. Solo la Secretaría de Género siempre está a cargo de una mujer.

“Alguna vez se dio que ese cargo fue llevado por un hombre porque nadie (ninguna mujer) quiso asumir esa secretaría. Luego, abandonó”, cuenta.

Casi cuatro décadas

La Cidob fue fundada en 1982. Su objetivo principal es representar, defender, promover y consolidar los derechos de los pueblos indígenas. También fortalecerlos a través de sus organizaciones, para su efectiva incorporación y participación en decisiones políticas, sociales, económicas y culturales, así como en los procesos de desarrollo local, municipal, regional, departamental y nacional.

Inicialmente estaba conformada por cuatro pueblos indígenas: chiquitanos, ayoreos, guarayos y guaranís. Tenían el propósito de llegar a ser la organización de representación de los pueblos indígenas de las Tierras Bajas de Bolivia, para demandar y conseguir el reconocimiento de los derechos a la tierra y el territorio, y de sus derechos políticos, económicos, sociales y culturales.

Actualmente está conformada por regionales indígenas que son las siguientes:

• Beni: están tres regionales: el Gran Consejo Chimán, con sede en Trinidad; la Central Indígena de la Región Amazónica de Bolivia (Cirabo), con sede en Riberalta, de los pueblos Chácobo, Esse Ejja, Cavineño, Takanas, Pacahuara; y la Central de Pueblos Indígenas del Beni (CPIB), que cuenta con su par de mujeres, la Central de Mujeres Indígenas del Beni (CMIB) una de las más antiguas. También está la Central de Pueblos Étnicos Mojeños del Beni (CPEMB), que están en San Ignacio y el Tipnis, principalmente.
• La Paz: la Central de Pueblos Indígenas de La Paz (CPILAP) conformada por los pueblos Tacanas, Mosetenes y Lecos, asentado en el norte del departamento, en la región amazónica.
• Santa Cruz/Chuquisaca: la Central de Pueblos Nativos Guarayos (COPNAG), compuesta por las centrales Ascensión de Guarayos, Urubichá, Salvatierra, Yotaú, Yaguarú y San Pablo; la Central de Pueblos Étnicos de Santa Cruz (CPESC); la Organización Indígena Chiquitana (OICH) y la Asamblea del Pueblo Guaraní (APG), que está presente en los departamentos de Santa Cruz, Tarija y Chuquisaca.
• Tarija: la Organización de Capitanías Weenhayek y Tapieté (Orcaweta). Es la organización del pueblo Weehnayek, que vive en los márgenes del río Pilcomayo, principalmente en el municipio de Villa Montes.
• Cochabamba: la Central de Pueblos Indígenas del Trópico de Cochabamba (CPITCO) de los pueblos indígenas Yuracaré, moxeño- trinitario y Yuquí, asentados en las riberas de los Ríos Chapare, Ichilo, Chimoré, Isiboro, Ichoa y Moleto.
• Pando: la Central Indígena de Pueblos Originarios de la Amazonia de Pando (CIPOAP) de los pueblos indígenas Yaminahua, Machineri, Tacana, Cavineño y Esse Ejja.

“Hay 18 naciones indígenas en Beni. Es el departamento con mayor población de indígenas”.

Wilma Mendoza, líder de las mujeres indígenas de Bolivia.

Las mujeres organizadas

La Confederación Nacional de Mujeres Indígenas de Bolivia, que lidera Wilma Mendoza tiene las siguientes regionales: Central de Mujeres Indígenas de La Paz (Cemilap), Mujeres de la Amazonía de Pando (Cimap), Organización de Mujeres Guaraní (OMIG) y la Organización de Mujeres Chiquitanas (OMCH).

Es importante seguir lo que mandan los estatutos para mantenerse en la estructura orgánica, dice la indígena Mendoza, quien resalta que los líderes tienen que trabajar con las bases para tomar decisiones y “no al margen de ellas”, como pasó con algunos dirigentes que no respetaron los estatutos que señalan que se debe estar al margen de los partidos políticos.

