Golpeada por dos feminicidios, Emiliana lidió con la chicanería y peregrinó 6 años

Por Darynka Sánchez Arteaga para Guardiana (Bolivia)

Martes 30 de noviembre de 2021.- Enfrentar el feminicidio de un ser amado es una tragedia muy difícil de sobrellevar. Sufrir dos, en la misma familia, ya entraña un dolor inimaginable. Y esto, tan impensable, le pasó a Emiliana Quispe. La violencia machista le arrebató a su hija y a su sobrina en un lapso de dos años. A ese tormento se sumó el descubrimiento de lo sucia que puede ser la chicanería de los abogados de los feminicidas, en su afán de postergar audiencias y distorsionar la verdad.

Emiliana Quispe siempre había sido fuerte como un roble. Todo cambió el 21 de agosto de 2015, cuando Johnny Vargas Andrade asesinó con 25 puñaladas a María Lizbeth Carvajal Quispe, la penúltima de sus cinco hijos, Emiliana se quebró y ya no pudo ser la misma.

María Lizbeth, de 24 años, y Johnny Vargas Andrade, de 28, se conocieron en Arocagua, Sacaba, se enamoraron y se fueron a vivir juntos a la zona de Pacata Alta, donde abrieron un punto de Internet para tener ingresos. El sexto sentido de Emiliana le alertó del peligro que acechaba a su hija, pero María Lizbeth creía en las promesas de su pareja. Él le había prohibido hablar con hombres, pero ella atendía el negocio de Internet y tenía que responder a las consultas técnicas de los clientes.

Johnny no entendió “esa desobediencia” y decidió matarla. Contrató a Benjamín Rodríguez y planificó todo para contar con una coartada y que el feminicidio pareciera un atraco al internet. Con lo que no contaba fue con el arrepentimiento de Benjamín, quien terminó confesando el crimen y que Johnny había prometido pagarle 20.000 dólares por ayudarlo.

El peritaje psicológico del Instituto de Investigaciones Forenses de Cochabamba concluyó que Johnny Vargas era un psicópata con problemas sexuales y de alcoholismo.

Pese a las pruebas acumuladas, Emiliana descubrió que estas no bastan y que además es necesario sortear las decenas de chicanas jurídicas que los abogados de los feminicidas suelen interponer para alargar los procesos.

Continuas suspensiones de audiencias por enfermedad, por ausencia de abogado, por notificaciones desaparecidas, informes psicológicos de profesionales externos contradictorios, fueron algunas de las excusas usadas para provocar que el tiempo pasara e intentar distorsionar la verdad.

De acuerdo a ley, si el feminicidio de María Lizbeth ocurrió en 2015, el juicio debía llevarse a cabo en agosto de 2016. A más tardar, a fines de 2016. Las chicanerías o incidentes lograron atrasar el juicio hasta febrero de 2017.

El 3 de febrero de 2017, Johnny Vargas Andrade fue hallado culpable y sentenciado a 30 años de reclusión, sin derecho a indulto, en el penal de El Abra. Benjamín Rodríguez, quien participó del crimen sosteniendo a María Lizbeth mientras Johnny la apuñalaba, también fue condenado a la pena máxima, pero en la cárcel de San Sebastián.

Emiliana pensó que al fin se había hecho justicia, pero no imaginaba que aún faltaban otros cuatro años para que la sentencia fuera ejecutoriada y así desapareciera el riesgo de que, en cualquier momento, pudiesen salir de la cárcel gracias a los beneficios que otorga la Ley de Abreviación Procesal 1173.

Emiliana Quispe y su hija menor, Alba Carvajal, organizaron mitines, marchas, protestas, junto con colectivos de activistas por los derechos de las mujeres, para lograr que la mirada de las autoridades se volcara a las víctimas de la chicanería y la retardación de justicia. En agosto de este 2021 se cumplieron seis años desde el feminicidio de María Lizbeth.

Emiliana se cansó de esperar y viajó hasta Sucre, para encadenarse frente a las puertas del Tribunal Supremo de Justicia, exigiendo que la sentencia de los feminicidas de su hija sea al fin ejecutoriada. Activistas de Sucre la apoyaron y la medida de presión hizo efecto. El Tribunal Supremo de Justicia priorizó la revisión del proceso y confirmó la condena un mes después.

