De acuerdo al diccionario de la lengua española, una “veleta” se define como aquella “pieza de metal, ordinariamente en forma de saeta, que se coloca en lo alto de un edificio, de modo que pueda girar alrededor de un eje vertical impulsada por el viento, y que sirve para señalar la dirección de este”. Pero también se define así a la persona inconstante y mudable.
Como sabemos, la independencia judicial es el eje fundamental de la actividad jurisdiccional democrática e implica dos esferas: primero la independencia institucional; es decir, el Órgano Judicial y las entidades que lo conforman deben apartarse de los demás poderes del Estado y actuar autónomamente, lo que no es contrario a la coordinación establecida constitucionalmente. En segundo lugar, tenemos a la independencia individual de magistrados/as, vocales, jueces y juezas que conlleva que cada una de estas autoridades ejerza su labor solamente apegada a la Constitución, los derechos humanos y la ley.
En Bolivia, en toda su historia republicana y en los más de 30 años de vida democrática, la independencia del Órgano Judicial siempre ha estado retaceada. Jamás se le otorgó un presupuesto adecuado, casi siempre actuó bajo la presión externa e interna por parte de los órganos Ejecutivo y Legislativo, nunca la autoridad jurisdiccional llegó a todos los rincones de la patria. Desde la aprobación de la nueva norma fundamental, votamos por magistrados y magistradas de los altos tribunales de justicia siempre marcados por la intervención política de su preselección. Este último mes hemos vivido el resultado de una Sentencia Constitucional que el año 2017 le otorgó a Evo Morales Ayma y Álvaro García Linera la posibilidad de repostularse a un mandato inconstitucional. Hemos tenido multiplicidad de casos y hechos que nos mostraron la alta injerencia del régimen en las entidades del sistema de justicia.
Ahora se comprenderá el motivo de denominar “veleta” a nuestro sistema de justicia, ya que por 14 años se ha movido de acuerdo a los vientos que señalaba el régimen del Movimiento al Socialismo y que, al parecer, ha girado y se estaría acomodando a los nuevos vendavales del Gobierno transitorio actual.
Si no cómo entenderíamos que Franklin Gutiérrez, principal dirigente de la Asociación Departamental de Productores de coca (ADEPCOCA), haya sido detenido preventivamente por más de 15 meses, sin prueba de su directa participación en la muerte de un oficial de Policía en la Asunta, y por lo que su defensa presentó innumerables apelaciones e incluso acciones de libertad para salir de su –por lo visto– injusto encierro. El señalado ciudadano tuvo que sufrir el fallecimiento de su hijo en esa situación y otras angustias. Pero el viento cambió y el 14 de noviembre de 2019, el juez cautelar Orlando Rojas determinó, sin más, la libertad de Gutiérrez, con la aplicación de medidas cautelares; es decir, a cuatro días de la caída del régimen masista, seguramente la precipitada autoridad, ya no tuvo la presión sobre él o quizá tuvo otro tipo de presiones, no lo sabemos.
El otro gran ejemplo de cómo se manejó la justicia durante estos últimos años, que es mucho más grave que el anterior, lo tenemos en el juicio que se viene desarrollando durante más de siete años atrás, del caso Separatismo y otros delitos, que deviene del operativo en el Hotel Las Américas de 2009, donde perdieron la vida Eduardo Rozsa y otras personas, y fueron detenidos Mario Tadic y Elöd Tóásó. A partir de ello, el Ministerio Público inició una investigación con varias actuaciones fuera del debido proceso y que resultó en la salida del país de varios líderes y políticos cruceños y la detención preventiva de otros tantos, como Juan Carlos Guedes y Alcides Mendoza, quienes se negaron a autoinculparse como lo hicieron Tadic y Tóásó, los cuales con el fin de salir en libertad y retornar con sus familias, tuvieron que acogerse a un procedimiento abreviado.
Ahora los vientos cambiaron, Guedes y Mendoza solicitaron en los primeros días del gobierno de la presidenta Jeanine Añez, su intervención para obtener su libertad y, tras nueve años y ocho meses, ambos lograron salir de la cárcel de Palmasola. Los mismos jueces del Tribunal Primero de Sentencia de La Paz, que les habían negado su libertad reiteradamente durante el juicio, a pesar de los graves problemas de salud que habían demostrado en este último tiempo, bajo los mismos argumentos, ahora sí procedieron a otorgarles medidas sustitutivas. A pesar de ello, el juicio nuevamente se suspendió hasta el mes de enero de 2020.
Por otro lado, hace días atrás uno de los implicados en el caso de La manada boliviana, Carlos Saavedra, y cuyo abogado era el actual ministro de la Presidencia, Jerjes Justiniano Atalá, solicitó cesación de libertad, quizá presumiendo que tras el cambio de los vientos políticos su situación procesal tendría un nuevo norte. La oportuna intervención de la parte querellante y organizaciones que luchan contra la violencia hacia la mujer, mediante la presentación de pruebas contundentes de la presión a la que es sometida la víctima por los acusados, fue suficiente para que el juez Hugo Iquise, negara la solicitud, aunque esta autoridad tuvo polémicas apreciaciones respecto a la Ley 348. Esperemos que el viento del poder político no llegue a afectar este proceso.
Otro ejemplo que denota que muchos ciudadanos, incluso líderes de movimientos cívicos que debieran asumir claramente los principios y valores democráticos como la separación de poderes, manifiestan la intención de injerencia al sistema de justicia. No olvidemos que el líder cívico cruceño Luis Fernando Camacho, antes de la renuncia de Evo Morales, solicitó de manera vehemente la renuncia del presidente del Tribunal Supremo de Justicia, José Antonio Revilla y sugirió que el puesto debía ser asumido por la magistrada Cristina Díaz Sosa, extremo que se cumplió una vez se procedió a la sucesión presidencial y tomó el cargo la hasta entonces senadora Jeanine Añez. Aspecto análogo aconteció en el Tribunal Constitucional Plurinacional donde asumió el magistrado Paul Franco en reemplazo del magistrado Petronilo Flores, aparentemente por presiones de tipo político.
Como se observa de los ejemplos citados, tocará que el nuevo gobierno asuma realmente una política pública con el fin de garantizar al sistema de justicia una independencia real y una clara separación respecto de los otros órganos, que la independencia no quede solamente como una declaración en la norma fundamental, sino que debe manifestarse en la práctica institucional, con la asignación de un presupuesto adecuado para encarar una verdadera reforma y no las medidas coyunturales que se tomaron en estos últimos 10 años, con algunos avances, pero innumerables retrocesos; que se proceda a seleccionar operadores de justicia en base a méritos, capacidades e idoneidad, así como garantías de nombramiento y carrera para que quienes tengan la posibilidad de deliberar y decir sus fallos apegados a la normativa internacional y nacional lo hagan sin ningún tipo de presión. Mediante estas acciones dejaremos de contar con un sistema de justicia “veleta” que se acomoda a los vientos del poder político, hay mucho por construir y todavía la esperanza de lograrlo.
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