En las tierras altas

El Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyu (Conamaq) es la organización de las nacionalidades y pueblos indígenas de las tierras altas de Bolivia. Tiene el objetivo de reconstituir los ayllus, markas y suyus del Qullasuyu.

Fue fundado el 22 de marzo de 1997 para representar a los ayllus de aymaras, quechuas y urus de los departamentos de Potosí, Chuquisaca, La Paz y Cochabamba. Actualmente está conformado por 15 suyus, que se constituyen en las organizaciones regionales, que a su vez están formadas por comunidades.

El Conaq está afiliado a la Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas (CAOI), una red de organizaciones indígenas de Bolivia, Ecuador, Chile, Colombia y Perú.

A diferencia de las organizaciones de tierras bajas, las autoridades del Conamaq son nombradas en parejas, chacha–warmi (hombre-mujer). Cuando un indígena asume como Jiliri Apu Mallku (máximo líder), su esposa asume el cargo de Jiliri Apu Mama Talla (la líder máxima). Tienen una segunda autoridad denominada Arquiri Apu Mallku y la esposa es nombrada Arquiri Apu Mama T’alla.

Los suyus

El Consejo de Gobierno del Conamaq está conformado por los suyus (naciones originarias):

• 1. Nación Jach’a Karangas (Oruro)
• 2. Nación Jatun Killaka Asanajaqi (Oruro)
• 3. Nación Charkas (Oruro)
• 4. Nación Qhara Qhara (Chuquisaca)
• 5. Nación Ayllus de Cochabamba
• 6. Nación Jach’a Suyu Pakajaqi (La Paz)
• 7. Nación Urus (Oruro)
• 8. Nación Soras (Oruro)
• 9. Nación Kallawayas (La Paz)
• 10. Nación Qullas (La Paz)
• 11. Nación Chuwis (Potosí-Oruro)
• 12. Nación Chichas (Potosí)
• 13. Nación Yampara (Chuquisaca)
• 14. Nación Qhapaj Umasuyu (La Paz)
• 15. Nación Larekajas (La Paz)
• 16. Nación Killakas Potosí

El proceso

En la primera década de este siglo, el Conamaq junto a otras naciones y pueblos indígenas se movilizaron para que su existencia ancestral sea reconocida al igual que sus derechos. Esto fue conseguido en la Constituyente, tras un arduo trabajo, pero no todo se reflejó en la nueva Constitución, lamenta Miguel Tapia Sacaca, responsable de la Comisión de Relaciones Indígenas del Conamaq, liderado por Marcial Barrenoso.

A pesar de exigir el pleno respeto de sus derechos constitucionales, la normas, reglamentos, planes, proyectos y programas resultaron –dice- contrarios a sus derechos.

Por esa razón, en 2011 se unieron a la octava Marcha en defensa del Tipnis, lo que desencadenó (en 2013) la toma del Conamaq por indígenas afines al gobierno de Evo Morales. Sus principales autoridades fueron encarceladas.

Hilarión Mamani, como nuevo líder del Conamaq, apoyó las políticas del anterior gobierno.

En 2016, fruto de un encuentro nacional determinaron elaborar un nuevo estatuto orgánico, retomaron el liderazgo orgánico del Conamaq. Cristóbal Huanca fue elegido como máxima autoridad de los indígenas de tierras bajas.

El paralelismo, continuó con Mamani. Y en 2018, incluso se presentaron tres liderazgos paralelos del Conamaq.  Gualberto Cusi fue proclamado como jiliri Apu Mallku. Cusi y Huanca afirmaban, por separado, ser los líderes orgánicos, mientras Mamani apoyaba abiertamente al gobierno del MAS.

“Hace cinco años atrás teníamos una sola estructura en los 16 suyus. Pero ha entrado la política en estos cinco años y nos han distorsionado. Por la política nos hemos desparramado y ahora nuevamente estamos queriendo retomar esa estructura que teníamos hace cinco años atrás donde no teníamos infiltrada la política. Ahora queremos nuevamente reencaminar”, explica Tapia Sacaca.

