Por Guardiana (Bolivia), fotos de Fundación Tierra
Jueves 20 de octubre de 2022.- Doce días después de haber recibido su cédula de identidad, el indígena tacana Miguel Supa Gámez, de 58 años, salió este miércoles del penal de San Pedro de La Paz, donde permaneció cerca de 200 días con detención preventiva. La Defensoría del Pueblo aclaró que el delito por el que se lo acusa es tentativa de asesinato.
El proceso judicial sigue abierto y Supa debe cumplir detención domiciliaria sin derecho al trabajo que, según Fundación Tierra, es una de las medidas que le impuso un juzgado cautelar, aunque el hombre expresó su deseo de hacer labores de agricultura en la comunidad San Miguel, en el municipio paceño de San Buenaventura, dentro del Parque Madidi.
El corregidor de la comunidad, Noe Macuapa, dijo a Guardiana que se harán las gestiones pertinentes para conseguir que el derecho a trabajar sea restituido.
Supa fue detenido el 27 de marzo pasado en la comunidad de Chushuara, municipio de Apolo, donde grupos de campesinos del lugar e interculturales que buscan áreas donde asentarse se enfrentaron por tierras.
El enfrentamiento dejó un saldo de 15 personas heridas con arma de fuego y 18 detenidas, entre ellas Miguel Supa. Las investigaciones giraron en torno a los delitos de asociación delictuosa, tentativa de asesinato, portación de armas y de explosivos. El indígena había llegado hasta esa zona por necesidad de sobrevivencia como agricultor y tenía en su poder un machete como herramienta de trabajo. Ingresó al penal de San Pedro el pasado 3 de abril.
El siguiente mapa muestra el recorrido que hizo el indígena tacana desde su comunidad San Miguel hasta Chushuara, en busca de empleo como agricultor.
“Su caso llamó la atención –indica Fundación Tierra– porque fue acusado a pesar de no tener nada que ver en el conflicto y su situación se vio agravada por la falta de documentos como su certificado de nacimiento y carnet de identidad, que imposibilitaba su defensa”.
Una vez conocida la situación de Supa, instituciones estatales como la Defensoría del Pueblo, el Servicio de Registro Cívico, el Servicio General de Identificación Personal y Defensa Pública se movilizaron para que obtenga sus documentos personales y gestionar la cesación de la detención preventiva.
El pasado 3 de octubre cumplió seis meses de encierro. Entonces, se debió aplicar el artículo 239, numeral 2, del Código de Procedimiento Penal que señala que al haberse cumplido el plazo procesal y al no existir una solicitud de ampliación de la detención preventiva por parte de la Fiscalía se daría paso a la cesación de la medida cautelar, según Fundación Tierra.
El pasado 7 de octubre, la Sala Penal Tercera dio un plazo de 24 horas al Juzgado de Apolo para que emita una nueva resolución que tomen cuenta esos antecedentes, pero en ese momento había acefalía en ese cargo. Hasta entonces, no se tenía certeza de qué autoridad se haría cargo del proceso.
En su momento, la representante defensorial de La Paz, Mabel Martínez, dijo los vocales de dicha sala no hallaron explicación del porqué el Juez de Instrucción de Apolo no tomó en cuenta los documentos que certifican que Supa trabajaba como agricultor de procedencia indígena y que se le haya atribuido el delito de intento de asesinato porque tenía un machete, que es su herramienta de jornalero.
Álex Villca, vocero de la Coordinadora Nacional de Defensa de Territorios Indígenas Originarios Campesinos y Áreas Protegidas (Contiocap), dijo a Guardiana que esa organización va a exigir al Estado que asuma sus responsabilidades en cuanto al resarcimiento de daños, perjuicios y violaciones a los derechos fundamentales de Miguel Supa.
"La detención domiciliaria –afirmó el representante– para nosotros es apenas el cumplimiento de la norma y como tal seguiremos adelante con este caso ante los estrados judiciales nacionales e internacionales, si corresponde".
De regreso a casa
El corregidor de la comunidad de San Miguel, Noe Macuapa, dijo que hará seguimiento al caso porque fueron vulnerados derechos indígenas. En su opinión, el origen del conflicto tiene que ver con la explotación de oro y la situación económica de Supa.
El tacana salió de la cárcel de San Pedro escoltado por un sargento de la Policía que registrará la vivienda en su comunidad. También lo acompañaban el abogado de la Defensoría del Pueblo, Boris Apaza, y el corregidor Noe Macuapa, antes de emprender viaje a Rurrenabaque.
La autoridad local anunció su deseo de reactivar el turismo en la región a fin de evitar que sus habitantes tengan que buscar sustento en otras zonas. De todas maneras, según Fundación Tierra, recomendó a los tacanas tener cuidado cuando tengan que trabajar en otros territorios.
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