El corazón adolorido de Emiliana al fin tuvo un poquito de paz, porque con la sentencia ejecutoriada, los asesinos de su hija ya no podrán salir de El Abra. Sin embargo, el dolor y la lucha no habían terminado para esta valiente mujer.

El segundo golpe, otro feminicidio

Siete meses después de que concluyera el juicio por feminicidio de María Lizbeth, la tragedia volvió a golpear a la familia de Emiliana. El 21 de septiembre de 2017, Martha Quispe Mamani, la hija del hermano mayor de Emiliana, fue asesinada con un tiro en la cabeza por su pareja, el entonces policía Javier Vidal Valdez Mayta.

Emiliana Quispe se había encargado de criar a Martha desde que ella tenía 13 años y fue abandonada por su madre, hasta que cumplió los 20 y decidió casarse. Martha se convirtió en madre de cuatro hijos y quedó viuda intempestivamente. Se ganaba la vida trayendo celulares y accesorios de Chile.

Conoció a Javier Vidal Valdez Mayta cuando estaba muy vulnerable. El policía la enamoró durante 14 meses, la manipuló y terminó haciéndose comprar de todo, sin decirle que estaba casado y tenía hijos. Cuando ella lo descubrió, le reclamó. El 21 de septiembre de 2017, Javier visitó a Martha en su casa de Villa Armonía y le disparó en la cabeza con una de sus dos armas de fuego, lo que fue probado con un peritaje balístico.

Emiliana tuvo que lidiar de nuevo con la chicanería, esta vez la de los abogados del policía, además de la obstaculización de algunos procedimientos de parte de algunos camaradas del feminicida y, aunque en principio se fijó fecha de juicio oral para el 8 de agosto de 2018, las chicanas lograron postergar la instalación del mismo hasta el mes de febrero de 2019.

Javier Vidal Valdez Mayta fue condenado a 30 años de reclusión en El Abra, el 7 de febrero de 2019. El expolicía apeló y luego la sentencia fue en revisión a Sucre. Dos años después, en agosto de 2021, Emiliana se encadenó frente al Tribunal Supremo de Justicia para exigir la ejecutoria de las sentencias condenatorias de los feminicidas de su hija y de su sobrina. Un mes y medio después, ambos fallos fueron reconfirmados, una después de seis años y al otra después de cuatro. 

La terrible experiencia hizo que Alba, la hija menor de Emiliana, decidiera estudiar Derecho para convertirse en una abogada con ética, con convicción y vocación de servicio hacia las familias víctimas de feminicidio.

“Yo conozco la frustración, el dolor y la rabia que una familia siente cuando las audiencias se suspenden por culpa de abogados maliciosos, por culpa de sus chicanas y de la mora judicial. Para ir a una audiencia, la familia gasta dinero, que muchas veces no tiene. También invierte tiempo y confía en un sistema que no protege a las víctimas. Es muy frustrante”, reconoció Alba Carvajal, quien hace unos días recibió una beca de la Casa de Justicia de la Fundación Voces Libres, para estudiar Derecho y hacer sus prácticas en el Observatorio de Justicia.

“Quiero ser una abogada diferente, que use los incidentes de forma correcta y no para hacer daño, no para manipular las pruebas, ni para intentar cambiar la verdad”, asegura mientras mira a su madre, una Emiliana más tranquila, pero todavía con la mirada empañada por la tristeza y la nostalgia de sus seres amados, aquellas que la violencia machista le arrebató.

Este reportaje está compuesto por los siguientes artículos:

Artículo principal: Las 12 chicanas de abogados de agresores en juicios por violencia contra la mujer

34 puñaladas la mataron y los abogados del feminicida dispararon 80 chicanas

Madre se encadenó porque el juicio del agresor se postergó 3 veces por chicanas

Golpeada por dos feminicidios, lidió con la chicanería y peregrinó 8 años por justicia

Punto de vista: Rivera: Deficiencias en la formación causan que los abogados opten por las chicanas