A la Cidob y el Conamaq les queda trabajo por hacer para unificar sus organizaciones en torno a un solo liderazgo por ahora continúan con paralelismos implantados por el gobierno del MAS, que destruyó las estructuras orgánicas indígenas, cooptó las dirigencias, amedrentó a los indígenas, los persiguió, encarceló y violó sus derechos con los proyectos extractivos de recursos naturales, principalmente, dicen los indígenas.

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Lunes, 20 de abril de 2020.- Los pueblos indígenas de Bolivia y de toda la región son los más vulnerables a pandemias como la provocada por el coronavirus (Covid-19), principalmente por el deficiente servicio de salud con el que cuentan en sus comunidades.

Sumada ahora la cuarentena total que rige en el país, los indígenas de tierras bajas están en estado de emergencia sanitaria para evitar que la Covid-19 se propague en sus territorios. Han dispuesto que ningún foráneo ingrese a sus comunidades y que nadie salga de las mismas.

Sin embargo, esta situación es insostenible porque, entre otros aspectos, los alimentos se les están acabando y no tienen posibilidades de reabastecerse porque, en su mayoría, no cuentan con vehículos para salir a los centros poblados y tampoco con los suficientes recursos económicos.

Frente a esta situación, las organizaciones que aglutinan a los indígenas emitieron diferentes pronunciamientos, cartas, comunicados y resoluciones dirigidos principalmente a la presidenta Jeanine Áñez para hacer conocer sus necesidades y pedir que sean atendidas.

No hubo una respuesta específica dirigida a los pueblos indígenas desde el Gobierno, aunque las nuevas medidas económicas como los bonos Familia y Universal que aplican a todos los bolivianos, responden a algunas de sus demandas.

Un monitoreo realizado por el Observatorio de Derechos de los Pueblos Indígenas de Bolivia (ODPIB), dependiente del Centro de Estudios Jurídicos e Investigación Social (CEJIS), sobre la pandemia provocada por el coronavirus, concluye que las demandas de los pueblos vulnerables en el país son similares y se concentran en la inclusión de las medidas adoptadas por las autoridades para prevenir un mayor avance de la Covid-19.

Organización Indígena Chiquitana (OICH)

El 1 de abril, en su pronunciamiento público, la Organización Indígena Chiquitana (OICH) demandó:

• Solicita la realización de campañas de información en idiomas nativos.
• Pide la capacitación del personal de salud de la comunidad.
• Reclama por el abastecimiento de productos alimenticios.
• Exige un plan de emergencia para recuperar la soberanía alimentaria en las comunidades.
• Pide la dotación de insumos.
• También necesita equipos de bioseguridad.
• Y requiere medios de transporte para la atención médica.
• También demanda recursos económicos del Fondo de Desarrollo Indígena para hacer frente a la situación.
• Necesita créditos de capital semilla.
• Pide la condonación de las facturas por consumo de los servicios básicos y la pausa en el pago de créditos bancarios.
• Solicita el pago de los bonos por parte de una comisión de las FF.AA.
• Pide un informe de los presupuestos que tienen los diferentes niveles de gobierno para hacer frente a la emergencia sanitaria, entre otros.

Central de Pueblos Indígenas de La Paz (CPILAP)  

El 28 de marzo, la Central de Pueblos Indígenas de La Paz (CPILAP) planteó sus demandas en tres áreas: salud, seguridad y economía.

• Salud: el ingreso de brigadas médicas y campañas de información en idiomas nativos, dotación de insumos, equipos de bioseguridad y personal de salud, capacitación a promotores de salud local.
• Seguridad alimentaria: dotación de la canasta familiar para las 10.000 familias afiliadas a los 10 pueblos y naciones indígenas de la organización.
• Economía: la condonación de las facturas de consumo de los servicios básicos; la pausa en el pago de créditos bancarios, proyectos de resiliencia para casos como la Covid-19, además de préstamos financieros destinados a la producción de alimentos. 

