Uno de los hechos que más puede conmover a una sociedad es enterarse de la muerte de niños o niñas, producto de accidentes o enfermedades, muchas veces por falta de atención adecuada o prevención. Sin embargo, la indignación se apodera de la sociedad cuando ve que la muerte se produjo por violencia ejercida contra la integridad física de las y los pequeños.
En lo que va de este 2021 ya se han reportado 14 infanticidios, unos realmente con características trágicas y la mayoría con violencia desmedida y denotada crueldad. Por los informes técnicos se sabe que causaron gran sufrimiento en las pequeñas víctimas. Estos hechos son ejecutados por los propios progenitores o las nuevas parejas de estos; sin embargo, habrá que hacer notar que la muerte solamente es la culminación de una cadena de violencia por la que en la mayoría de los casos pasaron estos menores.
Todo esto se suma a otros hechos graves como la violencia sexual. Según informes del Ministerio Público, hasta octubre de 2020 había registrado 1.160 casos de violencia sexual contra infantes, niñas, niños y adolescentes, de los cuales el 90% de las víctimas son niñas y adolescentes mujeres, y un 10% corresponde a niños y adolescentes varones. Al parecer, este problema se habría agravado el año pasado debido a las medidas de cuarentena rígida, siendo los autores personas muy cercanas a las y los menores, como padres, tíos, abuelos, primos mayores, etc., aquellos que supuestamente tienen a su cuidado y protección a la niñez y adolescencia.
Un dato por demás llamativo es aquel que nos trae la ONG Plan Internacional, la que señala que durante el 2020 se identificó que 44,6 % de las niñas, adolescentes y jóvenes conocieron o vivieron un delito de violencia durante la pandemia; sin embargo, un 91,9% no hizo una denuncia. En línea con lo anterior, 80% de las niñas y adolescentes le dijo a esa entidad que no conoce el número de instituciones de protección a la niñez, adolescencia y mujeres para poder hacer una denuncia.
Los hechos tienen una clara relación con el embarazo adolescente, una temática muy presente en Bolivia, pero que se la quiere esconder bajo la alfombra e incluso se la intenta normalizar con el argumento de supuestas costumbres y prácticas de larga data. Los datos, presentados al respecto por el Ministerio de Salud hasta septiembre de 2020, indican 19.233 embarazos en niñas y adolescentes en el país, o sea un promedio de 90 embarazos por día. El reporte establece que 953 embarazos se presentaron en menores de 15 años, es decir se presentaron cuatro embarazos producto de violencia sexual por día, hechos que generalmente quedaron en la impunidad.
Muchas veces no se mide el daño que produce para el plan de vida de una mujer adolescente el quedar embarazada en esa etapa de su vida. Sus expectativas educativas y laborales se truncan, se convierte en posible víctima de todo tipo de violencia por parte de su pareja, generalmente mayor, o vive dependiente de sus padres, agravando situaciones económicas muchas veces precarias y ni qué decir de la situación traumática de una niña embarazada.
Por otra parte, otra situación grave para la niñez y adolescencia en nuestro país y que también contiene niveles de violencia muy fuerte es la explotación laboral. Según datos ya no muy actuales del Instituto Nacional de Estadística del 2016, unos 739.000 niños y niñas, de entre 5 y 17 años, realizaba alguna actividad laboral o trabajo, muchos de ellos en situación muy precaria y riesgosa en actividades como la minería, la construcción, etc. Al parecer la pandemia también afectaría mucho a esta población en situación de vulnerabilidad en la región donde, según datos de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), se incrementaría aproximadamente en 326.000 la mano de obra de niñez y adolescencia en diversos rubros.
Asimismo, debemos referirnos al delito de trata humana donde los datos, de la misma manera, son alarmantes. Ya el año 2015 se informó de 472 casos; para 2016 la cifra aumentó a 545, el año siguiente se redujo a 474; el año 2018 mostró 528 casos, en 2019 se elevó a 637 y en 2020, al parecer debido a la pandemia, bajó a un total de 451 casos. Las víctimas son mujeres de entre 11 y 18 años.
Por información del Ministerio Publico en Bolivia, la trata interna se da generalmente reclutando jóvenes de Oruro y Potosí para llevarlas a Santa Cruz, con fines de explotación laboral y sexual. A nivel internacional también se inicia el reclutamiento en esas mismas ciudades, incluida La Paz, para ser trasladadas a Argentina y Brasil, generalmente para explotación laboral.
Como vemos, la niñez y adolescencia en nuestro país está expuesta a graves riesgos que vulneran sus derechos humanos, a pesar de los grandes esfuerzos que puedan realizar varias entidades nacionales e internacionales y el mismo Estado. Al parecer, los esfuerzos no son suficientes, las cifras así lo demuestran. La solución no pasa por aumentar las sanciones o medidas radicales e inocuas como la aplicación de la pena de muerte como muchos sectores exigen, esta nunca será la solución. El tema pasa por la aplicación de la ley para no dejar en la impunidad tantos casos, trabajar en valores morales y democráticos, prevención en sectores críticos o que presenten riesgos, apoyar a las familias, reformar el sistema de educación y aptitudes para la vida, tanto a la población en situación de vulnerabilidad como a los padres y madres. Adoptando algunas de estas medidas seriamente, seguramente veremos resultados para no seguir lamentando hechos tan tristes. Y no podemos permitir que estos se vuelvan algo cotidiano.
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