La necesidad del Estado de Derecho

Uno de los temas que se suele discutir en diversos ámbitos de Bolivia es el cumplimiento de la Constitución y las leyes, y la presencia del Estado para regular las relaciones entre los individuos y las colectividades, haciendo valer su autoridad y poder, que teóricamente, le entregamos en uso de nuestra propia soberanía.

Sin embargo, nadie podrá negar que las y los bolivianos somos poco afectos a cumplir la norma. Vemos como irrelevante, molesto y hasta desafiante someternos a sus designios. Por ello, tendemos a burlarla de diferentes maneras y al hacerlo rechazamos la autoridad del Estado y afectamos, si no queda más remedio, los intereses colectivos y muchas veces individuales de nuestros compatriotas, con cierta relativa facilidad y poco peso de conciencia.

Lo señalado lo vemos día a día, desde aquel transportista que incumple las reglas de tránsito porque a su entender afectan su trabajo hasta aquel o aquella ciudadana que sigue tratando de evadir el pago de impuestos con diversas artimañas que el mismo sistema permite o el imputado o imputada, demandado o demandada que va a comprar policías, fiscales y jueces, para que le ayuden a solucionar su problema. Y también están los políticos que aprovechan su situación de poder para realizar actuaciones contrarias a la Constitución y las leyes que juraron cumplir, todo con el fin de obtener beneficios personales.

Lo vemos en colectividades enteras en nuestro país donde el narcotráfico, el contrabando, la trata y las muertes de personas campean sin que ninguna entidad de Estado asuma su responsabilidad y competencia. En estos lugares parecería que no hay Policía o Ministerio Público, o ¿no hay la voluntad política porque estas entidades actúen? ¿Qué intereses se afectan? ¿Qué negocios conjuntos se molestan?

Hace días se reportaba por varios medios de comunicación que contrabandistas habían embestido un vehículo de control aduanero, matando a su conductor e hiriendo a dos militares de gravedad. El hecho se produjo en la localidad de Huachacalla, a la altura del sitio denominado Punta Arena, ubicado en la carretera Oruro-Pisiga. Días después el Viceministerio de Lucha contra el Contrabando informó que el número de vehículos indocumentados en el país se ha duplicado, de 100 mil en el 2019 a 200 mil actualmente, pero agregaba su titular algo realmente preocupante: los contrabandistas cuentan con tecnología de punta y armamento pesado que utilizan contra el control aduanero.

Otra nota periodística hacía notar la reactivación de lugares de venta de vehículos indocumentados como Challapata, la misma ciudad de Oruro, Patacamaya, Caranavi y La Asunta en La Paz, además de Cochabamba y Santa Cruz y uno nuevo en el sector de Pampa Colorada en el departamento de Potosí.

La anterior semana y después de un operativo policial antinarcóticos, se detuvo en la localidad de Santa Ana de Yacuma a varias personas implicadas presuntamente en esa actividad; pero una turba enardecida las liberó, debido a que iban a ser trasladadas a la ciudad de Trinidad, aspecto que la gente no quería. Realmente, sorprendente.

Recientemente, se encontraron cuerpos de cuatro mujeres desaparecidas en el sector de Tres Arroyos, en el municipio de Villa Tunari (Chapare). Al parecer fueron asesinadas de la misma manera y no se descarta que haya más víctimas de este horrendo hecho. Y aunque existe un hombre detenido y sentenciado por una de las muertes, las autoridades sospechan que podrían ser otros más los implicados con la connotación de ser asesinos seriales, lo que aún está en investigación. Por cierto, se trata de una región con características muy particulares por la alta presencia del narcotráfico y todas las secuelas que esta actividad delictiva trae como, por ejemplo, la trata de personas.

Estos ejemplos, aunque extremos, nos dan una percepción del estado de nuestro país. Es evidente que el cumplimiento de la ley no es un asunto fácil. El principio de Estado de Derecho, aquel donde tanto gobernados como gobernantes se someten a la ley, requiere no solamente que la ley sea dura o punitiva, sino condiciones de existencia, de cierta conciencia social y de educación cívica.  

Si bien sabemos que nuestro país todavía tiene grandes niveles de pobreza que se han ido profundizando desde el inicio de la crisis hace unos cinco años y ahora mucho más por la presencia de Covid-19 y todo lo que eso significa para la economía, es evidente que estas grandes diferencias e inequidades sociales no son un buen caldo de cultivo para el cumplimiento de la ley, como señala Marcial Rubio Correa, podría señalarse que en sociedades con gran cantidad de desposeídos, con algún margen de pobreza, la ley no tiene el mismo papel de legitimación de los derechos de cada uno, porque no es cierto que cada uno tenga derechos. El que no los tiene, y muchas veces percibe que no los va a tener, encuentra poco aliciente para cumplir la ley.

En ese entendido, la situación es poco alentadora en Bolivia, pues la crisis económica, según varios analistas y el mismo Ministro de Economía y Finanzas Públicas, se superará en un par de años.

Con respecto a la conciencia social para el cumplimiento de la ley, si bien las y los bolivianos nos caracterizamos en muchos hechos por nuestra solidaridad y ayuda al prójimo, no se hace evidente que estas virtudes las extrapolemos a cumplir la ley para el beneficio común. No creo que haya conciencia en narcotraficantes, contrabandistas, corruptos, depredadores de la naturaleza y grandes porciones de la ciudadanía que incumplen día a día la ley; quizá sería mucho pedir, evidentemente, porque vivimos en un “sálvese quien pueda” y si para seguir esta premisa se debe quebrantar la ley, pues lo más probable es que no vayamos a dudar en hacerlo.

Lo anterior unido a nuestra falta de educación general y cívica, valores democráticos e igualitarios, nuestra tendencia a la violencia y juzgamiento inquisitivo, dibujan un panorama más sombrío de lo que podríamos desear.

Requerimos realmente reformas profundas como Estado y sociedad; pero no se darán si estas problemáticas no se las plantea y discute de manera seria y profunda, con ánimo de cambio real y efectivo, porque lo contrario seguirá llevándonos a un camino sin fácil retorno. Basta con revisar la historia de muchos otros países en los cuales hablar de Estado de Derecho se ha quedado solamente en los libros de Derecho Constitucional, porque no adoptaron medidas en su momento en las que primen la igualdad formal y material, el respeto al otro y derechos humanos sin discriminación alguna. A partir de ahí recién se habrá creado las condiciones necesarias para que la ley sea cumplida.