Asamblea del Pueblo Guaraní (APG) 

El 27 de marzo, la Asamblea del Pueblo Guaraní (APG) solicitó:

• Salud y alimentos: “La atención inmediata y prioritaria con implementación de medicamentos y primeros auxilios en prevenir la Covid-19 y, al mismo tiempo, dotación de víveres para nuestras familias guaraníes en las diferentes comunidades que están asentadas en los tres departamentos de Bolivia”.
• Coordinación: En el documento explican: “Nuestros hermanos y hermanas viven del trabajo diario y, además, nuestras comunidades son dispersas y de difícil acceso, es por ello que instamos a su autoridad a que haya una buena coordinación con cada una de las autoridades guaraníes de las capitanías zonales y con cada alcalde y/o alcaldesa de los municipios de nuestro territorio y con el Gobierno Autónomo Charagua Iyambae”.
• Regular precios, banca móvil y reducción de salarios altos: El 3 de abril, la APG de la Zona Yaku Igua en un manifiesto demandó a los diferentes niveles de gobierno garantizar el abastecimiento de los centros de salud; el equipamiento y los equipos de bioseguridad para atender a los pacientes de la Covid-19 en los centros hospitalarios; así como normar los precios de la canasta familiar, el funcionamiento de la banca móvil para evitar aglomeraciones en Yacuiba y la reducción de salarios de la Presidenta, ministros, gobernador, alcaldes, etc. El 29 de marzo, la APG de la Capitanía de GKK envió una carta al Banco Unión regional Camiri, solicitando apoyo de su servicio para viabilizar pagos in situ a adultos mayores y al personal de los centros de salud y las AFP, respectivamente, a nivel de la TCO. 

La Subcentral del Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS)

El 26 de marzo, la Subcentral de Pueblos Indígenas: Mojeños-Yuracaré-Chimane del Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS) demandó la atención en salud, equipamiento y medicamentos para todas las comunidades del territorio, la dotación de la canasta familiar y la asistencia social.

Pide un plan de nutrición materno-infantil para el territorio, además de información clara y oportuna sobre la pandemia.

Central Indígena de Comunidades Originarias de Lomerío (CICOL)

El 27 de marzo, la CICOL, en un pronunciamiento público, demandó la coordinación de los diferentes niveles de gobierno ante la crisis de salud; el abastecimiento de productos alimenticios y la entrega de la canasta familiar.

Además, exigió a la Presidenta coherencia con los pronunciamientos que emite al país; el cierre de fronteras y aeropuertos a las personas extranjeras, como una medida necesaria ante la crisis; y la condonación de las facturas de consumo de los servicios básicos.

Central de Pueblos Étnicos Mojeños del Beni (CEPEM-B)

El 28 de marzo, la CEPEM-B, también en un pronunciamiento público, demandó garantizar el derecho a la salud de las familias indígenas, la coordinación de los diferentes niveles de gobierno ante la emergencia de salud, el abastecimiento de productos alimenticios y la entrega de la canasta familiar.

Pide la llegada de brigadas médicas y campañas de información en su idioma nativo, además de la lucha contra otras enfermedades en su territorio como el dengue, chicunguña, tuberculosis, diabetes y otras.

Territorio Indígena Yuqui (TCO-Yuqui)

El 1 de abril, el pueblo Yuqui, uno de los considerados altamente vulnerable y en riesgo de extinción, demandó en su pronunciamiento el abastecimiento de productos alimenticios y la entrega de la canasta familiar, el pago de los diferentes bonos a los adultos mayores y mujeres embarazadas.

Pide el cumplimiento de la Ley No. 450/2013 de Protección a Pueblos Indígenas Altamente Vulnerables y la Ley Departamental Ley No. 560 de Cochabamba de Protección al pueblo Yuqui.

Señala también que las políticas sociales emitidas por el Gobierno central no se adecúan a su realidad.

Organización Indígena del Pueblo Cavineño de la Amazonía (OICA) 

El 2 de abril, la OICA demandó garantizar el derecho a la vida de las familias indígenas del territorio; el cumplimiento de la Ley No. 450/2013 que aplica a pueblos en situaciones de alta vulnerabilidad; la atención de enfermedades como el dengue; el abastecimiento de productos alimenticios y la entrega de la canasta familiar.

Pide el pago de los diferentes bonos a los adultos mayores y mujeres embarazadas en su territorio.

Demanda la implementación de puestos de control en los ingresos al territorio en coordinación con su dirigencia, y la reactivación de la producción familiar y comunitaria para coadyuvar y dinamizar la economía indígena y superar la crisis.

Organización de Mujeres Indígenas de San Rafael de Velasco (OMIRV)

El 3 de abril, la OMIRV demandó la coordinación y la dotación de insumos, equipos de bioseguridad y personal de salud; el apoyo a los puestos de control territorial para prevenir la pandemia; la entrega de la canasta familiar.

Quiere que el pago de los diferentes bonos a personas de la tercera edad y mujeres embarazadas en los territorios, a través de brigadas de autoridades locales.

Pide también el acceso a los beneficios del Banco de Alimento Solidario, políticas y programas para la Chiquitanía, además de visibilizar el trabajo de las mujeres, en lo rural y urbano, en la gestión de la emergencia y la post cuarentena.

Consejo Indígena del Río Ichilo (CIRI)

El Consejo Indígena del Río Ichilo (CIRI) demandó de manera urgente más personal de salud, la dotación de insumos y equipos médicos para patologías como dermatosis, infecciones respiratorias agudas (IRAS) y enfermedades diarreicas agudas (EDAS).

Pide el abastecimiento de productos alimenticios y la entrega de la canasta familiar, además del pago de los diferentes bonos a personas de la tercera edad y mujeres embarazadas en los territorios; combustible para el transporte y el traslado de pacientes de la comunidad por el río, entre otros. 

Organización de Mujeres Indígenas Chiquitanas de San Ignacio de Velasco (OMICH-SIV)

El 3 de abril, la OMICH-SIV demandó garantizar el derecho a la salud y la vida; la dotación de insumos, equipos de bioseguridad y personal de salud; la organización de una logística de traslado de pacientes; el combate del dengue; la coordinación con los responsables de salud para implementar las medidas de prevención del contagio de la Covid-19.

Pide la entrega de la canasta familiar y el pago de los diferentes bonos a través de brigadas locales; la llegada de la ayuda del Banco de Alimento Solidario al territorio y la inclusión de las mujeres en espacio rural y urbano, en las políticas en la etapa poscuarentena.

Central Indígena de las Comunidades de Concepción (CICC)

El 11 de abril, la Central Indígena de las Comunidades de Concepción (CICC), en cartas dirigidas además al gobernador de Santa Cruz, Rubén Costas, demandó la dotación de alimentos y víveres para las 50 comunidades del área rural, integradas por 2.700 familias de bajos ingresos económicos, a quienes no estaría llegando la ayuda establecida por estas autoridades.

Confederación Nacional de Mujeres Indígenas de Bolivia (CNAMIB)

La CNAMIB, en un manifiesto público, planteó 17 demandas frente a la emergencia por el coronavirus. Pide la coordinación de los diferentes niveles de gobierno en la implementación de la cuarentena; la atención a enfermedades como el dengue, fiebre amarilla, malaria y otras que azotan los territorios indígenas.

Sobre la alimentación pide la entrega de la canasta familiar y el pago de los diferentes bonos a través de brigadas locales; la activación del Fondo de Desarrollo Indígena para hacer frente a la emergencia sanitaria.

Pide el diseño e implementación de políticas y programas de emprendimientos económicos y productivos para hacer frente a la crisis.

Su pronunciamiento pone énfasis en la promoción del trabajo de las mujeres indígenas y urbanas en los procesos de gestión sanitaria; y visibilizar y combatir la violencia de género, el maltrato infantil y el acceso a la justicia por el incremento de casos en este tiempo, entre otros.

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Lunes, 20 de abril de 2020 (Bolivia).- Los indígenas de la Chiquitanía estamos en cuarentena desde hace un año. Así describe la situación de las comunidades Elmer Masai, cacique de la comunidad de Lomerío, en Santa Cruz. “Primero nos castigó la sequía, luego los incendios, la pausa ecológica y ahora la cuarentena”.

Por eso, los indígenas de la Chiquitanía están en emergencia. Entre octubre y noviembre de 2019, fueron impactados por los incendios que acabaron con más de 4 millones de hectáreas en el país.

Ahora sus comunidades sufren la falta de alimentos y de dinero para sostener la cuarentena que rige desde el 22 de marzo para evitar la propagación del coronavirus (COVID-19) en el país. Hasta el 19 de abril, 520 personas tienen la enfermedad en todo el país, 32 murieron, 31 se recuperaron.

No dejan ingresar a sus comunidades a extraños para evitar el contagio con el coronavirus. Como no pueden salir de sus territorios, el trabajo de los jornaleros ha cesado.

Ya no tienen dinero para comprar alimentos que también escasean en las tiendas. Por la falta de transporte, no pueden ir hasta los centros de abasto municipales para reabastecerse.

Demandan la atención de las autoridades y piden que se destine parte del Fondo Indígena para socorrerlos.

Las dificultades en Lomerío

En la comunidad de Lomerío, primero los incendios y luego la pausa ecológica los perjudicó. Por eso se retrasaron en la siembra y en la habilitación tradicional de cultivos de autoconsumo. Así lo hizo conocer Elmer Masai, cacique del territorio indígena de Lomerío (Santa Cruz).

“Mencionar al gobierno de turno nacional y departamental, prácticamente la Chiquitanía está en cuarentena desde agosto del año pasado”, resalta Masai, quien pide que las autoridades tomen en cuenta esa situación.

Tras los incendios en la Chiquitanía, el anterior Gobierno declaró pausa ecológica desde agosto de 2019, por lo cual no pudieron preparar la tierra para la siembra.

“Luego, la prohibición no se levantó y se vino la cuarentena que nos prohíbe ya trabajar. Hasta dónde vamos a dar. Ya nuestra economía está por el suelo. Ni siquiera podemos hacer agricultura de subsistencia. Y en todos los decretos (del actual Gobierno), no hay ninguno que esté dirigido a los pueblos indígenas que somos los sectores más vulnerables”, manifestó el líder indígena de Lomerío.

Pocos alimentos en Yatierenda

En Yatierenda, una de las 11 comunidades de la capitanía Takovo Mora (municipio de Cabezas, Santa Cruz) acatan la cuarentena. Pero las dificultades han aumentado porque los alimentos en las tiendas se han agotado y por la falta de transporte no pueden reabastecerse. Deben ir hasta los municipios de Cabezas o Abapo.

“Esto representa gastar más dinero en trasporte. En comparación con las épocas sin cuarentena, era más barato. Además, por la cuarentena los ingresos económicos de las familias se han reducido porque ya no hay el trabajo de jornalero”, lamenta Miguel Justiniano, capitán de la comunidad indígena guaraní de Yatierenda.

A ello se suma, que por la sequía y, luego, los incendios sus cultivos de autoconsumo de maíz, frejol y calabazas fueron afectados. Y los que lograron salvarlos, recién en dos meses podrán cosechar. Mientras, principalmente las mujeres, buscan cómo conseguir alimentos.

“En esta cuarentena estamos sufriendo. Así como la Presidenta decreta nosotros estamos cumpliendo. Pero aquí muchos hermanos comunarios no contamos con muchos recursos. Los que tenemos que salir a trabajar ya no estamos saliendo. Tampoco tenemos vehículos para trasladarnos”, explica Miguel Justiniano.

En lo único que pueden transportarse es en moto por 30 bolivianos. Un costo privativo para su economía, más ahora que no están trabajando. La mayoría de los varones son jornaleros. En Yatierenda pocas familias lograron cosechar maíz y frijol.

Para lo que sí ha llegado el municipio es para fumigar las calles, pero no para atender sus necesidades. “Necesitamos el apoyo de la Gobernación y el municipio para abastecer la canasta familiar”, remarca el líder indígena de Yatierenda.

San José, sin semillas

Los afectados relatan que solo en las comunidades indígenas se acató la pausa ecológica, mientras los grandes ganaderos y agroindustriales siguieron chaqueando y deforestando sin control.

“Como mujeres, somos las más afectadas. Especialmente en la Chiquitanía venimos ya afectadas de lo que ha pasado. El tema de la sequía e incendios en nuestros chacos ya no tenemos nada. Hasta la semilla que teníamos que sembrar, todo lo hemos perdido. Estamos sufriendo mucho las mujeres porque somos las que tenemos que ver qué hay para la familia”, cuenta Rosa Taquepi, de la comunidad San José, del municipio de San Rafael de Velasco (Santa Cruz).

Taquepi afirma que ni la Alcaldía ni la Gobernación llegan hasta la comunidad para paliar sus necesidades. “Los indígenas son los últimos en beneficiarse de algo del Estado, peor los bonos que están saliendo. No se puede salir de la comunidad, como hay que esperar el número de carnet, y peor a pie es muy difícil salir”, se lamenta la indígena guaraní.

Al igual que en otras comunidades indígenas, piden que se envíen banco móvil para el cobro de los bonos, sobre todo porque los ancianos no pueden caminar tantos kilómetros. Incluso para Lomerío, donde la entidad financiera que atiende desde la pasada semana no es suficiente.

Solo pagan a 50 personas por día. Eso se complicará toda vez que a partir de esta semana se van a pagar más bonos.

Tatarenda Nueva, sin azúcar

En Tatarenda Nueva, otra comunidad guaraní, la situación es similar, cuenta una líder indígena. Afirma que son días críticos, sobre todo para quienes viven del día a día y no tienen sembradíos.

“Hemos evitado que llegue gente foránea y que también salgamos, pero estamos viendo que están empezando a escasear los alimentos. Podemos conseguir choclos, pero azúcar ya no hay. Estamos viendo con un grupo de mujeres que somos cabeza de familia, qué podemos hacer”, dijo Lourdes Miranda, líder (mburubicha) de la comunidad de Tatarenda Nueva, del municipio de Gutiérrez.

Miranda tiene media hectárea de choclos. Ha dejado que otros indígenas se lleven a una bolsa. Eso se está acabando, mientras cumplen la cuarentena. Lo que lamenta es que en la ciudad de Santa Cruz no se estén cuidando. “La gente no ayuda en cuidarse. ¿Para qué ya estamos custodiando que no entren ni salgan de la comunidad?”.

La líder guaraní cuenta que las comunidades están a 10, 20 y 30 kilómetros del centro poblado, por lo que no pueden movilizarse porque la policía está controlando.

Piden dinero del Fondo Indígena

Un pedido generalizado de las comunidades indígenas es que parte del dinero del Fondo Indígena sea utilizado para atenderlas. Todos los proyectos están paralizados. En esta región debían servir para sembrar, pero no se puede, entonces, que esos fondos inviertan en darles soluciones.

“Una sugerencia tenemos, un fondo indígena desearía que pudieran sacar para colaborar y hacer algo por las comunidades indígenas de la Chiquitanía. Tal vez esos recursos puedan paliar las necesidades más importantes que tienen las comunidades”, dice Rosa Taquepi, de la comunidad San José.

Exigen que hagan algo porque la emergencia está llegando a las comunidades. Considera que los bonos solo los alborotan porque incluyen requisitos que no los pueden cumplir. Por ejemplo, para los cobros de los abuelos cómo van a entrar a la página web para dar la autorización.

“Por una vez, deberían disponer parte del Fondo Indígena para ayudar a los territorios indígenas que estamos más marginados, peor si no hay dinero. También, los de la CAO, la CAINCO y la ANAPO, que nos intoxican, nos llenan de agrotóxicos, deben tocarse el corazón para desplazar los víveres a las comunidades”.

Como prácticamente con el decreto de la pausa ecológica está prohibido chaquear, prohibido hacer desmontes, entonces de qué sirve que el dinero del Fondo Indígena esté paralizado, se pregunta Elmer Masai, quien sugiere usar ese dinero en un programa de emergencia para las comunidades indígenas.

Incluso podría servir para comprar los insumos necesarios para la protección de bioseguridad del personal de salud en las comunidades indígenas porque en este momento está expuesto a contraer la Covid-19.

En la misma situación de riesgo se encuentran los caciques y corregidores, en los puestos de control instalados para evitar el ingreso de personas ajenas a sus comunidades.  

Sin políticas para atender sus necesidades

Para el Cejis, la actual pandemia desnuda el abandono y la carencia de políticas públicas y protocolos interculturales que deben emanar desde el Estado para atender la emergencia en el área rural, en especial en pueblos indígenas en situación de alta vulnerabilidad y aislamiento voluntario que constituyen un grupo de riesgo.

Los pueblos indígenas se han organizado en sus territorios asumiendo su derecho a la libre determinación, para respetar la cuarentena y asumir medidas de aislamiento social, pero en especial para proteger su derecho a la vida y su sobrevivencia, en el marco del espíritu del Estado Plurinacional.

Si bien hasta el momento no se han reportado casos positivos de coronavirus en los territorios indígenas, la carencia de hospitales, personal de salud y medicamentos, la presencia de pacientes diagnosticados en centros poblados cercanos a estos territorios y la falta de protocolos específicos para el tratamiento de los casos en áreas rurales, ponen en situación de indefensión a estas colectividades, alerta el Cejis.

Ante esa situación, las organizaciones departamentales y regionales de los pueblos indígenas del oriente, Chaco y Amazonía, entre el 26 de marzo y el 11 de abril emitieron diferentes pronunciamientos, cartas, comunicados y resoluciones, además de asumir algunas medidas para evitar la propagación del COVID-19 en sus territorios. 

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Se pronuncia la CIDH

El 10 de abril, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió una resolución denominada “Pandemia y Derechos Humanos en las Américas”.

La misma menciona que “las Américas y el mundo se enfrentan actualmente a una emergencia sanitaria global sin precedentes ocasionada por la pandemia del virus que causa el COVID-19, ante la cual las medidas adoptadas por los Estados en la atención y contención del virus deben tener como centro el pleno respeto de los derechos humanos”.

La CIDH hace una serie de recomendaciones, principalmente sobre las poblaciones más vulnerables. En relación a la situación de los pueblos indígenas de la región, recomienda a los Estados miembro: 

1) Proporcionar información sobre la pandemia en su idioma tradicional, estableciendo, cuando sea posible, facilitadores interculturales que les permitan comprender de manera clara las medidas adoptadas por el Estado y los efectos de la pandemia.

2) Respetar de forma irrestricta el no contacto con los pueblos y segmentos de pueblos indígenas en aislamiento voluntario, dados los gravísimos impactos que el contagio del virus podría representar para su subsistencia y sobrevivencia.

3) Extremar las medidas de protección de los derechos humanos de los pueblos indígenas en el marco de la pandemia del COVID-19, tomando en consideración que estos colectivos tienen derecho a recibir una atención de salud con pertinencia cultural, que tome en cuenta los cuidados preventivos, las prácticas curativas y las medicinas tradicionales.

4)  Abstenerse de promover iniciativas legislativas y/o avances en la implementación de proyectos productivos y/o extractivos en los territorios de los pueblos indígenas durante el tiempo en que dure la pandemia, en virtud de la imposibilidad de llevar adelante los procesos de consulta previa, libre e informada (debido a la recomendación de la OMS de adoptar medidas de distanciamiento social) dispuestos en el Convenio.

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